Caracterización del país

Apuntes para un programa de televisión. Abril 2004.

Caracterización política

1. (Gilles de Staal) Es en la esfera de la relación política entre sociedad y poder donde deben producirse los verdaderos cambios para poder hablar de democratización.
2. Lo que estamos observando es una polarización de las fuerzas sociales, gremiales, patronales para aumentar los controles institucionales: los poderes políticos, locales; los poderes de la justicia; la organización de las policías; el derecho a la propiedad de la tierra.
3. La cultura del monopolio y la cultura de elites estructuran todos los aspectos de la sociedad paraguaya. Cultura en este sentido se refiere a la concepción de cultura como conciencia, y no a la concepción de cultura como patrimonio.
4. El Estado paraguayo es reflejo e instrumento de esa cultura de elites. Las instituciones estatales están fragmentadas, se consolidaron “autarquías” institucionales que gozan de una notable autonomía: legislativa, ejecutiva, judicial, bancaria, mafiosa, y que se organizan corporativamente.
5. De este modo, las instituciones son enteramente instrumentadas por los grupos oligárquicos, dueños de la riqueza, que se reparten su monopolio y redistribuyen sus protecciones según su clientela, determinando así la geografía política, la geografía del poder del país.
6. En buena medida, el poder político real se limita al de los feudos clientelistas, muchas veces familiares, que reinan sobre regiones, pueblos o monopolios económicos enteros, desviando en su provecho el bien público, vendiendo su apoyo u oposición al poder central.
7. El desvío de fondos públicos, la evasión de capitales ilícitos, la proximidad con el comercio internacional de drogas, el contexto de descomposición y violencia social exacerbada, hicieron de esas elites políticas (pero al mismo tiempo terratenientes, financieras, judiciales), los socios cada vez más naturales para la delincuencia organizada a gran escala.
8. Hace falta algo más que textos de ley para reducir el poder de las oligarquías, para establecer un control democrático sobre las instituciones y los fondos públicos, para dar sentido a la cosa pública.
9. Hace falta incluso algo más que la movilización y vigilancia de los movimientos sociales y populares, que se manifiestan a diario contra las arbitrariedades, los abusos y los crímenes de esos feudos.
10. Ya que el gobierno no es el poder, esa indispensable movilización civil debe encontrar el apoyo de una fuerza pública que haga respetar la autoridad democrática del gobierno y el derecho de las personas.

Caracterización económica

1. Por lo dicho anteriormente, toda apertura del Estado hacia un nuevo modelo económico (ya que de algún modo las elites oligárquicas supieron adaptarse al neoliberalismo) requiere un profundo cambio de las instituciones y de las costumbres del poder político, una democratización de la nación.
2. Por el momento, se asiste todavía a la sujeción de aquellas elites oligárquicas a los mandatos del Consenso de Washington, debido a la fuerte influencia de la Embajada norteamericana, ángel tutelar de las transnacionales de ese país. Las elites locales no tienen capacidad ni interés de formular un proyecto propio y adoptan —para poder seguir actuando libremente a nivel local— lo que le viene dado por el FMI.
3. Sin apoyo a la producción nacional, apelan a la recesiva receta de aplicar más impuestos para poder pagar una deuda externa cada vez menos pagable. Mientras tanto, las actividades financieras especulativas^[1] hacen su agosto.
4. La Policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial requieren de una reforma radical para hacer valer el poder real democrático de un gobierno no subordinado a los poderes de facto.
5. El país vive en un contexto de desintegración y exclusión social a gran escala. La descomposición moral y fragmentación clientelista de las policías, de las Fuerzas Armadas, de la cúpula y los operadores judiciales de bajo nivel (fiscales, jueces, actuarios) expande en todo el país una ola de delincuencia y violencia generalizada, insoportable para la mayoría de la gente.
6. En otras palabras, el presidente no tiene bajo su control la actuación de las policías, de los cuadros subalternos de las Fuerzas Armadas. Apenas logra mayoría en una de las cámaras del Legislativo y cuenta con un Poder Judicial que responde a los poderes de facto.

1. La lucha por la tierra es la que más cristaliza la resistencia del aparato judicial, que se erige sistemáticamente en barrera de protección del latifundio y los poderosos sojeros invalidando de hecho leyes de expropiación o decretos de ocupación dados por el gobierno, condenando y encarcelando a dirigentes de la MCNOC o de la FNC u otras organizaciones campesinas, cerrando los ojos al armamento y los crímenes de las milicias de los grandes terratenientes y productores sojeros.
2. La lucha por reducir y combatir el poder político de las oligarquías terratenientes y locales incrustadas en las instituciones del Estado es inseparable de la transformación de la ocupación del territorio.
3. Cuando una propiedad es más extensa que varios cantones franceses, los habitantes de esas regiones son súbditos del dueño de la tierra o de la empresa que la posee, antes que ciudadanos.
4. La limitación del latifundio, el establecimiento sobre sus tierras redistribuidas de un campesinado familiar que le dé un papel importante a la organización y las cooperativas. En una palabra, la reforma agraria sigue siendo entonces —más allá de su dimensión social— una pieza clave en la lucha por la democratización política de la sociedad y del poder territorial.
5. La salida para el país dependerá mucho más de la capacidad del gobierno para resolver estas cuestiones cruciales, que de los buenos índices macroeconómicos o de los acuerdos que firme con el FMI.

