Desafíos pendientes de concretarse. Reforma agraria y desarrollo rural

 

Publicado en: Codehupy. Informe de derechos humanos, diciembre 2009.En coautoria con Quintín Riquelme.

Entre los compromisos electorales de Lugo se encontraba hacer realidad el postulado constitucional de la reforma agraria. Este primer año de gestión se caracterizó por la continuidad de prácticas represivas del Estado y de otros agentes tolerados por él para el desalojo forzoso de grupos campesinos. También se mantuvieron modos de gestión y débil institucionalidad que sostienen el prebendarismo y el clientelismo característico de los gobiernos anteriores, postergándose la efectiva transformación en la distribución de la tierra en el país.

1 Introducción

La reforma agraria y el desarrollo rural siguen siendo dos grandes desafíos que el gobierno de Fernando Lugo no ha podido concretar. A más de un año de haber asumido la Presidencia de la República, continúa con múltiples dificultades para enfrentarlos decididamente. La mayor parte del tiempo se desgasta en cuestiones particulares y sectoriales, en turbulencias debidas a actuaciones poco claras y a indefiniciones en el manejo de asuntos conflictivos, así como en las respuestas a múltiples ataques de sectores opositores.

Muchos de los problemas que enfrenta hoy se deben al desorden institucional que ha heredado y también a las permanentes presiones que ejercen los diversos sectores sociales, empresariales y partidarios, que esperan que el gobierno priorice sus respectivos intereses. Esto en alguna medida se esperaba, por la larga hegemonía del Partido Colorado, que controló el aparato estatal en beneficio propio; pero lo inesperado es que a más de un año de tener el control del gobierno, parece no encontrar el rumbo que permita superar estos problemas y estos desafíos. La composición heterogénea de la nucleación que lo postuló y lo llevó a la Presidencia, la APC, también contribuye a profundizar este problema. La lucha por ganar espacios de poder en el gobierno, sumada a la minoría con que cuenta en el Congreso, complican aún más la situación.

Por otra parte, este nuevo contexto sociopolítico que se da en Paraguay desde 2008 produce un hecho llamativo: se profundizan los conflictos sociales con un gobierno que promete reforma agraria, transparencia en la gestión, mayor participación y mejor distribución de la riqueza. Esta misma experiencia se había vivido con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. Las necesidades sociales reprimidas durante varias décadas eclosionaron en fuertes conflictos a los que el Estado, acostumbrado a “resolverlos” con represión, no pudo encontrar una salida institucional. En la actual coyuntura ocurre algo parecido: los conflictos se acrecientan porque los sectores sociales que históricamente padecieron los defectos de un Estado prebendario-clientelista creen que ha llegado el momento de cambios profundos, pero de nuevo el Estado se muestra impotente para dar respuestas institucionales a la crisis social. Los gobiernos colorados de la llamada transición a la democracia no han tenido la capacidad o no han querido modernizar las instituciones estatales; al contrario, el clientelismo y el prebendarismo político como prácticas usuales se mantuvieron, haciendo imposible el efectivo avance hacia una mayor institucionalización del Estado.

Entre los problemas de orden estructural heredados por el gobierno podríamos citar, entre otros:

