Publicado en Palau, Marielle (comp) “Criminalización de la lucha campesina” BASE-IS: Asunción, marzo 2009.
Si uno acude a un buen diccionario encontrará varias definiciones del concepto de crimen[1]: es algo que no se debe hacer, es un delito grave, el cual a su vez implica el quebrantamiento de la ley. Por cierto, conviene prestar especial atención al concepto de “delito político” dado por el diccionario de la Real Academia Española: “el que establecen los sistemas autoritarios en defensa de su propio régimen”. En estos casos los límites entre el delito a secas y el delito político se vuelven muy difusos.
La actual ofensiva del gobierno paraguayo contra las organizaciones campesinas y sus dirigentes, apunta a convertirlos en criminales, en actores sociales que violan la ley con acciones “indebidas” y “reprensibles” y en consecuencia, son pasibles de juicio y condena. Quizás como en ningún régimen colorado post autoritario, esta virulencia del Estado y sus instituciones represivas contra el campesinado fue desplegada con tanta violencia.
Hay razones del momento y razones de tipo más estructurales que sugieren una interpretación de un hecho por demás paradójico; que se acentúe la represión anti-campesina justo cuando adviene un gobierno no colorado en el que se habían depositado expectativas de cambio.
Las razones del momento más coyunturales tienen que ver, entre otras cosas, con la conformación del andamiaje represivo institucional; el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Legislativo están conducidos o integrados por personas de una clara vocación autoritaria, conservadora y sumisa a los intereses de las burguesías domésticas y al capital transnacional, cuando no directamente a embajadas que representan a los poderes imperiales. Por ser coyuntural esto podría llegar a cambiar.
Lo que difícilmente cambie son las condiciones estructurales que hacen posible que aunque cambien los gobiernos, no cambien las cosas. Para ello conviene volver de nuevo al tema de la ley. Criminales son los que infringen la ley. Pero las leyes no son producto de la generación espontánea, las leyes no son universales, no son iguales en todas partes. Las leyes son hechas por personas que forman parte de una sociedad concreta en determinados momentos de su evolución. Normalmente, tampoco son hechas por personas cualquiera que representen a todos los sectores de la sociedad, sino por determinados exponentes, de determinados sectores sociales, que suelen ser los que tienen más dinero y más poder político. Las leyes, en consecuencia, tienen un fuerte, muy fuerte sesgo oligárquico desde su concepción hasta su aplicación[2].
De estas “leyes impostoras” está plagada nuestra legislación agraria, nuestro código civil, nuestro código penal y procesal penal. Resulta obvio que sea así; esta legislación se construyó a lo largo de 140 años de dominación extranjera y explotación latifundista.
Esta primera forma de asedio judicial-penal (en un contexto de supuesta democracia formal representativa) deja prácticamente inerme a la ciudadanía en general y a las organizaciones campesinas y su dirigencia en particular, para reclamar derechos que provienen de la enorme sobrecarga de demandas sociales que vino siendo acumulada por décadas de postergación. Los reclamos que se generan a partir de ello, alimentan un círculo vicioso que estimula a la elite conservadora enquistada en los poderes del Estado a elaborar y aprobar nuevas leyes que cercenan aún más la ciudadanía de las mayorías.
Pero las condiciones estructurales son muchas más; el derecho positivo al que se hizo referencia más arriba es resultado de algo, ese algo es la defensa por parte de los propietarios, de las formas y mecanismos de acumulación de capital que son propias de un país como el Paraguay.
Una vez finalizada la guerra contra la Triple Alianza, grandes extensiones de las mejores tierras fueron transferidas a manos de empresas inglesas, anglo-argentinas, francesas, brasileñas o mixtas. El territorio nacional fue repartido entre los vencedores y la gente que quedaba fue arrinconada en minifundios o explotada en regímenes esclavos o semi-esclavos por esa segunda oleada de colonizadores[3].