1. Además de especulativas (el sistema bancario paraguayo está constituido principalmente por empresas de capital transnacional), muchas de sus prácticas caen directamente en la categoría de delitos. Entre ellas: i. los bancos cobran, además del diferencial entre lo que pagan a sus depositantes y lo que cobran a sus clientes (spread), comisiones, tasas y otros cargos adicionales por los servicios que prestan.

   ii. en muchos casos estos cargos no están especificados debidamente en las ofertas de servicios, lo cual da una versión distorsionada del costo final de los mismos;

   iii. en muchas ocasiones los servicios bancarios tienen deficiencias muy molestas y costosas para los usuarios, cuando estos reclaman, se encuentran en inferioridad de condiciones para obtener las compensaciones que les corresponden; iv. los criterios de transparencia, seguridad jurídica y competencia leal, que generalmente esgrime el establishment, aparecen devaluados en la asimétrica relación banco-cliente; v. son innumerables los reclamos por servicios bancarios y tarjetas de crédito, los más comunes son por débitos de gastos no previstos en los contratos, cobro indebido de mantenimiento en cuentas sueldo, elevadas tasas de interés, problemas con los cajeros automáticos, como falta de acreditación de depósitos, extracciones indebidas y sustracción de la tarjeta magnética seguida de faltante de dinero. Otros reclamos incluyen; vi. problemas operativos para el procesamiento de cierres de cuentas solicitados por los clientes; vii. aumentos no anunciados y generalmente elevados de tasas de interés para saldos en descubierto; viii. en muchos casos los bancos emiten tarjetas de crédito sin requerimiento previo del cliente, lo que coloca a este último en la necesidad de comunicarse con el banco, hacer trámites de cancelación o arriesgarse a recibir cargos por servicios que no utilizó; ix. se registran casos de disminución unilateral de límites de compra con tarjetas; x. cuando en una operación intervienen dos bancos, cada uno de ellos le echa la culpa de la falla al otro, o a la red de cajeros, lo cual deja al usuario en estado de indefensión (Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, dic. 2003, 10). ↑

Caracterización política

1. (Gilles de Staal) Es en la esfera de la relación política entre sociedad y poder donde deben producirse los verdaderos cambios para poder hablar de democratización.
2. Lo que estamos observando es una polarización de las fuerzas sociales, gremiales, patronales para aumentar los controles institucionales: los poderes políticos, locales; los poderes de la justicia; la organización de las policías; el derecho a la propiedad de la tierra.
3. La cultura del monopolio y la cultura de elites estructuran todos los aspectos de la sociedad paraguaya. Cultura en este sentido se refiere a la concepción de cultura como conciencia, y no a la concepción de cultura como patrimonio.
4. El Estado paraguayo es reflejo e instrumento de esa cultura de elites. Las instituciones estatales están fragmentadas, se consolidaron “autarquías” institucionales que gozan de una notable autonomía: legislativa, ejecutiva, judicial, bancaria, mafiosa, y que se organizan corporativamente.
5. De este modo, las instituciones son enteramente instrumentadas por los grupos oligárquicos, dueños de la riqueza, que se reparten su monopolio y redistribuyen sus protecciones según su clientela, determinando así la geografía política, la geografía del poder del país.
6. En buena medida, el poder político real se limita al de los feudos clientelistas, muchas veces familiares, que reinan sobre regiones, pueblos o monopolios económicos enteros, desviando en su provecho el bien público, vendiendo su apoyo u oposición al poder central.
7. El desvío de fondos públicos, la evasión de capitales ilícitos, la proximidad con el comercio internacional de drogas, el contexto de descomposición y violencia social exacerbada, hicieron de esas elites políticas (pero al mismo tiempo terratenientes, financieras, judiciales), los socios cada vez más naturales para la delincuencia organizada a gran escala.
8. Hace falta algo más que textos de ley para reducir el poder de las oligarquías, para establecer un control democrático sobre las instituciones y los fondos públicos, para dar sentido a la cosa pública.
9. Hace falta incluso algo más que la movilización y vigilancia de los movimientos sociales y populares, que se manifiestan a diario contra las arbitrariedades, los abusos y los crímenes de esos feudos.
10. Ya que el gobierno no es el poder, esa indispensable movilización civil debe encontrar el apoyo de una fuerza pública que haga respetar la autoridad democrática del gobierno y el derecho de las personas.