• Falta de un diagnóstico real para orientar su accionar adecuadamente. Este déficit se da en casi todos los ámbitos, pero es mayor en temas sensibles como la tenencia de tierra: no se cuenta con un catastro nacional que determine la situación real de la tenencia, tampoco hay un censo fidedigno de los que carecen de ella, se manejan estimaciones sin bases sólidas. Estas limitaciones hacen que la elaboración de políticas para democratizar el acceso a la tierra se vuelva muy compleja, si no imposible. La ausencia de estadísticas que den cuenta de la realidad era funcional a gobiernos prebendarios y clientelistas como los del Partido Colorado, pero no sirve cuando se quiere encauzar la problemática por la vía formal e institucional.
• La ausencia de una institucionalidad seria. Las instituciones fueron creadas y adaptadas para responder al objetivo de perpetuación en el gobierno de grupos minoritarios con gran poder económico y político. La corrupción, la coima y el descontrol en estas instituciones eran la norma, no existía articulación interinstitucional para una acción coordinada y cada cual accionaba por su cuenta. La ausencia de un delineamiento de políticas y estrategias generales orientadas a un mayor desarrollo social y económico con equidad condujo gradualmente a la profundización de la pobreza de la gran mayoría, facilitando el incremento de poder económico y político para un círculo muy pequeño. La ausencia de institucionalidad se tradujo en falta de control de las actividades económicas, sociales y políticas. El contrabando, las compras estatales sobre facturadas, el uso desmedido de agroquímicos, las contabilidades paralelas, así como la coima en todas las transacciones, formaban parte del cotidiano de estas instituciones, pero eran prácticas funcionales a los grupos que manejan el poder real.
• Estructura jurídica anquilosada y corrupta. Esta estructura fue también adaptándose a los intereses de los sectores con poder. La normativa legal en muchos casos no facilita sino que impide los cambios necesarios para disminuir las grandes desigualdades. Un caso paradigmático es el de la Corte Suprema de Justicia, donde los ministros y la ministra actuales juzgan sus propios casos para asegurarse la inamovilidad, ante un pedido generalizado de cambios en la cúpula del Poder Judicial. La Fiscalía General del Estado, creada para defender a la sociedad, se juega directamente a favor de quienes tienen el poder económico y político. La ley es aplicada sin contemplación contra los sectores más débiles. Esto se vio en las ocupaciones de tierras, en las cuales los fiscales, fiscalas, jueces, juezas y la Policía Nacional actuaban sin contemplación alguna.
• El congreso Nacional como escenario de disputa de poder. Este poder del Estado se ha convertido en el principal espacio de disputa entre la oposición y el oficialismo. Muchos proyectos de ley aprobados y en estudio parecieran pensados para trabar las acciones del gobierno. Un ejemplo es el de la llamada ley de agrotóxicos (ley 3742/09), que su uso en contravención a normas anteriores y en contra de las poblaciones circundantes a los grandes cultivos. Otra ley sancionada y posteriormente vetada por el Ejecutivo es la de descentralización, cuyo objetivo habría sido debilitar financieramente al gobierno central, potenciando las gobernaciones y municipios, mayoritariamente en poder de la oposición ejercida por el Partido Colorado. Finalmente, se registra el recorte presupuestario en instituciones dependientes de la Presidencia de la República, como las secretarías de Acción Social, de Emergencia Nacional, entre otras, con lo cual se debilita la acción del Ejecutivo.
• Concentración de tierra en aumento. La publicación de los resultados del Censo Agropecuario de 2008 muestra que la concentración de la tierra en pocas explotaciones agropecuarias sigue en aumento. Así, el 85,49 % (27.807.215 ha) de la superficie destinada a la producción agropecuaria y forestal está concentrado en el 2,58 % (7.478) de las explotaciones agropecuarias mayores a 500 ha. Por otro lado, las fincas pequeñas también aumentan y las de superficie media bajan, lo que indica que se está dando una polarización mayor entre las pequeñas y grandes propiedades.

2. Iniciativas estatales

En los 15 meses de gestión del gobierno actual, se ha intentado realizar algunas mejoras en los campos más críticos, como la cuestión agraria, creando nuevas instituciones y nombrando personas idóneas en esos campos. Citamos algunas.

El Poder Ejecutivo creó la CEPRA, por decreto 838/2008, como espacio de articulación, coordinación y sinergia de instituciones del Estado para desarrollar el programa de reforma agraria integral^[1]. Entre sus objetivos figuran coordinar y promover el desarrollo económico, social, político y cultural; impulsar la gestión de las políticas públicas en relación con los asentamientos, y contribuir al logro de la reforma agraria. Los ejes estratégicos que se propone trabajar son el acceso a la tierra, la asistencia técnica integral, el crédito, las inversiones sociales, los insumos e infraestructura, el catastro rural y la estrategia institucional para la integralidad de la reforma agraria.

