Publicado en la Revista Acción, N.º 285, julio 2008 – Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG).

1. Los orígenes de la Agricultura de Exportación en el país

En el Paraguay, las relaciones sociales de producción han estado siempre muy atrasadas y el capitalismo, solo imperfectamente, ha incursionado hasta hoy en el conjunto de la economía nacional, especialmente en la agricultura, en la que se da la coexistencia de una agricultura capitalista con formas precapitalistas (además de la campesina, clásicamente la ganadería extensiva y el peonazgo) de explotación de la tierra y de la fuerza de trabajo.

Mientras en otros países de la región la agricultura capitalista ya estaba consolidada hacia fines del siglo 19, en el Paraguay la primera forma clara de presencia de dicha forma de explotación agrícola^[1] se inicia con la colonización europea y japonesa que se instala en Itapúa a partir de las décadas de los años 1920 y 1930. Es agricultura farmer, pero, pero queda circunscrita a esa región. No se expande y coexiste (aunque no sin problemas) con la escasa población campesina e indígena que la rodea. Eran épocas en que la densidad poblacional era baja y había sobreabundancia de tierra. Los productores se organizan en pequeñas cooperativas y la producción es comercializada principalmente a escala regional, sin que se detecte la presencia (al menos relevante) de actores económicos extranjeros.

Posteriormente, la descendencia de esta corriente migratoria se insertará a una agricultura decididamente conectada a la agroindustria (yerba mate y tung) y ya en la década de los 1970 a la soja y al trigo.

Una segunda forma de presencia de la agricultura capitalista en el país fue a través del Plan del Trigo impulsado por Stroessner a comienzos de la década de 1960. Aprovechando la “revolución verde” y el apoyo norteamericano después de la Reunión de Montevideo con Kennedy sobre la Alianza para el Progreso en 1961^[2], la dictadura estima que el Paraguay debe ser autosuficiente en trigo. Stroessner reparte la tierra y asigna los fondos entre empresarios “amigos”, en realidad pseudo empresarios. El Plan fracasa a los pocos años. El movimiento campesino de las Ligas Agrarias empieza a desarrollarse como reacción a la ocupación capitalista de los medios de producción, precisamente en Misiones, departamento del sur del país, donde se inicia dicho Plan.

Así, hasta finales de los años 1960 la agricultura capitalista apenas tenía presencia en el país, caracterizada en su estructura agraria por el minifundio de los asentamientos antiguos colindantes a las zonas ganaderas, las primeras colonizaciones iniciadas por Juan Manuel Frutos desde el recientemente creado Instituto de Bienestar Rural (IBR) (en 1963) en el Eje Este (Repatriación, O’Leary y J.L. Mallorquín) y en el Eje Norte (Choré), el latifundio ganadero, y el latifundio forestal. Aquel programa de colonización sería un intento fallido por desconcentrar la propiedad de la tierra. Pero esta colonización sienta las bases fundiarias para lo que vendría inmediatamente después.

La primera oleada significativa (y devastadora) de la agricultura capitalista, ella ya sí de la mano de empresas multinacionales vinculadas a la agroexportación, se da con el ingreso de brasileños por expansión de la frontera de la soja en los estados del sur de Brasil hacia fines de los 1960 y durante toda la década de los 1970. Es la ofensiva más importante de la agricultura farmer sobre la campesina registrada hasta esa fecha. Los resultados en los departamentos de Alto Paraná, norte de Itapúa y la mitad oriental del de Canindeyú producen resultados ecológicos desastrosos.

Colonias antiguas —pobladas por campesinos paraguayos y crea— das por el Instituto de Reforma Agraria en décadas anteriores— y nuevas, como la de Minga Guazú, son ocupadas por brasileños y se expulsa a campesinos paraguayos, quienes se limitan a ocupar precariamente la tierra hasta haberla desmontado, de modo a que sean aptas para las labores mecanizadas.

Paralelamente, al boom de la soja^[3], se produce también el auge del algodón, cuyos precios internacionales se disparan como consecuencia del crack petrolero de 1973^[4]. En esos años (y mayormente hasta ahora) el algodón es un cultivo de minifundistas^[5]. Así, la difusión del cultivo benefició durante un tiempo a los pequeños productores, sin embargo, los mayores beneficiados fueron los integrantes de la larga cadena de intermediación que se observa en la comercialización del cultivo y sobre todo, las agroexportadoras, que en un comienzo fueron casi todas de capital nacional, pero posteriormente asimiladas por compra por parte de corporaciones multinacionales.

La expansión del cultivo de la soja se atenúa durante la segunda mitad de la década de los 1980 y primera de los 1990 en una meseta de unas 800 000 has. El algodón, por su parte, se estabiliza en alrededor de 350 000.

A partir de la segunda mitad de la década pasada, sin embargo, se empieza a insinuar un nuevo rebrote de la inmigración brasileña, esta vez hacia el Alto Paraguay, en el Chaco, pero con fines principalmente pecuarios, aunque igualmente ruinosa para los frágiles recursos naturales de esa zona chaqueña.

Ya a comienzos del nuevo siglo, se produce la segunda oleada de la penetración del capitalismo agrario con la soja, pero esta vez sobre la soja genéticamente modificada a partir del ciclo agrícola 1999-2000. Ahora sí, la infraestructura para la exportación está montada y controlada por grandes corporaciones proveedoras de insumos y dedicadas a la agroexportación.

Sin disponibilidad de tierras fiscales en esta ocasión, la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte. Los efectos ambientales se agravan por la desaparición de los últimos bolsones de bosque en la Región Oriental, así como por el uso indiscriminado de potentes herbicidas y pesticidas. Los efectos sociales, del mismo modo, resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión masiva de familias campesinas de sus tierras.

La situación hoy es mucho más compleja —y sobre todo, más grave socialmente— que la que se tenía hace 30 años, cuando se registra la primera expansión de la agricultura capitalista farmer sobre la agricultura campesina. Económicamente, el Paraguay está hoy cautivo de las corporaciones del agronegocio.

2. Las variadas aristas de la hegemonía corporativa multinacional

De manera esquemática, la situación actual planteada por esta nueva ofensiva de la agricultura capitalista farmer apoyada por la constelación de empresas que hacen parte del agronegocio, está compuesta por los siguientes elementos:

• Un componente medioambiental en el que se destaca, por un lado, la conversión de la soja convencional a transgénica; por otro, la intoxicación y muerte de seres humanos y contaminación de flora y fauna y, finalmente, la deforestación y desertificación de importantes territorios de la selva atlántica y otros ecosistemas.
• Un componente político entre los que se destacan la indolencia y complicidad en la acción gubernamental, la reacción campesina y la pérdida de soberanía del Estado nacional.
• Los componentes social y económico, entre los que pueden resaltarse, el avance de la frontera del cultivo, la creciente dependencia de productos importados de las exportaciones del país, el incremento del precio de las tierras y la presión externa para lograr un cierto crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

En su conjunto, se trata de un problema complejo, que tiene como efecto social final más importante, el desalojo campesino de las áreas rurales del país. Esto es, la transferencia de la tierra rural campesina, en una primera etapa, a la agricultura empresarial (farmer principalmente, pero también empresas agrícolas propiamente) y, posteriormente, a corporaciones agroexportadoras, agroindustriales y/o financieras^[6].

Este trabajo busca ahondar en el conocimiento de los factores que rodean a la decisión de emigrar de las familias afectadas, conocer las condiciones de vida y residencia en la etapa previa a la decisión y en la posterior (para aquellas familias que ya han emigrado). Se considera que estas familias son propiamente refugiadas o desplazadas económicas, ya que se vieron forzadas a abandonar su lugar de origen y su producción predial debido a la venta o alquiler de sus tierras (que en la mayoría de los casos no es una decisión libre, sino forzada) por la fumigación de predios adyacentes, lo que les causaba perjuicios económicos o sanitarios.