Desde entonces, los gobiernos colorados y liberales que se sucedieron oficiaron de guardianes políticos de los intereses económicos de esa oligarquía[4] que basó su riqueza en el control de la tierra y en la explotación de la madera y la ganadería, principalmente. Los grandes latifundios forestales y ganaderos, en su gran mayoría propiedad de extranjeros o de nacionales vinculados a extranjeros, arrinconaron a la población campesina en los estrechos márgenes de los minifundios que circundaban las grandes propiedades.
En el período de entre guerra (1870-1932) se había ya completado el primer proceso de extranjerización de la tierra y con ello de la economía en el país. Extranjerización por desposesión, al decir de Harvey citado por Glauser[5] que se intensificará a partir de la década de los años 70 cuando el modelo ganadero/forestal es rápidamente sustituido por el agrícola de exportación.
El principal espacio de acumulación de capital, si bien siempre localizado en el campo, cambiaría de escenario y de dueños. La producción forestal cedió paso a la agricultura, la ganadería se mantuvo y más recientemente se expande en el inmenso territorio chaqueño. Los nuevos dueños del proceso aparecen vinculados o directamente son las empresas multinacionales. Este proceso fue liderado por el algodón y la soja, dos commodities destinadas netamente a la exportación. El algodón, tras un breve período de auge que no dura más de una década (iniciándose en 1973), casi desaparece en la actualidad del escenario agrícola nacional. La soja, que ingresa masivamente al país también a comienzos de la década de los 70 del siglo pasado, llega al millón de hectáreas sembradas en el 2000, en 27 años. Desde comienzos de la década pasada, en solo 10 años, se expande hasta alcanzar dos millones 600 000 hectáreas, más recientemente con semillas genéticamente modificadas.
La provisión de insumos y la exportación de soja están totalmente controladas por empresas multinacionales, la producción misma se concentra en unos 4.000[6] medianos y grandes productores, de los cuales un 80 % al menos son extranjeros. La exportación de la carne está igualmente concentrada en media docena de frigoríficos directamente vinculados a marcas multinacionales.
Estos dos rubros requieren de grandes extensiones para mantener la rentabilidad, son además y como es de suponer, prescindentes de mano de obra; un trabajador puede manejar en promedio unas 150 has. de soja, en los latifundios ganaderos este promedio de ocupación de trabajadores es aún más bajo. Se trata de una disputa por la tierra que actúa como una tenaza sobre el territorio campesino, y por cierto también, sobre los territorios indígenas. Por un lado, la demanda de tierra de los sojeros, por otro, el mantenimiento y ampliación, en algunos casos, de las tierras ganaderas.
Esta disputa es desigual, mientras la agricultura y la ganadería empresarial disponen de una legislación como la descrita anteriormente, dispone de guardias armados, de tecnología, de aviones fumigadores, de capital para “comprar” a autoridades locales y de acceso directo a los medios de prensa para modelar la orientación de la opinión pública. Las comunidades indígenas y asentamientos campesinos se encuentran a la intemperie.
Como es de esperar, esta situación configura un escenario de alta conflictividad, pero sobre todo de acumulación de pobreza hasta límites poco sostenibles para una sociedad así llamada “democrática”. Surge entonces el dilema de la ingobernabilidad, creciente en el gobierno Lugo, dada su fragilidad política. La insatisfacción de necesidades sociales básicas, desencanto y desorden, es el escenario actual, y que para ciertos sectores la cohesión y el ordenamiento de la sociedad constituyen el aspecto central del ejercicio del poder, su objetivo natural, por lo que la obsesión por el orden (y su permanencia) resulta finalmente una actitud defensiva de quienes lo ejercen.
Esa actitud defensiva se expresa en los remedios que se proponen para resolver esta “anomalía” del poder: disciplinar de múltiples maneras a la ciudadanía, desactivarla, y en el centro de esta preocupación por el orden, limitar decisivamente la capacidad reivindicativa del poder campesino, de sus organizaciones sociales y políticas, tal vez con “ayuda” de los medios de prensa empresariales, o con la colaboración policíaca[7].
El trío conformado por el Poder Judicial/Ministerio Público/ Policía se convierte así en una herramienta efectiva para utilizar —como en pesca mayor— la enmarañada red legal represiva engendrada en el Poder Legislativo para capturar militantes de organizaciones sociales y dirigentes de organizaciones campesinas.