La creación de Cepra quizás sea una de las iniciativas más importantes en los últimos años para viabilizar la reforma agraria. Pero sigue tropezando con muchas dificultades para hacer efectiva su tarea. Estas dificultades tienen que ver básicamente con la incapacidad de las instituciones componentes de coordinar acciones y de gestionar efectivamente el uso de los recursos. La mayoría de las instituciones están afectadas por la baja ejecución presupuestaria.

Otra de las iniciativas interesantes fue la elaboración de un documento denominado “Principales lineamientos de política pública en materia de reforma agraria integral, desarrollo territorial y reactivación de la agricultura familiar campesina” a iniciativa del Equipo Económico Nacional^[2].

Con este documento se buscaba un marco general que sirviera de guía para esta política. Entre sus propósitos están:

• implementar una reforma agraria integral como parte fundamental del desarrollo económico y social, involucrando a los sectores campesinos, empresariales y del Estado;
• fortalecer la agricultura familiar campesina como proveedora de alimentos que garantice soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, articulándola a las economías locales, nacionales e internacionales para lograr crecimiento con equidad y sustentabilidad ambiental;
• promover la participación del sector campesino a través del fortalecimiento del tejido social y comunitario, atendiendo en particular los aspectos generacionales y de género;
• promover el arraigo territorial, social y cultural de los pueblos indígenas

Otra acción de este tiempo ha sido el informe que la CVJ y el INDERT presentaron al presidente de la República sobre las tierras rurales mal habidas en Paraguay, con el listado de las personas que habían sido ilegalmente beneficiadas con 7.851.295 has. del Estado. Transcurrido todo el año, no se han tomado decisiones que corrijan esta anormalidad.

Por otro lado, el Ejecutivo, conjuntamente con CEPRA, presentó al Congreso el proyecto de ley que buscaba aprobar dos convenios de cooperación entre Itaipú y la ANDE para tendidos eléctricos en áreas rurales^[3]. Las beneficiarias del primer convenio serían familias de cinco asentamientos del departamento de San Pedro. El aporte de Itaipú era de G 1.440.000.000, y el de la ANDE ascendía a G 1.587.800.000. El segundo convenio preveía obras de mejoras y ampliaciones de infraestructuras eléctricas en otras localidades del interior del país, con G 129.999.832.536 aportados por Itaipú; la ANDE pondría esta misma suma. Este proyecto fue rechazado en comisiones por pedido de los senadores Alfredo Jaeggli y Miguel Abdón Saguier. El Poder Ejecutivo lo retiró a mediados de junio.

El MAG, sin la participación del Indert o de la CEPRA, recibió a mediados de agosto de la Vicepresidencia de la República el proyecto de reforma agraria a ser implementado por el Estado. El ministro Enzo Cardozo indicó que el proyecto presentado por el vicepresidente de la República, Federico Franco, señala una mayor asistencia a 69 asentamientos que ya se encuentran identificados ante las instituciones del Estado. En septiembre se realizó en la DEAG una reunión con todos los referentes de los centros de desarrollo agropecuario del interior del país. En dicha reunión se delineó la estrategia de acciones territoriales y sistemas de comunicación para acercar la asistencia educativa y técnica a los pequeños productores del país.

En septiembre de 2009, el Equipo Económico Nacional publicó su “Plan estratégico, económico y social 2008/2013”, denominado “Propuestas para un crecimiento económico con inclusión social en Paraguay”. Dentro de este plan se propone la realización de la reforma agraria integral con reactivación de la agricultura familiar.

3. Casos

Al cabo de un año del gobierno Lugo se puede constatar que —tal como se sugirió más arriba— la institucionalidad represiva que ya había sido diseñada para el terrorismo de Estado ha sido perfeccionada. La prueba de ello han sido las visitas de fiscales paraguayos a Colombia a fin de recibir asesoramiento de sus pares de aquel país. Pero es la “Declaración conjunta de los presidentes de la República de Colombia y de la República del Paraguay”, del 29 de septiembre de 2008, la que aclara el marco normativo y el espíritu en que se enmarca la actual política represiva del gobierno hacia los movimientos sociales.