No obstante, se abordan aquí otros factores que describen y explican el contexto económico, político y social macro en el que se inscribe la expansión del monocultivo de la soja transgénica y el comportamiento de diferentes actores involucrados: el gobierno, el empresariado y los campesinos.

3. Breve reseña sobre la evolución del cultivo

La expansión de la soja en el país está resumida en el siguiente Cuadro:

Información adicional puede encontrarse en Gómez (2006). Se observa en el Cuadro de arriba que el área de siembra se ha duplicado en ocho años, período durante el cual se han incorporado al cultivo un millón de nuevas hectáreas. Una parte de ellas^[7] (aproximadamente la mitad) se presume, eran tierras ganaderas que han sido reconvertidas a la oleaginosa, la otra mitad eran tierras pertenecientes a familias campesinas que han sido apropiadas por venta, alquiler o desalojo.

Durante este período (1997-98-2005-06) el avance de la frontera de la soja ha mantenido un promedio de 125 000 has. /año. Suponiendo que la mitad de ellas pertenecían a familias campesinas y que el tamaño promedio de los predios de estas familias haya sido de 7 has., la expulsión campesina —solo por soja— alcanza a nueve mil familias por año. De continuar esta progresión hasta alcanzarse la cifra de cuatro millones de has.^[8], es de esperar que en los próximos años la cantidad de familias campesinas expulsadas alcance el número de 143 000, más de la mitad de las 280 000 fincas con menos de 20 has. registradas en el censo agropecuario de 1991.

La producción de soja representa un valor superior al 38 % del total producido por el sector agrícola y el 7 % del PIB total del país, y así mismo constituye el 37 % del valor de los rubros de exportación del sector. En el período 1992-2002, el valor bruto de la producción de soja se ha incrementado en un 103,96 % con una tasa promedio anual del 7,72% (Pedretti, 2006 a; 8).

4. Los componentes medioambientales del avance del agronegocio en el campo paraguayo

De la producción convencional a la transgénica

El actual avance de la frontera de la soja, supuso que durante el último sexenio se haya sustituido un material genético convencional cuyas semillas eran proveídas por los propios agricultores que lo sembraban, por una semilla genéticamente modificada^[9] que es producida por una sola multinacional a nivel mundial.

La principal amenaza de esta soja estriba en los riesgos para la salud. Dichos riesgos se multiplican con el fenómeno de contaminación genética, por la cual, trazas transgénicas pueden aparecer involuntaria, desconocida e inevitablemente, en alimentos y cultivos normales. El caso del maíz Star Link ilustra la gravedad del asunto, ya que no es apto para consumo humano y, sin embargo, logró filtrarse en la dieta humana.

Los consumidores^[10] carecen de información o esta es manipulada. Se produce así una colonización alimentaria y el nacimiento —por la importancia que van asumiendo en el total de las exportaciones nacionales— de las “republiquetas sojeras”. Desde que los campos se llenaron de la soja transgénica de Monsanto, las campañas mediáticas^[11] e institucionales sobre las maravillas de este alimento se multiplicaron, a pesar de las dudas sobre su seguridad. Al decir de Cereijo (s/f), “la apertura de mercados permitirá la occidentalización alimentaria, con la infiltración de nuevos y variados productos prefabricados, que llevarán en su interior ingredientes transgénicos”.

Aún a sabiendas de la posibilidad de estos (y otros) riesgos sobre la salud humana, los organismos técnicos del gobierno paraguayo no han emitido opinión y hacen como que el problema no existe. Por lo demás, el sustento legal del cultivo de transgénicos es notoriamente frágil, apenas una ordenanza del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando debiera ser objeto de legislación.

De ser un producto noble, valioso para la alimentación de animales rumiantes, muchas de cuyas variedades convencionales habían sido desarrolladas en el país a través de programas de mejoramiento genético y puestas a disposición de los productores, la oleaginosa está hoy bajo control completo de una sola multinacional.

Resulta un contrasentido enajenar a un monopolio privado extranjero, un recurso estratégico clave de la economía nacional^[12]. Este hecho, además de sus obvias connotaciones políticas, constituye una fuente de transferencia de ganancias a la multinacional por parte de los productores, por las divisas que deberán salir del país para cumplir, entre otras cosas, con el pago de las regalías por patentes.

5. Intoxicación humana y contaminación de flora y fauna por uso intensivo e inadecuado de herbicidas y pesticidas

BASE Investigaciones Sociales (BASE-IS) viene registrando, desde enero de 2003, una cronología sobre casos de muertes e intoxicaciones por agrotóxicos, así como de efectos sobre cultivos y animales domésticos y movilizaciones campesinas de protesta (BASE-IS, 2006). Esta información —aún no procesada— muestra claramente el impacto destructor que el uso de agrotóxicos en general, y del herbicida Roundup en particular, complemento del paquete de la soja RR o transgénica, está teniendo sobre la población campesina.

Los casos más frecuentes se refieren a muertes de personas, casos de intoxicaciones agudas y nacimientos de niños/as con malformaciones por exposición de la madre durante el embarazo a fumigaciones, muerte de animales domésticos y cultivos de autoconsumo.

En un documento aún no publicado, solicitado por la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Paraguay, se expresa textualmente: “En el caso de las familias de pequeños productores campesinos no desarraigados, que están en contacto directo con el avance de la agricultura farmer, la seguridad alimentaria suele verse directamente afectada por la expansión de la soja. Entre las principales consecuencias registradas se mencionan frecuentemente casos de contaminación ambiental por el empleo en gran escala de agroquímicos para la producción de soja y sus cultivos complementarios, pudiendo contaminar o afectar negativamente la producción de alimentos de los pequeños productores e impactar en la salud de los mismos.

En este punto, una amenaza directa a la seguridad es la ocasionada por los casos de deriva de herbicidas (Glifosato, Paraquat y hasta 2,4 D) afectando, en la vecindad de pequeños agricultores familiares, a los cultivos sensibles de autoconsumo (mandioca, poroto, maíz, maní, hortofrutícolas) y de rubros de renta como el algodón y el sésamo. Esta situación estimula en gran medida la reventa de lotes por parte de los afectados, tendencia que podría mantenerse en la década 2005-2014” (Pedretti, 2006 b; 35).

De hecho, cuando se han agotado los intentos de expulsión campesina por la vía judicial y de la fiscalía, los sojeros echan mano, ya sea a la acción violenta de pistoleros especialmente contratados, directamente a la fumigación aérea, lo que ya no puede ser resistido por las familias que se ven obligadas a desalojar sus predios y viviendas.

Las zonas más afectadas por los casos de intoxicación son los departamentos con altos índices de producción de soja, que manifiestan un aumento indiscriminado de la superficie de plantación, la que según datos oficiales llegan casi a los 2 millones de hectáreas (5 % del área total del país, duplicando el área de cultivo de soja en Brasil que constituye el 2,5 % de su territorio). Los más recientes casos de intoxicación masiva ocurridos en Gral. Resquín-San Pedro, Pireca-Guairá, 3 de febrero-Caaguazú, San Pedro del Paraná-Itapúa, y otros, son claros indicios de que el problema se viene agravando. Mientras, no se toman las medidas precautelares necesarias y exigidas por la ley para salvaguardar la salud de niños, mujeres y hombres campesinos e indígenas y el bienestar ambiental (Sobrevivencia, 2004).