Caracterización económica

1. Por lo dicho anteriormente, toda apertura del Estado hacia un nuevo modelo económico (ya que de algún modo las elites oligárquicas supieron adaptarse al neoliberalismo) requiere un profundo cambio de las instituciones y de las costumbres del poder político, una democratización de la nación.
2. Por el momento, se asiste todavía a la sujeción de aquellas elites oligárquicas a los mandatos del Consenso de Washington, debido a la fuerte influencia de la Embajada norteamericana, ángel tutelar de las transnacionales de ese país. Las elites locales no tienen capacidad ni interés de formular un proyecto propio y adoptan —para poder seguir actuando libremente a nivel local— lo que le viene dado por el FMI.
3. Sin apoyo a la producción nacional, apelan a la recesiva receta de aplicar más impuestos para poder pagar una deuda externa cada vez menos pagable. Mientras tanto, las actividades financieras especulativas^[1] hacen su agosto.
4. La Policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial requieren de una reforma radical para hacer valer el poder real democrático de un gobierno no subordinado a los poderes de facto.
5. El país vive en un contexto de desintegración y exclusión social a gran escala. La descomposición moral y fragmentación clientelista de las policías, de las Fuerzas Armadas, de la cúpula y los operadores judiciales de bajo nivel (fiscales, jueces, actuarios) expande en todo el país una ola de delincuencia y violencia generalizada, insoportable para la mayoría de la gente.
6. En otras palabras, el presidente no tiene bajo su control la actuación de las policías, de los cuadros subalternos de las Fuerzas Armadas. Apenas logra mayoría en una de las cámaras del Legislativo y cuenta con un Poder Judicial que responde a los poderes de facto.

1. La lucha por la tierra es la que más cristaliza la resistencia del aparato judicial, que se erige sistemáticamente en barrera de protección del latifundio y los poderosos sojeros invalidando de hecho leyes de expropiación o decretos de ocupación dados por el gobierno, condenando y encarcelando a dirigentes de la MCNOC o de la FNC u otras organizaciones campesinas, cerrando los ojos al armamento y los crímenes de las milicias de los grandes terratenientes y productores sojeros.
2. La lucha por reducir y combatir el poder político de las oligarquías terratenientes y locales incrustadas en las instituciones del Estado es inseparable de la transformación de la ocupación del territorio.
3. Cuando una propiedad es más extensa que varios cantones franceses, los habitantes de esas regiones son súbditos del dueño de la tierra o de la empresa que la posee, antes que ciudadanos.
4. La limitación del latifundio, el establecimiento sobre sus tierras redistribuidas de un campesinado familiar que le dé un papel importante a la organización y las cooperativas. En una palabra, la reforma agraria sigue siendo entonces —más allá de su dimensión social— una pieza clave en la lucha por la democratización política de la sociedad y del poder territorial.
5. La salida para el país dependerá mucho más de la capacidad del gobierno para resolver estas cuestiones cruciales, que de los buenos índices macroeconómicos o de los acuerdos que firme con el FMI.

1. Además de especulativas (el sistema bancario paraguayo está constituido principalmente por empresas de capital transnacional), muchas de sus prácticas caen directamente en la categoría de delitos. Entre ellas: i. los bancos cobran, además del diferencial entre lo que pagan a sus depositantes y lo que cobran a sus clientes (spread), comisiones, tasas y otros cargos adicionales por los servicios que prestan.

   ii. en muchos casos estos cargos no están especificados debidamente en las ofertas de servicios, lo cual da una versión distorsionada del costo final de los mismos;

   iii. en muchas ocasiones los servicios bancarios tienen deficiencias muy molestas y costosas para los usuarios, cuando estos reclaman, se encuentran en inferioridad de condiciones para obtener las compensaciones que les corresponden; iv. los criterios de transparencia, seguridad jurídica y competencia leal, que generalmente esgrime el establishment, aparecen devaluados en la asimétrica relación banco-cliente; v. son innumerables los reclamos por servicios bancarios y tarjetas de crédito, los más comunes son por débitos de gastos no previstos en los contratos, cobro indebido de mantenimiento en cuentas sueldo, elevadas tasas de interés, problemas con los cajeros automáticos, como falta de acreditación de depósitos, extracciones indebidas y sustracción de la tarjeta magnética seguida de faltante de dinero. Otros reclamos incluyen; vi. problemas operativos para el procesamiento de cierres de cuentas solicitados por los clientes; vii. aumentos no anunciados y generalmente elevados de tasas de interés para saldos en descubierto; viii. en muchos casos los bancos emiten tarjetas de crédito sin requerimiento previo del cliente, lo que coloca a este último en la necesidad de comunicarse con el banco, hacer trámites de cancelación o arriesgarse a recibir cargos por servicios que no utilizó; ix. se registran casos de disminución unilateral de límites de compra con tarjetas; x. cuando en una operación intervienen dos bancos, cada uno de ellos le echa la culpa de la falla al otro, o a la red de cajeros, lo cual deja al usuario en estado de indefensión (Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, dic. 2003, 10). ↑