3.1 La Lucha por la tierra sigue cobrando víctimas

En enero de 2009, un dirigente campesino, Juan Ramón González, murió tras un enfrentamiento con policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), en un predio de más de mil hectáreas, propiedad de la Compañía Agrícola Itakyry SA (Caisa), en el departamento de Alto Paraná. Según los datos de la comisaría de Itakyry, González fue asesinado en un mutuo tiroteo entre ocupantes y policía. El dirigente campesino pertenecía a un grupo de sintierras que días antes de lo acontecido había sido desalojado^[4].

Otro campesino asesinado fue Vicente Espínola, del asentamiento Arroyito, distrito de Horqueta (departamento de Concepción). En febrero de 2009, el cuerpo de Espínola fue encontrado dentro de las tierras del establecimiento ganadero Santa Adelia, de Arroyito, perteneciente a Jorge Luis Zanetti. Dirigentes de la zona señalaron que guardias privados que custodiaban la estancia dispararon contra el hombre que había ingresado al predio para cazar animales silvestres. Espínola vivía en uno de los asentamientos de Arroyito, según labriegos. Sin embargo, otras fuentes indicaron que ocupaba una de las carpas ubicadas cerca del lindero del establecimiento que es reclamado por organizaciones de sin tierra^[5].

Enrique Brítez Irala, de 30 años, había desaparecido en mayo de 2009 de un campamento de sin tierras perteneciente a la Mesa

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), en Choré (departamento de San Pedro). Días después, su cuerpo fue encontrado colgado de un árbol en una propiedad cercana al campamento. Este establecimiento tiene cerca de 900 has., pertenece a Fernando García y se encuentra en el barrio Ovetense de la Colonia Jejuí. El grupo de sin tierras venía manteniendo fuertes enfrentamientos con relación a este terreno, debido a sus intenciones de ocuparlo. La forma en que fue encontrado el cuerpo había causado dudas entre los intervinientes, quienes decidieron trasladarlo a la morgue judicial de la capital para la autopsia correspondiente. Los restos de Brítez fueron inhumados en medio de todo tipo de acusaciones contra Fernando García. Los campesinos y las campesinas sospechan que la víctima fue asesinada en otro lugar y luego colgada por sus captores, simulando un suicidio^[6].

Abraham Sánchez Gayoso, de 19 años de edad, falleció en septiembre de este año asesinado por guardias privados del establecimiento Iriarte Cué, en el distrito Unión (departamento de San Pedro). Según el informe policial, la muerte se produjo durante un enfrentamiento armado entre los guardias privados del establecimiento y un grupo de sin tierras de la coordinadora Sebastián Larroza. El capataz de la estancia y tres empleados fueron detenidos como sospechosos del crimen. El grupo al que pertenecía Sánchez Gayoso viene reclamando desde hace varios años al Indert la realización de una mensura judicial de la finca. El dirigente de los sin tierras, Florencio Burgos, descalificó el informe de la policía al negar que los campesinos y las campesinas se hayan enfrentado con los custodios. La fiscala de San Pedro, Rosa Talavera, imputó por “homicidio doloso” a los tres empleados de la estancia, DF, JJV y VF, detenidos como sospechosos del asesinato de Gayoso. La fiscala Talavera dispuso además la libertad de LE, capataz del establecimiento^[7]