Sin duda, este es el problema que más relevancia política ha adquirido durante los últimos meses debido a los innumerables casos reportados de manera documentada en la prensa sobre los efectos de la mala e irresponsable utilización de potentes herbicidas e insecticidas.

6. Riesgos para el medioambiente

Los principales efectos que se observan como resultado de la rápida expansión de la siembra de soja transgénica sobre el medioambiente son: a) deforestación y desertificación; b) pérdida o degeneración de semillas nativas o tradicionales por contaminación genética; c) aumento de monocultivo; d) aumento y concentraciones de herbicidas en los suelos y el agua, e) aparición de malezas resistentes a los herbicidas; f) muerte de insectos benéficos.

Tal como lo expone Stedile (2004) en referencia al proyecto de acumulación del capital en la fase neoliberal e imperial del capitalismo, este “precisa de protección jurídica, o sea, de acuerdos internacionales que le garanticen libertad de acción en todos los países, en todos los sectores, inclusive en la agricultura” (19).

Así debe comprenderse el por qué el Paraguay, a pesar de haber firmado la Convención de la Organización de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, y que ha convertido en Ley (la N.º.970/96) no se siente obligado a obedecerla ni ha sido amonestado en instancias internacionales por no hacerlo.

Pedretti (2006b), por su parte, desde una posición claramente a favor del agronegocio de la soja, afirma que “el principal impacto de la expansión de la agricultura mecanizada registrado históricamente sobre el uso de la tierra fue la deforestación masiva del Bosque Atlántico Subtropical, aunque este fue un proceso consecuencia de la colonización y no tanto atribuible a la expansión de la soja, en sí misma. La expansión futura de la soja se estima que afectará marginalmente al mismo bosque nativo, dada su escasez, afectando actualmente en gran escala a las zonas de pasturas implantadas (ganadería semi intensiva) y en detrimento de la agricultura familiar (pequeña agricultura) en mucho menor proporción” (37).

No se ve muy claro que la deforestación haya sido producida por la colonización, toda vez que la gran mayoría de zonas colonizadas recibieron apoyo gubernamental (mayormente durante Stroessner), mientras la agricultura campesina preparaba tierras para su uso mecanizado para monocultivos (algodón, tabaco, soja), que sería hecho inmediatamente después por la agricultura empresarial. Del mismo modo, a juzgar por lo ya realizado, la expansión futura de la soja no afectará “marginalmente” al bosque nativo, sino que destruirá las 800 000 hectáreas que de él restan, de los cinco millones que existían hace 40 años.

En cuanto a la contaminación hídrica, técnicos de Altervida (2004; 1.2) manifiestan que “se pueden considerar tres fuentes de contaminación: los pesticidas, los fertilizantes y la erosión producto de las malas prácticas agrícolas y deforestación de los bosques”, contaminación que —según ellos— “se ha acrecentado a lo largo de los últimos decenios en forma cualitativa y cuantitativa”. Si bien la mayor parte de los cursos y espejos de agua se encuentran contaminados, no existen estudios que indiquen el grado de contaminación de las napas freáticas y más profundas del Acuífero Guaraní. Esta forma de contaminación produce frecuente mortandad de peces reportada profusamente por la prensa local.

El uso indiscriminado y masivo de transporte, distribución, fraccionamiento y utilización de potentes biocidas (no pocos de ellos ubicados en la franja roja) parece ser tan alarmante que los gobiernos del Paraguay y el Brasil han iniciado conversaciones para realizar una acción conjunta que tienda a mitigar sus consecuencias (Ecoportal, s/f).

El avance de la desertificación en ciertas zonas, la contaminación química de extensas poblaciones, así como del patrimonio genético, la masiva deforestación, la contaminación del agua y la rápida erosión del suelo en áreas aún no desertificadas son resultados directos de la forma de operar del complejo sojero.

7. Los componentes políticos del desarrollo campesino por el agronegocio

7.1 La indolencia y complicidad de la acción gubernamental

El equipo jurídico de una ONG ambientalista paraguaya (Sobrevivencia, 2006) ha resumido de manera escueta el comportamiento gubernamental hacia los agronegocios en una síntesis que retrata los niveles de tolerancia e involucramiento de las autoridades y organismos de aplicación de la normatividad:

• Las leyes ambientales vigentes no se cumplen. Faltan mecanismos de control eficientes. Hay, por un lado, flagrante impunidad de las transgresiones y por el otro, vacíos legales que deben ser remediados.
• No se cumple el Plan Nacional de Seguridad Química, cuyas partes son el Gobierno nacional, las autoridades departamentales y municipales, el sector productivo, las ONG y las comunidades y que posee una Secretaría Técnica Permanente, ejercida por el Ministerio de Salud.
• Falta información toxicológica dirigida a las instituciones involucradas en el tratamiento de los tóxicos a través de la capacitación y adiestramiento de personal.
• La infraestructura de los laboratorios pertinentes es muy deficiente y los mismos actualmente no están dotados de los elementos indispensables para la realización de estudios en caso de intoxicaciones o accidentes con productos químicos.
• No existe un control integral de las sustancias químicas durante el proceso de su adquisición, almacenamiento, utilización y descarte, ni seguimiento a todo el ciclo de su uso. Faltan especificaciones de uso claras; no se cumple con las reglamentaciones sobre el etiquetado. No se implementan las franjas de seguridad establecidas por la Resolución N.º 485 del 11 de diciembre del 2002, y el Decreto N.º 18831/86, o las mismas son insuficientes. Además, el uso de agrotóxicos está muy incentivado por los extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
• Faltan mecanismos fiscales y presupuestarios para asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de monitoreo y control de tóxicos, incluidos los laboratorios, por ejemplo creando impuestos a la venta de agrotóxicos y otros productos que deban ser desincentivados.
• Hay manifiesta impunidad de los delitos cometidos y falta responsabilidad ante la producción de daños (pobreza, degradación, enfermedades y muerte) causados a comunidades y ecosistemas, a cargo de los autores de estos daños, según requiere la vigencia de un verdadero Estado de derecho. Mientras se viola el derecho a la calidad de vida y a la vida misma, el derecho al trabajo, a un ambiente sano, a modos de producción y vida rural sustentables, hay persecución a los denunciantes, criminalización de la lucha social, criminalización de la pobreza.
• Falta intervención responsable de la Fiscalía para el castigo ejemplar de los delitos ecológicos, especialmente la comercialización y uso no autorizado de sustancias químicas; la comisión de envenenamientos por productos de uso común; el ingreso al territorio nacional de sustancias nocivas; el uso abusivo de los suelos, delitos estos tipificados y castigados por el Código Penal y la Ley 716.
• La implementación del modelo de desarrollo extractivista y agroexportador beneficia a unos pocos empresarios y genera pobreza, debido al uso de tecnologías inapropiadas que sustituyen la mano de obra humana. Este modelo de desarrollo propicia exclusión social, agotamiento de los bienes naturales y degradación social y ambiental y, en consecuencia, violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades indígenas y campesinas, además de las urbanas, que son las principales consumidoras de los productos y agua contaminados. Un resultado palpable de la implementación de este modelo de desarrollo es que en nuestro país la concentración del poder sobre la tierra y la producción es una de las peores de todo el continente americano.
• La expansión de la frontera de la soja y los monocultivos extensivos no responde a intereses ciudadanos y rompe con todos los modelos de ordenamiento territorial existentes.

Además de lo mencionado en el documento de Sobrevivencia, debe destacarse la actuación de los agentes regionales del Instituto Nacional de la Tierra y Desarrollo Rural (INDERT), ex IBR quienes funcionan como agentes inmobiliarios. El cargo que ocupan les permite conocer la ubicación de asentamientos campesinos de la zona, a sus dirigentes y la situación por la que cada comunidad atraviesa.