En lo que va del gobierno de Fernando Lugo, han sido asesinados 8 militantes sociales, 208 personas fueron heridas en el marco de represiones, se ha detenido a 1.050 militantes e imputado a 333, las personas desalojadas suman más de 12.0008.
Esta demostración de que el poder real se encuentra en otro lado y no precisamente en las instituciones que lo detentan formalmente es irrefutable. Al modelo agroexportador transnacional y a la oligarquía ganadera no se los puede tocar.
El trato de criminales a quienes defienden sus derechos a una vida digna en tierra propia tiene un aliado de la mayor importancia, la prensa empresarial, a la que Fernández Liria, ya citado, se refiere de manera concluyente: “los medios de comunicación, [que son] el arma imprescindible para hacerse oír en el espacio público, están hoy día secuestrados por un puñado de grandes empresas ocupadas, claro está, en la defensa de sus intereses privados; de hecho, existen fortunas particulares que pueden llegar a monopolizar todos los medios de lo que se llama la ‘opinión pública’”[8]. Según Diego Segovia[9] “con base en estimaciones generales, se puede afirmar que más del 90 % de la información y el entretenimiento que circulan cotidianamente por el país es controlado por 7 grandes grupos empresariales. Estos grupos operan en distintos sectores de la economía y sus medios son los que defienden, en la esfera pública, los intereses que derivan de cada una de sus actividades”. Las vinculaciones de los propietarios de estos “instrumentos de fabricar mentiras”, en el caso paraguayo, son directas con sectores empresariales e inmobiliarios[10] y machacan diariamente sobre el carácter perverso del actuar de la mayoría de los dirigentes campesinos.
Lo poco que pudo haber hecho el gobierno Lugo es condenado sistemáticamente (así también por lo que no ha hecho) por estos medios de prensa y por los representantes del capital en las diversas instancias del Estado[11].
Mientras tanto, ni las organizaciones campesinas, ni los funcionarios del gobierno favorables a un cambio en el sector agrario lograron articular un programa que pueda considerarse viable, tímidamente emprendieron apenas algunas acciones tibias y deshilvanadas que no tuvieron mayor incidencia en las condiciones de vida de casi dos millones de personas que —de algún modo— todavía viven de la agricultura; la creación de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA); la elaboración de un documento denominado “Principales lineamientos de política pública en materia de reforma agraria integral, desarrollo territorial y reactivación de la agricultura familiar campesina” a iniciativa del Equipo Económico Nacional; la publicación del Informe que la Comisión de Verdad y Justicia y el INDERT presentaron al presidente de la República sobre las tierras rurales malhabidas en Paraguay, con el listado de las personas que habían sido ilegalmente beneficiadas con 7.851.295 has. del Estado; otro proyecto de reforma agraria presentado por el conservador vicepresidente de la República al Ministerio de Agricultura (sin que en él haya participado el INDERT, organismo específicamente encargado del tema) y; la publicación por parte del Equipo Económico Nacional de su “Plan estratégico económico y social 2008/2013”, denominado “Propuestas para un crecimiento económico con inclusión social en Paraguay”, dentro del cual se propone la realización de la reforma agraria integral con reactivación de la agricultura familiar. Y aquí, paremos de contar. Muchos papeles y pocas nueces para un país que se debate entre la pobreza y la indigencia.
Este escenario no puede ser más difícil para los campesinos organizados, aunque podría agravarse en los próximos años, si —como todo parece indicar— los sectores que apoyaron a Lugo en el 2008 se vean de nuevo políticamente relegados en las elecciones del año 2013.
Concluyo con una cita de Gilmar Mauro[12] que se aplica tal cual a nuestro país y que va dirigido precisamente a esa burguesía doméstica tan propensa a la violencia: “Hay una forma muy fácil de acabar con el MST [en nuestro caso, con las organizaciones campesinas], no necesitan criminalizar, si quieren terminar con el movimiento, solo tienen que hacer la reforma agraria”.