3.2 Enfrentamientos en aumento entre el campesinado y el sector productor de soja en gran escala

El conflicto entre campesinos, campesinas y productores y productoras de soja se intensifica ca. En el distrito de Lima (departamento de San Pedro) la consigna declarada por los campesinos y campesinas integrantes de la Coordinadora de Lucha por la Tierra y la Soberanía, que comienzan a ocupar efectivamente varias propiedades de brasileños, o arrendadas por estos, es no permitir ni una hectárea del cultivo de la soja. Todas las ocupaciones van acompañadas de un trabajo de siembra de rubros de consumo propio y de renta que ya se realizan, por parte de los grupos que ingresaron. Unos 13 grupos de 20 a 25 campesinos y campesinas, cada uno comienzan a construir ranchos dentro de las propiedades que reclaman. En este distrito, las propiedades ocupadas no sobrepasan las 200 has. y todas son dedicadas al cultivo de soja. Los pobladores de las localidades de Tercera Línea, Cuarta Línea, Quinta Línea, Sexta Línea y de Carumbey llevan, desde hace un año, un conflicto con los “brasiguayos”^[8] que vinieron a instalarse en medio de estas comunidades y realizan fumigaciones indiscriminadas, según los vecinos y las vecinas. Aunque las instituciones encargadas como la SEAM, el SENAVE y la Fiscalía del Medioambiente hayan estado en la zona en varias ocasiones, el problema sigue sin solucionarse hasta el momento. La resistencia de los productores a cumplir con las leyes ambientales desembocó en una lucha que puede agravarse, dado que los campesinos y las campesinas manifestaron que ya no permitirán el cultivo en la zona. Joel Cabrera, uno de los dirigentes del distrito, señala que se agotaron todas las instancias posibles para llegar a una solución^[9].

En octubre de 2008, en el mismo distrito de Lima, campesinos y campesinas que ocupaban una propiedad de 1500 has. fueron desalojados. Con la presencia de un pelotón de efectivos antimotines y 10 agentes de la Policía Nacional, la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray autorizó la desocupación de la estancia San Pablo. Un grupo de 50 familias pertenecientes a la Coordinadora por la Defensa de la Soberanía, lideradas por Antonio Cabrera, ocupaba el terreno desde hacía dos meses. El establecimiento, de unas 1500 has. de extensión, perteneciente a Pablo Velilla, está cultivado por soja, maíz y sésamo. Mientras se efectivizaba el desalojo, los empleados de la estancia procedieron a la fumigación del campo cultivado. El hecho generó la protesta de las campesinas y los campesinos, quienes, supuestamente con palos y armas blancas, acusaron al fiscal Víctor Paredes de proteger a los productores y productoras que utilizan agrotóxicos en el campo. La caldeada situación que se vivió entre el grupo campesino y el agente fiscal y la fuerza del orden no llegó a una situación peor gracias a la intervención de Roberto Cañete, dirigente de la Coordinadora por la Defensa de la Soberanía, quien solicitó a sus compañeros y compañeras replegarse y esperar un momento oportuno para volver a ocupar la propiedad.

Varios niños y mujeres de todas las edades estaban en el grupo de ocupantes de tierra^[10]. En diciembre de 2008, empleados que sembraban soja en un establecimiento agrícola de la compañía Morotîngue, distrito de San Pedro del Paraná (departamento de Itapúa), denunciaron que habían recibido disparos de arma de fuego, presumiblemente de parte de un grupo de campesinos y campesinas. La propiedad de unas 1500 has. pertenece a Javier Virino Castro Arévalos, arrendada por la firma Trocisa, de Trociuk y Cía., con sede en la localidad de Fram (Itapúa). Según Pablino Araújo, conductor del tractor que recibiera cinco impactos de bala, el ataque se produjo cuando estaban cargando agua a la pulverizadora, a un costado de un monte del lugar. El chofer estaba en compañía de cuatro compañeros de trabajo, y con un agente de policía, quien custodiaba los trabajos en el establecimiento^[11].

En enero del presente año, unas 10 ha de tierra que iban a ser utilizadas para cultivo de soja ardieron en llamas luego de que personas desconocidas ingresaran a la propiedad del colono brasileño Francisco Bergen e incendiaran parte del terreno ubicado en Lima (departamento de San Pedro). Bergen señaló que no es la primera vez y que los autores “son los mismos de siempre”, apuntando a campesinos y campesinas de la zona norteña^[12].