Los funcionarios del Indert se encargan de efectuar personalmente un trabajo de “concientización” de las comunidades referentes a la conveniencia de vender sus posesiones justificándose en la falta de apoyo técnico y crediticio, sumado a las interesantes sumas de dinero que pueden ayudar a conseguir para los campesinos.

Presentan, entonces, a potenciales interesados en la compra de las “derecheras”^[13], generalmente personas de nacionalidad brasileña o menonita, que ofrecen a los campesinos una cantidad de dinero en efectivo exorbitante para ellos, engañándose, pensando que podrán solucionar todos sus problemas. Acceden muchos de ellos a las propuestas y abandonan sus tierras.

Así, paradójicamente, con el apoyo y gestión personal de los agentes del IBR van reconstituyéndose los latifundios y condenan a los campesinos al éxodo y al consecuente crecimiento del problema socioeconómico^[14].

Son innumerables los casos de agentes del IBR, incluso supervisores departamentales (como fue el caso de Samuel Giret de Alto Paraná) que han sido denunciados por presionar a campesinos a que vendan sus tierras a brasileños. En la mayoría de los casos, como se dijo, estos funcionarios se comportan como operadores inmobiliarios buscando campesinos que vendan sus tierras una vez que consiguen algún “cliente” entre los sojeros.

Por lo ya citado y por otras razones que tienen que ver con la necesidad de lograr una cierta velocidad de crecimiento económico, o con el desprecio típico que ha caracterizado a las autoridades nacionales hacia el campesinado, o por ignorancia o por corrupción, o por todo ello junto, las autoridades administrativas y los políticos muestran hasta el momento una criminal indolencia hacia el problema, cuando no complicidad, especialmente por parte de integrantes del Poder Judicial (jueces), del Ministerio Público (fiscales) y de autoridades policiales y militares^[15].

7.2 La reacción campesina y popular

En principio se puede hablar de tres reacciones; la de la aceptación pasiva del desalojo, la institucional y la de la acción directa.

El primer grupo está constituido por familias campesinas desalojadas por el poder del dinero. El ofrecimiento es en muchos casos en dólares, en efectivo. Los precios suelen oscilar entre U$ 500 y U$ 1.700 por hectárea, llegándose incluso a ofertarse U$ 3.000 en casos especiales y se paga ya sea por tierra titulada, con título provisorio o incluso por “derecheras”^[16]. No hay datos oficiales sobre la cantidad de familias en esta situación. Una estimación —excesivamente grosera— es la mencionada más arriba, de alrededor de 8 000 familias que migran anualmente, solo por efecto directo de la expansión de la soja.

Aunque, en algunos años, este desalojo llegó a ser muy superior. En efecto, según datos de la CAPECO (las cifras suministradas aparecen en el Cuadro anterior), entre el ciclo agrícola 2002-2003 y el del 2003-2004 el área sembrada con soja aumentó en 426 000 has.; se trataría de unas 14 000 familias que habrían abandonado sus lotes y chacras (unas 100 000 personas) que ya no viven en el campo, que ya no producen comida, y cuya diversidad productiva se ha perdido.

La mayoría de este grupo de familias desalojadas no está incorporada a ninguna de las organizaciones campesinas locales, regionales o nacionales. La no pertenencia a ellas facilita la no disponibilidad de recursos institucionales, económicos, logísticos y otros para resistir a la expulsión.

Un segundo grupo de afectados ha reaccionado de una manera que podría definirse como “institucional”, a través de sus organizaciones y en alianza con otras organizaciones sociales, de la Iglesia y de los gobiernos descentralizados. La MCNOC, con al menos tres obispos (y buena parte del clero de sus respectivas diócesis), no menos de una docena de intendentes, varios representantes de concejos departamentales y municipales, unidos a organizaciones de docentes, estudiantes, radios comunitarias y otras, formaron —durante el 2004 y 2005— lo que dio en llamarse las “Coordinadoras Departamentales por la Defensa de la Vida y el Medioambiente”. En la actualidad, de manera activa, se encontrarían funcionando solo dos de ellas. En formación se encuentra también una coordinadora nacional de coordinadoras departamentales. La adhesión de una parte de la Iglesia jerárquica y de un número significativo de representantes de municipios da un respaldo especial a las organizaciones campesinas. En conjunto, piensan realizar acciones de concientización a la población, denuncias documentadas de casos de violación a la normativa vigente por parte de los sojeros, así como un petitorio al gobierno que sería presentado próximamente.

Desde el 2006, sin embargo, estas respuestas “institucionales” se vieron debilitadas por la falta de logros concretos, que fueron burlados por la acción gubernamental de claro apoyo al avance de la agricultura empresarial. No obstante, y en vistas a las elecciones municipales a ser realizadas a fines de 2006, muchas de estas organizaciones departamentales se han volcado a la presentación de candidaturas independientes (a los partidos políticos tradicionales), con el propósito de utilizar las herramientas legales que les confiere la actual ley municipal a los intendentes y cuerpos legislativos respectivos, de decidir sobre la forma de uso del suelo en el territorio de su jurisdicción.

Otro tipo de reacción campesina es aquella que puede considerarse de “acción directa”. Consiste en detener, físicamente, las tareas propias exigidas por el cultivo de la soja, desde la disuasión directa a los propietarios de no cultivar en determinadas parcelas, bloquear el paso al personal o vehículos que van a fumigar en caminos vecinales, hasta la quema de cultivos terminados y listos para la cosecha. Debe señalarse que hasta hoy nadie ha reconocido la autoría de las quemas: tanto podrían ser realizadas por integrantes de algunas bases de organizaciones campesinas exasperadas por la situación, como resultado de la instigación de políticos que buscan ventajas oportunistas, como realizadas por los mismos propietarios para cobrar sus pólizas de seguro ante otras adversidades que deben afrontar^[17], o podrían haber sido realizadas por mandato del propio gobierno para justificar acciones represivas contra los campesinos y sus organizaciones, ante la incapacidad del mismo por encontrar una salida democrática al problema. Más recientemente, incluso, algunas organizaciones campesinas han amenazado con “expulsar” de sus tierras a extranjeros que se dedican al cultivo de soja^[18], lo cual ha desatado una reacción de parte de gremios empresariales y autoridades gubernamentales.

De todas maneras y desde mediados de 2003 a la fecha, la conciencia del campesinado ha venido creciendo y, como lo apunta Fogel (2005), las recientes movilizaciones “cuestionan las bases mismas del nuevo pacto de dominación… así ante las pretensiones de eliminar toda regulación a las grandes corporaciones, las víctimas plantean la recuperación de la autonomía para formular políticas, la repolitización de la economía y la renacionalización de las políticas” (89).

En conclusión, por razones que tienen que ver con la necesidad de lograr una cierta velocidad de crecimiento económico, o por el desprecio típico que ha caracterizado a las autoridades nacionales hacia el campesinado, o por ignorancia o por corrupción, las autoridades administrativas y los políticos muestran hasta el momento una criminal indolencia hacia el problema, cuando no complicidad, especialmente por parte de integrantes del Poder Judicial (fiscales y jueces) y de autoridades policiales y militares.

Es indudable, sin embargo, que en poco tiempo la expansión del cultivo de la soja transgénica y el uso de la última generación de biocidas se ha convertido en una cuestión política de la mayor importancia en el país. La delicada situación planteada depende de los criterios que vaya a usar el gobierno para vérselas con la misma.

