Sin fuente.
Diez años son suficientes para marcar una tendencia. Hace una década habían transcurrido solo cinco años desde el golpe y tres desde que la intendencia de Asunción había sido ganada por una fuerza “progresista”. Se inauguraba apenas el gobierno de quien sería el presidente emblemático de la cleptocracia, la ciudadanía no tenía todavía tiempo de conocerlo.
Hoy, diez años después de aquel documento del CEPAG sobre la pobreza, es probable que todos los pronósticos que se habían hecho, incluidos los más pesimistas, se hayan quedado cortos. Wasmosy sube a la presidencia con un fraude, Argaña era lo suficientemente “estatista” como para no caer simpático a la Embajada estadounidense, Rodríguez, blanqueado por el golpe, es también el encargado de blanquear el fraude electoral de las internas coloradas del 92. Wasmosy fue el hombre de la Embajada estadounidense para encarar ya decididamente el proceso de privatización y la aplicación de otras medidas que se indicaban en el Consenso de Washington y lo logra en parte; el país se “neoliberaliza” pero no lo puede hacer a fondo, ya que su pasado económico, hundido como estaba en la corrupción del período stronista, no podía sino delatarlo: es la época de los grandes negociados, de las mega estafas, de los irritantes favoritismos. Quiebras bancarias monumentales en los años 95 y 97’ y una política económica nítidamente favorable a los intereses de las multinacionales y la oligarquía local conducen al país, a partir de 1997, a lo que sería el período recesivo más profundamente largo de la historia económica contemporánea. A partir de entonces el PIB real retrocede sostenidamente, en ninguno de los ocho años siguientes, el crecimiento del producto supera al de la población y en algunos de ellos, es negativo.
Como era de esperarse, la mayoría de los indicadores de las variables sociales se deteriora; la nutrición, la mortalidad materna, la escolarización, la cobertura en salud primaria, las viviendas para los sectores pobres, la entrega de tierra para los campesinos que no la tenían. Se entra en un período de aceleración de caída de la espiral descendente de los niveles de vida de la población que ya se había empezado a insinuar desde 1982.
En este clima de corrupción, de políticas de corte neoliberal, de mantenimiento de los niveles de concentración de la riqueza, la tierra y otros recursos productivos, las tiranteces entre los diferentes sectores sociales se acentúan, la irritabilidad social y política aumenta. En el 96, en el 99 y en el 2000, marcados por el ascenso, triunfo y ocaso de un liderazgo populista neoconservador, el régimen político desemboca en el que se creía –en su momento– que sería el peor de los escenarios posibles; el reinado del pusilánime González Macchi, imbuido también él de la glotonería por bienes públicos que caracterizó la permanencia de miembros de su familia en altos cargos públicos en la era Stroessner. La pobreza sigue expandiéndose, aunque la indigencia crece más rápido que aquella. O sea, en el 2003 hay más pobres, pero sobre todo hay más indigentes.
El gobierno de Duarte Frutos adviene en medio de un hartazgo generalizado por la gestión que terminaba, en esas condiciones cualquiera era preferible a quien(es) estaba(n). Sus primeros meses de gestión son claros: demagogia verbal y profundización neoliberal. A Dios rogando y con el mazo dando parece haber sido la pragmática estrategia política. Posteriormente, ya consolidado, el gobierno prescinde de la demagogia verbal y se queda con el mazo, al menos desde la perspectiva de los sectores sociales más empobrecidos y sus organizaciones.
¿Dónde está el verdadero poder, o las causas de fondo de la pobreza paraguaya?
Aquella tendencia al empobrecimiento, insinuada desde el mismo golpe del 89, es la expresión de los intereses de cuatro grupos, los verdaderos núcleos del poder en nuestro país. Los gobiernos que se sucedieron desde entonces son los alfiles, o más bien peones, de ese tablero comandado por los verdaderos dueños del país.
Entre esos cuatro grupos, hay dos que son tradicionales, antiguos, que aprovecharon la circunstancia de la “democratización” para ensayar mecanismos de conservación de su antiguo poder. El primero de ellos es la oligarquía terrateniente, fuerte e históricamente arraigada al modelo de acumulación excluyente que caracterizó al país desde fines de la guerra contra la Triple Alianza. Sus propiedades y su poder, lejos de verse afectados por estos avatares de la vida moderna, continúan afianzándose y compitiendo hasta ahora exitosamente con nuevos actores agrarios que intentan disputarle tan privilegiada posición de control. Los integrantes de este grupo, impiden la distribución de tierra en un país eminentemente agrario y eminentemente campesino.