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en marzo de 2009, unas 200 mujeres campesinas e indígenas asociadas a la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) se manifestaron frente a uno de los locales de la empresa Agrofértil, ubicada en el cruce Liberación, distrito de Choré (departamento de San Pedro), dedicada a la venta de productos agroquímicos y de semillas en todo el territorio nacional. Las y los manifestantes acusaron a la fi rma de estar contaminando el medioambiente por la mala utilización de los agroquímicos. De la movilización también participaron representantes de distintos sectores campesinos y sociales del departamento de San Pedro, para reclamar a las autoridades que declaren de inmediato la prohibición del uso masivo de los productos, que causaron diversos perjuicios contra el medioambiente y la vida de las personas que se encuentran en la cercanía de los grandes cultivos, preferentemente de soja. Repudiaron a las autoridades de los poderes Judicial y Legislativo acusándolas de estar “al servicio de la plata” y de dejar de lado a miles de compatriotas, quienes cada día piden el acompañamiento de sus autoridades, reclamando justicia y siendo víctimas de la ola de inseguridad y la pobreza reinantes^[13].

En noviembre de 2008, cinco personas resultaron heridas por disparos de armas de fuego por parte de guardias de seguridad privada, en un conflicto de tierra en la frontera seca. El hecho ocurrió en una propiedad en litigio judicial, propiedad de Ángel Martínez, cercana a la frontera seca entre Brasil y Paraguay, en el lugar denominado 29 de septiembre (departamento de Canindeyú). Resultaron heridos con proyectiles de escopeta y pistolas Roque Reyes (22), Antolín Ortiz (22) y Jorge Martínez (26). Además, fueron heridos con balines de goma Ángel Martínez (50), Francisco Martínez (42) y Petrona Duarte (42). Según la Policía, los responsables de los disparos fueron guardias de seguridad de la empresa Guardianes SRL. De acuerdo a versiones de Concepción Domínguez, abogado defensor de Ángel Martínez, el problema empezó cuando un grupo de personas se acercó a un sector donde otros estaban construyendo un cercado perimetral, tratando de impedir que continuaran con la obra. Según Domínguez, la propiedad en cuestión tenía medida cautelar de suspensión de construcción, dictada por la jueza en lo civil Silvia Cuevas Ovelar, por lo que Ángel Martínez, acompañado por otros familiares, habría intentado parar la obra, y fueron atacados por los efectivos de seguridad que se encontraban resguardando a quienes estaban trabajando en ella^[14].

En enero de 2009, pobladores y pobladoras de Francisco Caballero Álvarez (departamento de Canindeyú) expulsaron a cinco funcionarios del Indert que intentaron recuperar 154 lotes de manos de brasiguayos de esta comunidad. Las lugareñas y los lugareños reaccionan con supuesta violencia ante la inminente pérdida de sus respectivas derecheras^[15]. En febrero de 2009, 160 familias de dos asentamientos campesinos fueron desalojadas de una propiedad ubicada en la colonia El Triunfo, distrito de Repatriación (departamento de Caaguazú), ocupada desde hacía ocho años. Se trata de los asentamientos San Antonio y San Miguel, habilitados dentro de un inmueble presumiblemente perteneciente a Mareirián Pérez Ramírez. Durante el desalojo, fueron quemados los ranchos y las casas que se encontraban en dos franjas de las parcelas. En tanto, una escuela ubicada en San Antonio, a la que acuden unos 80 niños y niñas del lugar, fue parcialmente destruida por efectivos de una empresa de seguridad denominada La Montada, contratada por el supuesto propietario de las tierras. El desalojo se llevó a cabo por personal policial de la jefatura departamental^[16].

Unos 15 policías de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural, que tenían a su cargo el resguardo de una propiedad privada, fueron supuestamente repelidos por un grupo de 50 campesinos y campesinas sin tierras en octubre de 2008. Un uniformado cayó herido, mientras otro fue tomado de rehén por más de una hora y media. El hecho ocurrió en la propiedad perteneciente a la firma Olinda SA, ubicada en el km 32 de la ruta 7, distrito de Minga Guazú (departamento del Alto Paraná). Por su parte, las y los miembros del asentamiento Comuneros denunciaron que los policías invadieron el asentamiento, golpeando a sus ocupantes e hiriendo a tres de ellos. Uno de los detenidos fue Vicente Florentín, herido de un disparo, mientras que la otra fue María Mereles, internada en el centro de salud de Minga Guazú. La mujer presentó rastros de golpes y de perforaciones de clavos en los pies^[17].