7.3 Pérdida de soberanía del Estado nacional

Los cinco gobiernos de la “transición”, desde 1989, se caracterizaron por estar fuertemente influidos por las políticas neoliberales impulsadas por el Consenso de Washington. La Embajada norteamericana hizo el seguimiento político, en tanto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encargó del suministro de las recetas y la verificación de su aplicación a los varios y cambiantes ministros de Hacienda que pasaron durante estos 15 años. El trabajo de Fogel y Riquelme (2005) se dedica al análisis detallado de los problemas de soberanía que acarrea el avance de la soja en el país.

Conviene comprender que el complejo sojero es parte de un proyecto de dominación de claro corte imperial que busca asegurar para los EE.UU. el control de recursos estratégicos para garantizar el lucro de sus corporaciones y el american way of life para su población; forman parte de ese proyecto las fuentes de energía (petróleo-gas-hidroelectricidad), la biodiversidad, el agua y, en esta parte del continente, la soja, tal como un folleto de propaganda de Syngenta lo aclara, la República Unida de la Soja, que abarca buena parte del sur de Brasil, el oriente boliviano, todo Paraguay, buena parte del centro-norte argentino y el occidente uruguayo.

Para hacer un resumen, la supeditación del gobierno a los lineamientos impuestos por los organismos multilaterales ha implicado una creciente pérdida de soberanía del país en un triple aspecto:

Pérdida de soberanía económica

Se produjo una importante restricción de la autonomía de las decisiones políticas, a partir del “encuadre” paraguayo a los Programas de Ajuste Estructural y la sujeción a las normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En toda esa normativa supranacional de corte neoliberal hay artículos que afectan claramente a la autonomía política de los pueblos. Por ejemplo, se disminuye la capacidad de proteger legalmente el medioambiente, los servicios, etc. Las leyes referidas a estos puntos no podrán ser un obstáculo innecesario para el comercio y la inversión. Además, las empresas se reservan el derecho a querellar a los Estados por acciones gubernamentales que vayan en detrimento de su inversión.

Las decisiones al más alto nivel de la política económica del país son dictadas por los organismos multilaterales, específicamente el FMI, quien por vía de “acuerdos”^[19] determina estrictamente el funcionamiento de los organismos financieros, la política en materia de comercio exterior, el comportamiento de los tipos de cambio, la política salarial, la política de gasto público. De este modo, prácticamente no existe margen alguno para que el país pueda, de manera soberana, regular el funcionamiento de la economía, y en particular del aparato productivo nacional.

Se observa también una pérdida de soberanía económica cuando ese aparato productivo, en su sector más dinámico, está controlado por productores extranjeros, depende del crédito otorgado mayoritariamente por la banca privada multinacional, compra exclusivamente insumos productivos, maquinaria e implementos de origen extranjero y cuando, las ganancias obtenidas por esos productores son remesadas a bancos en el extranjero.

Otra forma de abdicación de la soberanía económica es basar todo el crecimiento de la economía nacional en el monocultivo, en particular, cuando ese cultivo único —la soja transgénica— y los herbicidas con los que viene empaquetado, son proveídos a nivel mundial, por una sola multinacional. Este es un caso gravísimo, según el cual una empresa extranjera domina monopólicamente la principal exportación del país. Se está ante el caso típico de una república bananera al estilo centroamericano, solo que en nuestro caso se trata de una republiqueta sojera.

La entrega de la soberanía económica del país se ratifica con la adhesión que la actual administración ha firmado con los intereses del Comando Sur del Ejército norteamericano (Ceceña y Motto, 2005). Actualmente, existe una ley que permite la operación de fuerzas militares de ese país hasta diciembre de 2006 y la probable instalación de bases militares.

Pérdida de soberanía territorial

La inexistencia de una ley que prohíba la venta de tierras a extranjeros en áreas de frontera (como la tienen todos los países del Mercosur), tanto a particulares como a empresas, ha implicado que ya desde hace varias décadas (desde mediados de los años sesenta, aproximadamente) se hayan transferido enormes cantidades de tierra a esos propietarios. Esto ocurrió y sigue ocurriendo tanto en la Región Oriental como en el Chaco.

El resultado es que, en este momento, el Estado paraguayo no tiene control real sobre inmensos territorios nacionales en manos de extranjeros. Este control es tan poco efectivo que, de hecho, las instituciones nacionales han perdido jurisdicción en la gran mayoría de las áreas sojeras del país. La causa principal de esta pérdida de soberanía es la corrupción y la venalidad de los gobiernos que se sucedieron y que inició Stroessner.

Actualmente, como resultado de esa venta de tierras, muchas autoridades del nivel local (municipal) son, de hecho, extranjeros que toman decisiones, algunas de gran importancia, no de acuerdo a los intereses de los paraguayos, sino de los países a los que pertenecen.

Los campesinos y sus organizaciones están conscientes de este problema y presionan a las autoridades gubernamentales a encontrar solución a un problema que, hasta hoy, sigue contando con la aprobación de los políticos.

Pérdida de soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria es la mejor vía para erradicar el hambre y la malnutrición en el mundo, así como para garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos.

Es el derecho que tiene el pueblo paraguayo a definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos e indígenas de producción y comercialización agropecuaria, y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversificados de producción basados en tecnologías ecológicamente sustentables.

Con la expansión del monocultivo de la soja la diversidad productiva se pierde, el país pierde la capacidad de “definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos”, situación que lo vuelve particularmente vulnerable.

Recuérdese lo expuesto en los documentos que dieron origen al neoliberalismo, los documentos de Santa Fe, en los que puede leerse que “el alimento es la mejor arma de control político de los países”. Un país con una población hambrienta es fácilmente dominable por parte de cualquier poder extranjero.

Esto es exactamente lo que está ocurriendo con el Paraguay. En pocos años más, ya no se producirán los alimentos que la población necesita y lo que se consuma será comprado del exterior, alimentos a los cuales tendrán acceso solo los que dispongan de dinero para comprarlos, el resto está condenado al hambre, la desnutrición y las enfermedades.

Incluso en documentos oficiales como el de Pedretti (2006) ya citado, puede leerse que: “A nivel regional, en las zonas tradicionales de producción sojera, sin embargo, la dependencia creciente del desempeño de un solo rubro sensible a las fluctuaciones del clima o de los mercados internacionales ocasiona incertidumbre y riesgo de vulnerabilidad” (34-35). El mismo informe (patrocinado por la FAO) sigue diciendo: “A nivel rural, se mencionó que se registra en las zonas sojeras un proceso de lento, pero progresivo desarraigo de la agricultura familiar campesina. La relocalización de las familias afectadas por desplazamiento hacia zonas urbanas del país o del exterior, bajo condiciones de escaso crecimiento del mercado laboral, da como resultado amenazas a su seguridad alimentaria, como grupo focal afectado directamente. Se requerirán políticas focalizadas en dichas comunidades para facilitar la reinserción laboral de estas poblaciones, principalmente en entornos urbano— rurales” (35).

Los efectos de la expansión del complejo sojero en el país sobre la seguridad alimentaria de la población paraguaya se encuentran más detalladamente referidos en un informe sombra o paralelo realizado en 2005-06 por organizaciones no gubernamentales sobre el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales por parte del gobierno paraguayo (Palau y Segovia, 2006).

7.4 Pérdida de soberanía cultural

Resulta impactante comprobar la forma en que se ha instalado en el “discurso oficial”, una versión matizada del “pensamiento único” de Ramonet, en lo que a justificación de la siembra de soja se refiere. El que está en contra de la soja está contra el progreso. Son las exportaciones del complejo sojero las que modernizarán la agricultura paraguaya dejando importantes “divisas” al país. Al igual que la aseveración de fuerte contenido simbólico, expresada por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)^[20] de que la “producción de carne para la exportación es una cuestión nacional”, la exportación de forraje pasó también a serlo.