El segundo grupo de intereses, que también tiene ya una cierta raigambre en las tradiciones políticas y económicas de nuestro golpeado país, es el de los corruptos. De manera formal, este grupo se constituye durante la década de los años sesenta, prohijado por Stroessner, para funcionar como polea de transmisión del sistema de lealtades patrimonialistas diseñadas por el dictador. Vía prebendas, este grupo era el encargado de movilizar el prebendarismo que tan buenos resultados les produjo, tanto en lo político como en lo económico. Está constituido por el lumpen empresariado que se benefició del contrabando a gran escala, la evasión impositiva, la adjudicación dolosa de licitaciones amañadas para la construcción de obras públicas, el desvío directo de fondos públicos y otros. Los integrantes de este grupo succionan muy importantes recursos fiscales, lo cual repercute de manera directa en el gasto social.
Entre los grupos económicos “emergentes” de poder, emergentes en el sentido que han venido ganando en las últimas dos décadas crecientes cuotas de control sobre la economía nacional, están los narcos y las multinacionales. Los narcos han logrado el control territorial de extensas zonas de nuestro país, así como movilizar importantísimas sumas de dinero por vía de la “triangulación comercial” en el tráfico de drogas pesadas y la producción de marihuana de alta calidad y muy apetecible en los mercados consumidores. El lavado de dinero, que normalmente acompaña a las actividades anteriores, les permite tener una cierta presencia en las actividades inmobiliarias y financieras. No es extraño encontrar vínculos entre los integrantes de este grupo e integrantes del grupo anteriormente descrito, aunque conceptualmente no hay que confundirlos, tienen —cada uno— su lógica específica de funcionamiento.
Finalmente, como importante grupo de poder real en nuestro país están las empresas multinacionales, las cuales no actúan solas sino con el apoyo del gobierno norteamericano (y en menor medida de los países de la Unión Europea), su embajada y los organismos multilaterales encargados de la implementación de la agenda neoliberal. Amplios y estratégicos sectores de la economía nacional se encuentran controlados por las mismas: el financiero, el de combustibles fósiles, las maquinarias e insumos agrícolas, la agroexportación, así como el de las comidas rápidas, automotriz y varios otros. El afán de control se extenderá a corto plazo, al de aguas, telefonía, financiero (eliminando la banca pública de fomento y restringiendo la operación de cooperativas), aduanas, reformateo tributario, así como la compra de extensas propiedades inmobiliarias. La capacidad de succión de recursos económicos genuinos de la economía nacional por parte de estas empresas, vía remesas de utilidades y otros mecanismos, es extraordinaria.
El gobierno de Duarte Frutos, intenta completar la obra de transferencia de la soberanía nacional iniciada en 1989 por Rodríguez, haciendo caso omiso a las demandas de una población cada día más hambreada y desprotegida.
En un reciente trabajo, una autora se refiere al problema de la pobreza. De acuerdo con Hannah Arendt, la pobreza “más que privación es un estado de constante carencia y aguda miseria, cuya ignominia consiste en su fuerza deshumanizadora. La pobreza, según esa autora, somete a los hombres al imperio absoluto de sus cuerpos, esto es, al imperio de la necesidad, lo que hace llamar la atención sobre la incompatibilidad entre pobreza y libertad. En ese contexto, ella inserta su análisis sobre la cuestión social, identificada con el surgimiento —con la Revolución Francesa— de la multitud en el escenario de la política, haciendo que la libertad se rindiese a la necesidad. Siempre, según Arendt, “cupo a Marx la transformación de la cuestión social en una cuestión política, mostrando que la pobreza es un fenómeno político y no natural, una consecuencia de la violencia, más que de la escasez…”.
La pobreza es un fenómeno político y no natural, una consecuencia de la violencia, más que de la escasez. Específicamente de la violencia económica, que se traduce por obra y gracia de los gobiernos, en violencia política.
¿Cómo puede no ser política la fuerza de los oligarcas, de los corruptos, de los narcos y del neoliberalismo? No se trata acá de “profundizar la democracia” al decir de algunos cómplices del estado de cosas actual, se trata de fundar la democracia, que es una tarea radicalmente diferente a la otra.
Se trata también de darnos cuenta de que el modelo de acumulación de riquezas (para unos pocos) en el Paraguay se basa en la concentración de la tierra, en la usurpación de los bienes públicos, en el mantenimiento de cuentas “nacionales” mafiosas y en la transferencia de activos a las multinacionales. En estas condiciones la pobreza no puede sino aumentar. Así como son políticas las causas que la producen (qué gobierno se atrevería a ponerle el cascabel a estos gatos), así también su resolución solo puede venir por la vía política. Mientras tanto, la violencia será mucho más importante que la escasez, para mantenerla.