3.3 Represiones a manifestantes por pedido de subsidio y reprogramación de deuda

En julio de 2009, en la ciudad de Caaguazú (del departamento homónimo), policías uniformados reprimieron a labriegos y labriegas que ocupaban un campamento, porque se negaban a aceptar un cateo que pretendía encontrar personas sospechosas de un asesinato ocurrido en la zona. La víctima del crimen había sido Albino Gamarra Ojeda, comerciante de 58 años de edad. Luego de la represión quedaron 49 personas detenidas y hubo que internar a 13 dirigentes. Los campesinos y las campesinas indicaron que no hubo resistencia a la realización del cateo, sino que los agentes “atropellaron y reprimieron brutalmente”. Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, Viviano Machado, manifestó que el enfrentamiento entre los campesinos y campesinas y los agentes se debió a que los primeros comenzaron a atacar a los uniformados con piedras y honditas. También señaló que cinco de los labriegos detenidos contaban con órdenes de captura por otros delitos. Las 49 personas detenidas son imputadas por perturbación de la paz pública^[18].

4. Recomendaciones

• Iniciar desde la Presidencia de la República un diálogo permanente con las organizaciones campesinas, indígenas y populares a fin de diseñar e implementar las políticas públicas que cimentaron su programa electoral. Realizar el catastro rural, identificar con mayor precisión la cantidad de tierras apropiadas ilegítimamente por los propietarios y las propietarias actuales de grandes extensiones.
• Realizar censos, encuestas y otras formas de sistematización de información que permitan disponer de estadísticas sectoriales confiables para implementar políticas informadas y fundamentadas en el sector, contemplando el enfoque de género en su diseño y asegurando el registro desagregado por sexo, de manera a permitir el análisis de la situación de las mujeres rurales en cuanto a sus necesidades específicas de salud, planificación familiar, educación, acceso a la propiedad de la tierra, al empleo, al crédito, seguridad social, etc.
• Asegurar la participación de las mujeres en le diseño de la reforma agraria y en sus beneficios en igualdad con los hombres, y prestando atención a su situación específica, adoptando medidas apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer rural y crear las condiciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los planes, programas y proyectos relacionados con la reforma agraria.
• Propiciar durante todo el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes rurales, teniendo especial consideración su opinión y su interés superior, en particular al momento de generar condiciones para el ejercicio y disfrute de su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.
• Asegurar las condiciones para que la Cepra cumpla con la función para la cual fue creada.
• Impulsar la presentación y aprobación parlamentaria de una ley que instituya el impuesto a la tierra y a las exportaciones de soja.

 