Una comprobación del carácter político que envuelve al complejo sojero es que quienes se oponen a él (principalmente las organizaciones campesinas) son subversivos, y sus integrantes delincuentes y terroristas. El discurso anterior es así utilizado como justificación mediática para legitimar la represión hacia el campesinado.

Pero bien, siguiendo con el razonamiento anterior, como resultado de la pérdida de soberanía económica, territorial y alimentaria, se produce también una pérdida de soberanía cultural.

De acuerdo a los antropólogos, la manera de conocer a un pueblo es “a través de sus costumbres de cama y mesa”. Esto es, sus conductas reproductivas. Cuando estas se degradan es que la identidad cultural de un pueblo está en descomposición. En el caso paraguayo, es muy obvia la degradación de la relación de género, el machismo, la creciente violencia doméstica y contra la mujer, la visión de la mujer como objeto sexual. Esto es denigrante y crece en la medida en que se agrava y profundiza la pobreza. Pero de esto no nos ocupamos acá.

Las “costumbres de mesa” tienen que ver con lo que come el pueblo. Es parte medular de su identidad. Durante los últimos años, y por efecto de la creciente pobreza, descampesinización y pérdida de la diversidad productiva (o sea, por la creciente inseguridad alimentaria), la población ha ido abandonando los productos que formaban parte del tembiʼu Paraguay (locro, porotos varios, mandioca, batata, etc.) y han sido suplantados por los farináceos (galleta, fideos), cuando no por la comida chatarra. Esto ocurre tanto por el costo de los ingredientes como por los costos de cocción (un plato de fideos no tarda más de 5 minutos hervirlo, la mandioca o los porotos más de una hora), como por la publicidad, que ridiculiza ciertos alimentos y exalta a otros. El resultado de esta “uniformización neoliberal del consumo de alimentos” (lo que se llamó la macdonalización de la comida) es la pérdida de costumbres culinarias, la ingestión de alimentos de escaso valor nutritivo, altamente contaminados con agroquímicos, lo cual redunda en un deterioro de la salud pública. La sustitución (o pérdida) de cultivos de autoconsumo por soja transgénica, acelerará este proceso de pérdida de identidad cultural.

De la misma manera, la así llamada “industria cultural” (prensa escrita, radio, televisión, cine) se encarga de sobre estimular con contenido chatarra (programas y publicidad con violencia y sexo) la mente de la población, particularmente de los jóvenes y niños. Por otro lado, al no tener el gobierno una política nacional de comunicación, el alcance de las emisoras, canales y diarios nacionales es pobre y no llega a cubrir las zonas de frontera, las que están dominadas por emisiones extranjeras, y por la televisión con cable. Todo esto contribuye enormemente a la enajenación cultural del país.

El avance y la consolidación de productores extranjeros en todo el país contribuirán todavía más a la creciente pérdida de la identidad cultural.

8. Los componentes sociales y económicos del avance de los agronegocios

8.1 Principales derivaciones sociales

Como es de suponer, los factores hasta acá mencionados representan una clara violación de normas constitucionales e internacionales por parte de los sucesivos gobiernos paraguayos. Un reciente informe sobre la vigencia y situación de los derechos económicos, sociales y culturales indica textualmente: “el Estado ha incumplido el más básico deber de respetar estos derechos, ya que, mediante violentos desalojos, ha obstruido las posibilidades comunitarias de obtención de alimentos y agua para la supervivencia. Es más, las fuerzas del orden no solamente han desterrado a campesinos e indígenas de sus comunidades de origen, sino que también se han apropiado de sus utensilios de trabajo y del hogar. El Estado paraguayo ha quitado así a los pobladores de áreas rurales no solo las tierras que les permiten acceder a alimentos y agua adecuados, sino también aquellos instrumentos indispensables para su obtención y los mismos alimentos que habían producido, obligándolos a un desplazamiento forzoso y convirtiéndolos en verdaderos refugiados económicos. (Palau y Segovia, 2006; 21).

En otro apartado se expresa: “El modelo sojero es el principal responsable de estas penurias [referidas al derecho a la alimentación] del campesinado y el Estado, que, si no atenta directamente contra los derechos de estos ciudadanos como en los casos arriba mencionados, renuncia a su deber de protegerlos (ibídem, 22). El derecho al agua tampoco es protegido ni garantizado por el Estado paraguayo. La falta de protección es notoria en áreas rurales donde la contaminación con biocidas está muy extendida (ibídem, 35).

Además de estas y otras violaciones a lo legal, el impacto social más obvio y destructor, es sin duda el desarraigo campesino que provoca. La población desplazada es heterogénea (campesinos medios, pauperizados, poblaciones indígenas, población rural no campesina^[21]) por consiguiente, los efectos de los desplazamientos son también variables, en todos los casos se verifica un acelerado proceso de desruralización de la población en regiones que dependen básicamente de la agricultura^[22] . Los motivos macroeconómicos aducidos para el apoyo gubernamental de tales modelos pueden resultar justificados en el corto plazo, pero en el mediano y largo, la ausencia o desmantelamiento de las unidades productivas preexistentes en dichas regiones repercutirá negativamente en las condiciones de vida de la población del país.

La falta de empleo en las zonas rurales conlleva un aumento de la migración parcial de miembros adultos, sobre todo desplazamiento de los familiares hacia las ciudades para estadías de largo plazo. De esta forma, la familia se fragmenta, quedan adultos mayores, en muchos casos los abuelos y niños como principales mantenedores de la producción. Esta situación de familias nuevas de abuelos y nietos, resulta a largo plazo en una simplificación del sistema productivo y una creciente dependencia de la entrada económica suministrada por parte de los miembros emigrados.

El informe de Pedretti (2006 b) ya citado, menciona que con la expansión futura de la soja se prevé que se acentúe el proceso de una “agricultura sin gente” (sic) como efecto de la concentración de la tierra y el consecuente desarraigo de pequeños productores de la agricultura familiar. Se espera que continúe especialmente en las nuevas zonas la relocalización de familias de agricultores desplazados, reubicándose en los mayores centros urbanos y en las periferias de pequeños núcleos urbanos, en condiciones de marginalidad y precaria subsistencia. En esas últimas poblaciones, cuya vida económica y social depende de la vocación productiva de la población local, se ha registrado una recomposición de las fuentes de empleo. En efecto, las actividades que pierden importancia o desaparecen son las relacionadas con la actividad forestal y procesamiento de madera, al trabajo asalariado agrícola, la intermediación de la comercialización de insumos y productos típicos de la pequeña agricultura, y los pequeños comercios que dependen de ese tipo de clientela.

En contraste, aunque en mucho menor escala, “ascienden las actividades secundarias y terciarias en torno a una clientela más pequeña pero considerablemente de mayor poder adquisitivo. Los empleos en ascenso están relacionados a la venta de maquinaria, equipos e insumos de la agricultura mecanizada, y el empleo de tractoristas, choferes, mecánicos, etc.”.

Asimismo, surgen aún en las pequeñas poblaciones de la zona farmer, bancos y financieras, sucursales del sector privado, supermercados modernos y fuentes de empleo que requieren mayor nivel educativo, en general. Entre estos se destaca un pequeño pero creciente mercado laboral para asistencia técnica privada, especialmente en las áreas administrativas, productivas y de evaluación de impacto ambiental. En cuanto a la población marginalizada, además de acceder a un escaso mercado laboral en relación de dependencia para la población urbana, generalmente presiona a nivel municipal por empleos esporádicos relacionados con la construcción de obras públicas y su mantenimiento. Esta población requiere de programas educativos y de capacitación para una mayor inserción a la vida económica urbana, relacionada con las incipientes industrias y el sector de los servicios” (39).