- Delito grave, acción indebida o reprensible. Delito: quebrantamiento de la ley, acción o cosa reprobable, acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. ↑
- “En efecto, es perfectamente posible que las presuntas leyes no sean, en realidad, más que leyes impostoras. Muchas veces las leyes son malas leyes o ni siquiera son leyes, son prejuicios exitosos, costumbres enquistadas por la historia y la tradición, o caprichos de los poderosos que se impusieron un día por la fuerza”. Fernández Liria, C., P. F. Liria y L. Alegre Zamorano (2007) Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de derecho, Madrid, Akal. ↑
- La primera fue la de los españoles en el siglo XVI. Palau (2009) “La cuestión agraria. Principal espacio de acumulación del capital en el Paraguay”. En, Rojas, L. (comp.) El gobierno Lugo. Herencia, Gestión y Desafíos, (Asunción, BASE. Investigaciones Sociales). ↑
- El breve gobierno febrerista (1936/37) de Rafael Franco, que intentó modificar este estado de cosas, fue rápidamente derrocado con el apoyo de los sectores oligárquicos. ↑
- “Por acumulación por desposesión, se hace referencia entonces al despojo con el fin de acumular capital. Se despoja de patrimonios sociales, sean estas tierras, recursos, riquezas o derechos de un determinado grupo social, siempre emplazado en una geografía específica. Esta acumulación apunta tanto a la expansión sobre ámbitos externos al capitalismo, como es el caso de los despojos de patrimonios de uso común de pueblos indígenas y comunidades campesinas; como a ámbitos internos al capitalismo, como la privatización de servicios y bienes públicos del Estado”. Glauser, Marcos (2009). La extranjerización del territorio en el Paraguay. (Asunción, BASE. Investigaciones Sociales) ↑
- Si bien la cantidad total de fincas con cultivos de soja ascienden a algo más de 33 000. ↑
- Adolfo Coronato, que firma humildemente como “periodista”, dice de los autores del libro brasilero Tropa de elite que “la falta de voluntad política de la izquierda y la adhesión de la derecha al statu quo institucional acabaron confluyendo en una jactanciosa coalición conservadora que mantuvo (en la policía) la estructura heredada de la dictadura. Esta arquitectura facilita la reproducción de viejas culturas corporativas, incompatibles con una sociedad compleja y la construcción de una policía para la democracia del siglo XXI” (2010). “El Estado de derecho en peligro”. En Le Monde Diplomatique, Edición boliviana, 23, febrero. 8 De agosto de 2008 a diciembre de 2009. ↑
- Fernández Liria y otros (2007) ya citado. ↑
- Segovia, D. (2009) “Medios de comunicación en Paraguay: estructura de propiedad y situación actual en la nueva realidad democrática”. Artículo presentado en el grupo de trabajo de CLACSO: Comunicación Mediatizada, Capitalismo Informacional y Políticas Públicas. (Buenos Aires: CLACSO). ↑
- El trabajo de Segovia menciona, por ejemplo, los vínculos del dueño de ABC Color, entre otros, con la ARP, con la secta Moon y con la Unión de Gremios de la Producción (UGP) que reúne a los medianos y grandes productores sojeros. ↑
- Volviendo casi proféticas aquellas reflexiones de Ernest Mandel: “Ante el ascenso de las multinacionales, el Estado-nación ha dejado de ser un instrumento económico adecuado para la burguesía. Pero sigue necesitándolo para autodefenderse. Necesita al Estado para defender sus intereses particulares frente a los competidores extranjeros. Necesita el Estado para amortiguar los choques de las crisis económicas y sociales. Necesita el Estado para reprimir en caso de crisis socioeconómicas explosivas. En la medida en que el Estado nación le es menos útil, tiende a sustituirlo por instituciones supranacionales”. (1992) “Déficit presupuestario e internacionalización del capital”, La Gauche, 14, 12 de agosto. ↑
- Quien, a comienzos de febrero de 2010 —en un acto en la Universidad de San Pablo contra la Criminalización de los Movimientos Sociales y por la libertad de los presos políticos del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil— coordinó el acto. ↑