1. La CEPRA está conformada por: el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), la Secretaría del Ambiente (SEAM), la Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), los ministerios sociales, representantes de organizaciones rurales y de organizaciones sectoriales involucradas en el proceso de reforma agraria, el Consejo de Gobernadores y el INDERT, que tendrá a su cargo la secretaría ejecutiva. ↑
2. El Equipo Económico Nacional está conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura y el de Ganadería, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el ministro de Industria y Comercio y el presidente del Banco Central del Paraguay. ↑
3. Proyecto de ley “Que aprueba los convenios de cooperación N.º 4.500.009.768/2008 y 4.500.0_0.242/2009” suscritos entre la Itaipú Binacional y la ANDE para la ejecución de proyectos en el sistema eléctrico nacional, destinados a atender los requerimientos de infraestructura, identificados a nivel de la Cepra, para numerosas familias de cinco (5) asentamientos del departamento de San Pedro, y de las obras de mejoras y ampliaciones de infraestructuras eléctricas del sistema de distribución en departamentos del Paraguay y amplía el presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal 2009, aprobado por la ley N.º 3692 del 13 de enero de 2009. ↑
4. Muere supuesto sin tierra, tras una balacera en sojales quemados. Diario ABC Color. Asunción _2 de enero de 2009. Disponible en: <http://archivo.abc.com.py/20090_-_2/articulos/486528/muere-supuesto-sintierra¬tras-una-balacera-en-sojalesquemados>, consultado el _4 de noviembre de 2009. ↑
5. Hallan cadáver de campesino en tierras de una estancia. Diario ABC Color. Asunción, 11 de febrero de 2009. Disponible en: <http://archivo.abc.com.py/2009-0211_/articulos/494913/hallan-cadaver-de-campesino-en-tierras-de-una-estancia>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
6. Aparece colgado dirigente campesino. Diario ABC Color. Asunción, 3 de mayo de 2009. Disponible <http://archivo.abc.com.py/2009-05-03/articulos/5_8078/aparece-colgado-dirigente-campesino>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
7. Joven campesino es muerto por guardias privados en San Pedro. Diario Última Hora. Asunción, 2 de septiembre de 2009, disponible <http://www.ultimahora.com/ notas/251657-Joven-campesino-es-muerto-por-guardias¬privados-en-San-Pedro->, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
8. “Brasiguayo” es un neologismo que refiere a brasileños y brasileñas que adquieren tierras en la zona de frontera en territorio paraguayo, así como a sus descendientes y a sus compatriotas que trabajan en esas tierras. ↑
9. Campesinos ocupan 13 fi ncas para evitar el cultivo de soja en Lima. Diario La Nación. Asunción, 1 de octubre de 2008. Disponible en: <http://anteriores.lanacion.com. py/noticias/ noticias.php?not=205854&fecha= 2008/10/01>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
10. Conflicto de la tierra se agrava en el Departamento de San Pedro. Diario Última Hora, Asunción, 18 de octubre de 2008. Disponible en <http://www.ultimahora. com/notas/163581-Conflicto-por-la-tierra-se-agrava-en-el-Departamento-de-SanPedro>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
11. Atacan a tractorista de la empresa Trociuk, en Itapúa. Diario ABC Color, Asunción, 21 de noviembre de 2008. Disponible en: <http://archivo.abc.com.py/2008-11 -21/ articulos/471714/atacan-a-tractorista-de-la-empresatrociuk-en-itapua>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
12. Queman propiedad para cultivo de soja en Lima. Diario ABC Color, Asunción, 6 de enero de 2009, disponible en: <http://archivo.abc.com.py/2009-01-06/articulos/484822/queman-propiedad-para-cultivo-de-soja-en-lima>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
13. Mujeres piden eliminar la mala utilización de agroquímicos. Diario ABC Color. Asunción, 10 de marzo de 2009, disponible en: <http://archivo.abc.com.py/200903-10/articulos/502496/mujeres-piden-eliminar-lamala-utilizacion-de-los-agroquimicos>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
14. Balean a cinco personas en conflicto de tierra. Diario ABC Color, Asunción, 9 de noviembre de 2008. Disponible en:<http://archivo.abc.com.py/2008-11-09/articulos/468003/balean-a-cinco-personas-en-confl icto-de-tierra>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
15. Se denomina derecheras a los derechos de ocupación concedidos por el Indert a sujetos de la reforma agraria sobre una determinada parcela. Ocupantes atacan a cinco funcionarios del INDERT. Diario ABC Color, Asunción, 15 de enero de 2009. Disponible en <http://archivo.abc.com.py/2009-01-15/articulos/487372/ocupantesatacana-cinco-funcionarios-del-indert>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
16. Empresa privada ejecutó desalojo. Diario ABC Color, Asunción, 4 de febrero de 2009. Disponible en <http://archivo.abc.com.py/2009-02-04/articulos/492771/empresa-privada-ejecuto-desalojo>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
17. Enfrentamiento con toma de rehén deja policías y sintierras heridos y detenidos. Diario ABC Color, Asunción, 22 de julio de 2009. Disponible en: <http://anteriores. lanacion.com.py/noticias/noticias.php?not= 257929&fecha=2009/07/ 22>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑
18. Federación campesina desmiente a la policía. Diario ABC Color, Asunción, 7 de julio de 2009. Disponible en: <http://archivo.abc.com.py/2009-07-07/articulos/537743/ federacion-campesina-desmiente-a-la-policia>, consultado el 14 de noviembre de 2009. ↑