De muy diferente parecer es Fogel (2005), para quien la asociación entre zonas de expansión de la soja y pobreza, es concluyente.

Al desarraigo, la precarización del empleo, la pobreza, la concentración de población desocupada en los núcleos urbanos y la concentración del ingreso, debe agregarse la violencia represiva. En efecto, la expansión de los monocultivos ha provocado los desalojos de campesinos e indígenas, creciendo estos desalojos fuertemente en medio de una ola de criminalización contra dichos movimientos. Los desalojos se han duplicado: entre los años 1994-1998 hubo 100 desalojos, mientras que entre los años 2000- 2003, hubo 69 desalojos y solo el año 2004 los desalojos registrados se dispararon a 66. En los últimos 15 años, 6.122 campesinos fueron arrestados. Durante el 2005, 46 personas han sido sentenciadas a 2, 3 y 4 años de prisión por su participación en conflictos por la tierra y más de 600 campesinos han pasado por las diferentes cárceles del país. Actualmente, hay 2.800 imputados en todo el país. Las imputaciones son selectivas, generalmente para los dirigentes, los motivos varían desde haber participado en movilizaciones, hasta tan triviales como hablar por radio denunciando atropellos.

Desde que en el 2004 el presidente Duarte firmó un pacto con los sojeros y militares, la violencia en los desalojos se volvió una práctica continua. Los desalojos se efectúan sin ningún tipo de previo aviso. Los policías actúan junto a militares y paramilitares de los latifundistas y supervisados por fiscales, allanan casas y arrestan a los miembros de la familia. Se dan casos de detenciones, golpizas y disparos con armas de fuego. Se detiene a mujeres, niños e incluso a los heridos y se han dado casos de pérdidas de embarazo por las golpizas en los desalojos. A los campesinos, los soldados les roban sus enseres, destruyen sus casas, sus cosechas y matan todos sus animales. Los desalojos no solo afectan a los nuevos asentados, sino, a veces, también caen sobre las antiguas comunidades, incluso las legalizadas. Estas acciones se utilizan como una forma de amedrentar a las comunidades para restar apoyo^[23].

Asociado a lo anterior, se observa una creciente concentración del ingreso (Fogel, 2005)^[24]. Como se sabe, una mayor desigualdad económica produce un efecto desacelerador en la economía, deprimiendo el mercado interno por caída de la demanda de bienes de consumo masivo que suelen ser los producidos por el empresariado nacional. Inversamente, se imponen pautas de consumo que son satisfechas con bienes importados.

Si bien es cierto que la soja ha aumentado las exportaciones del país, la balanza comercial sigue siendo deficitaria. Esto se debe, en parte, al hecho que exportar soja implica una creciente dependencia de insumos importados de aquellas exportaciones, principalmente las exportaciones de soja. Sin contabilizar los insumos ingresados de contrabando (que son cuantiosos y también pagados en divisas), el monto pagado por las importaciones de maquinarias, implementos e insumos relacionados a la producción de soja en el periodo 2000 – 2004 (en U$ FOB) son: 2000: 106.139.632; 2001: 121.493.082; 2002: 123.227.750; 2003: 213.578.322; 2004: 259.899.532 (Pedretti, 2006 a). Estas erogaciones superan el 40 % de las exportaciones anuales de la oleaginosa.

Debe apuntarse además que la mayor captación de las ganancias por exportación del rubro es realizada por bancos extranjeros, principalmente brasileños que operan en la zona de frontera.

Así, la exportación de la llamada soja paraguaya es poco más que una expresión de deseo: Las semillas son proveídas por Monsanto o Syngenta, los herbicidas son adquiridos en el exterior, así como los demás biocidas y fertilizantes, los tractores e implementos provienen de grandes corporaciones automotrices multinacionales, así como el combustible que utilizan, las empresas que exportan y la bodega que utilizan. En el caso paraguayo, además, una buena mayoría de los trabajadores de estas explotaciones son brasileros y las ganancias son remesadas a bancos de ese país. Con lo que puede deducirse que lo único “paraguayo” de esa soja es la fertilidad del suelo que la produjo.

La sangría económica no termina acá, ya que —desde Stroessner— los gobiernos que se sucedieron han establecido una estructura de fuertes subsidios a la soja, lo cual contribuye a la concentración de los ingresos. Entre esos subsidios figuran; el precio del gasoil que es proveído (según la empresa estatal Petropar a precios por debajo de su costo); la estructura impositiva, particularmente con respecto a la soja que tiene una baja o nula presión tributaria^[25], lo cual limita aún más la capacidad distributiva que podría —eventualmente— tener el gobierno. Como lo apunta Fogel (2005) “el sector que más renta genera es el que menos impuestos paga” (63)^[26], debe recalcarse que además de bajos impuestos, la evasión es muy alta; el acceso a líneas de crédito público a tasas preferenciales; las gestiones del gobierno paraguayo para la obtención de puertos francos (Paranaguá y Nueva Palmira) y fletes preferenciales; la investigación y desarrollo financiados con fondos públicos; el apoyo a la cooperativización de productores sojeros.

El marco político que explica el funcionamiento de este engranaje económico está dado por la corrupción generalizada en el sector y en el conjunto del aparato administrativo, político, legislativo y judicial del país.

9. En conclusión

La penetración masiva de la agricultura capitalista en el Paraguay se remonta apenas a cuatro décadas atrás y lo hace mayormente con la soja, en aquel entonces, convencional.

La difusión de la soja transgénica trajo aparejada la rápida expansión de su cultivo a partir de 1998, habiendo duplicado su superficie de siembra desde esa fecha hasta el presente.

Se pasa de un millón a dos millones de hectáreas sembradas. Una parte apreciable, no menor a 40 % del área incorporada a la siembra, estaba previamente ocupada por familias de pequeños productores campesinos.

Los efectos producidos por el control por parte de los agronegocios que se mueven en la cadena productiva sojera pueden agruparse en al menos tres componentes; el medioambiental, el político y el socioeconómico.

Efectos medioambientales

• Sustitución del material genético convencional, por uno genéticamente modificado cuyos efectos sobre la salud humana y animal —por decirlo conservadoramente— no se conocen acabadamente, pero se presumen altamente nocivos.
• La expansión de los cultivos modificados genéticamente (en cierta medida como lo fueron en su momento las semillas híbridas y “mejoradas” de la revolución verde) profundiza la colonización alimentaria del país.
• Se han dado casos (el problema no está aún exactamente cuantificado) de muertes humanas por fumigaciones de cultivos. Las intoxicaciones son más frecuentes en los departamentos con mayor área de siembra de soja.
• La prensa registra constantemente casos de destrucción de cultivos de autoconsumo y muerte de animales domésticos atribuibles directamente a fumigaciones de sojales.
• No se respeta la normativa existente para la protección —entre otros— de cursos y espejos de agua, la contaminación hídrica es alta, así como la mortandad de peces.
• Otros problemas son: deforestación y desertificación; pérdida o degeneración de semillas nativas o tradicionales por contaminación genética; aumento de monocultivos; aumento y concentraciones de herbicidas en los suelos y el agua; aparición de malezas resistentes a los herbicidas; muerte de insectos benéficos.

El componente político

• Hay indolencia y complicidad del gobierno con el modelo sojero; no se hace cumplir la legislación existente, faltan mecanismos fiscales y presupuestarios para asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de monitoreo y control, hay manifiesta impunidad de los delitos cometidos y falta responsabilidad ante la producción de daños.
• Los agentes del Indert actúan como agentes inmobiliarios facilitando el traspaso de tierras campesinas a medianos y grandes productores sojeros.
• La reacción campesina ante el problema es heterogénea; la mayoría de los campesinos no organizados terminan vendiendo o alquilando sus tierras, esto es, terminan siendo expulsados; un grupo de campesinos organizados opta por apelar a mecanismos institucionales demandando justicia; otro grupo realiza acciones directas para parar la invasión.
• No obstante, es evidente que la toma de conciencia por parte de un número creciente de campesinos y sus organizaciones sobre el problema, lo está convirtiendo en un apartado importante de la agenda de sus reivindicaciones.
• Hay pérdida de soberanía del Estado nacional, de soberanía económica porque las decisiones son tomadas cada vez menos de acuerdo al interés nacional y cada vez más a favor de los intereses corporativos de las multinacionales proveedoras de insumos y agroexportadoras.
• Hay pérdida de soberanía territorial, ya que la gran mayoría de los 33 000 productores sojeros son de nacionalidad brasileña y están ubicados en la zona más próxima a la frontera con ese país.
• Hay pérdida de soberanía alimentaria, ya que la producción alimentaria es cada vez más deficitaria a nivel nacional, las familias expulsadas ya no producen alimentos para su consumo y se dan cambios drásticos en la composición de la dieta diaria.
• Hay pérdida de soberanía cultural, puesto que debido a la penetración de la migración extranjera no solo se perdió la cultura culinaria, sino que los medios de comunicación, las transacciones bancarias e incluso el mismo sistema educativo está siendo afectado en las zonas sojeras.

El componente social y económico del problema

• La expansión de la soja atenta directamente sobre la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales (Descs) del pueblo paraguayo.
• Induce al desarraigo campesino por la masiva expulsión de familias de su lugar de origen en las zonas de expansión del complejo sojero.
• Aumenta el desempleo y con ello se profundiza la pobreza y se agudizan los problemas sociales tanto en el campo como en la ciudad.
• Hay un aumento de la violencia represiva contra el campesinado, tanto por parte de las fuerzas policiales y militares, como de los paramilitares contratados por sojeros y latifundistas.
• Esto conlleva la criminalización de las luchas campesinas de reivindicación de sus intereses.
• Las principales derivaciones económicas, además de lo ya mencionado, sobre el creciente desempleo son: la concentración del ingreso; la creciente dependencia de importaciones de las exportaciones paraguayas; el creciente déficit comercial del país por la exportación solo de commodities, los gastos fiscales que son medrados por los fuertes subsidios que otorga el gobierno a la producción sojera.

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1. Excluimos de esta breve referencia histórica la penetración capitalista posterior a la

   Guerra contra la Triple Alianza: los enclaves madereros y yerbateros, ya que no se refieren a producción agrícola y porque <si bien propios del capitalismo< se refieren a formas de trabajo esclavo o de semiesclavitud. ↑

2. Este apoyo norteamericano forma parte de la ofensiva anticomunista en toda América Latina por el reciente triunfo, entonces, de la revolución cubana. ↑
3. Provocado en gran medida por la sustitución de las importaciones de carne de la ex-

   Comunidad Económica Europea y su sustitución por proteína vegetal, o sea, soja. ↑

4. De 57 000 has. sembradas en el ciclo 1971/72 se pasa a 312 000 has. en 1978/79 y

   de representar el 5 % de las exportaciones del país en el primero de esos dos años, se

   ubica en el 33.7 % en 1979 (Cepal, 1986). ↑

5. La extensión promedio del área sembrada de algodón en todas las fincas productoras

   de la fibra en el país es de 2,2 has. ↑

6. “La expansión futura de la soja en el periodo 2004-2014 se espera que impacte sobre la estructura de la tenencia de tierras de los estratos de pequeños y medianos productores de manera diferenciada según zonas, por medio de la proyección de los índices de la década anterior en función de los valores estimados en los escenarios de expansión sojera del modelo. De acuerdo a las tendencias basadas en las estadísticas 1991-2002, se prevé que podría continuar la disminución del número de fincas productoras de soja menores a 50 hectáreas (pequeños y medianos productores), la cual alcanzó – 12 % en la década 1991 – 2002” (Pedretti, 2006 b; 36). ↑
7. Dado que el último censo agropecuario es de 1991, no es posible contar con información confiable. ↑
8. Tal como ha afirmado el entonces presidente de la Cámara Paraguaya Exportadora de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), el Sr. Jure Junis. ↑
9. Mayormente introducida —durante los primeros años— de contrabando desde la Argentina. ↑
10. Principalmente niños pobres a través de desayunos escolares. ↑
11. Recientemente, la esposa del presidente Nicanor Duarte se “ganó” en Roma, el título de embajadora extraordinaria por su lucha contra el hambre en el mundo, título otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por su campaña de difusión de las “vacas mecánicas” productoras del jugo de soja. ↑
12. La exportación de soja representa el 37 % de las exportaciones del país. ↑
13. Lotes de tierras campesinas que aún no han sido jurídicamente mensuradas. ↑
14. León, Juan Antonio (2004). ↑
15. En numerosos casos de litigios suscitados a raíz de fumigaciones hechas de modo irresponsable, o en casos en que campesinos se dispusieron a frenar por vía directa tales rociados, ha quedado en evidencia la directa complicidad de fiscales con los propietarios quienes ordenaron acciones judiciales de desbloqueo que generaron violentas represiones. El caso más dramático es el de Ypecuá en Repatriación, que dejó un saldo de dos campesinos muertos. ↑
16. O sea, meras ocupaciones de tierra sin que el IBR haya iniciado trámites para su correspondiente legalización. ↑
17. Aplicación de impuestos a la producción y/o exportación de soja, venta anticipada (a futuro) de la producción a precios muy inferiores a los actuales del mercado internacional, paro de camioneros por reclamos sobre fletes, paro de trabajadores en el puerto de Paranaguá, coimas solicitadas por autoridades políticas, gastos de “custodia” de cultivos (a policías o matones), y otros. ↑
18. Ver Abc Color, abril. 17.2004, p. 16. ↑
19. El primer acuerdo stand by firmado por el Paraguay con el FMI data de diciembre de 2003, o sea, pocos meses después de la asunción del actual gobierno de Duarte Frutos. ↑
20. La ARP es el gremio de los empresarios y latifundistas ganaderos, de gran predicamento político sobre la administración Duarte Frutos y por supuesto, de un enorme poder económico. ↑
21. Constituida en la mayoría de los casos por docentes de escuelas que han cerrado, reparadores, vendedores y comerciantes y otros que han quedado sin actividad por la literal desaparición de comunidades campesinas. ↑
22. Este tema es abordado con más detalle en Fogel (2005). ↑
23. Relatorios detallados de casos de violencia contra campesinos pueden ser encontrados en www.baseis.org.py, www.grr.org.ar o en http://biotech.indymedia.org/ or/2005/04/4225.shtml. ↑
24. De acuerdo a los datos manejados por este autor, el Paraguay sería el país con mayor concentración del ingreso en América Latina, el cual medido según el índice de Gini, pasó de 0.59 en 1997/98 a 0.61 en 2003, periodo en el cual se dio la más rápida expansión del área de siembra de soja. ↑
25. La tasa efectiva es en el Paraguay del 1 %, cuando las retenciones impositivas alcanzan al 21 % en el caso argentino. ↑
26. Según este autor, la soja habría generado aproximadamente U $600 millones, pero su contribución directa a la recaudación tributaria fue de aproximadamente U$1.5 millones, lo que representa el 0.25 % de los ingresos generados por el rubro. ↑