Diario La Nación, 18 de agosto de 2004.
La inminente nueva suba del petróleo y algunos de sus derivados (gasoil y gas) que anunciaron como globo sonda; el inicio ayer de nuevas ocupaciones de tierra por falta de respuesta gubernamental; la aprobación del uso de semillas transgénicas por parte del MAG durante lo que resta de la semana; el tratamiento mañana de la posible reactivación de una ley 1615 remozada (que ahora dirá ‘capitalización’ en vez de “privatización’ como si fueran diferentes); el subsidio que sí darán finalmente a los pequeños productores algodoneros —en realidad a las agroexportadoras— a pesar de que una vez cosechado le vayan a pagar monedas; el uso de lo recaudado por aranceles a la exportación de soja para el pago de la deuda externa; la reticencia a reactivar el ferrocarril a pesar de contar con un financiamiento que no requiere aval del gobierno; la ruina a la que están condenando a COPACO; él no uso de cemento en las rutas con el consiguiente perjuicio para la INC y regodeo de las transnacionales que importan derivados del petróleo; la ley del impuestazo recientemente aprobada, entre otras acciones gubernamentales, nos muestran que las autoridades del gobierno (y las del Parlamento por no frenar esta conducta corporativa) tienen el mismo grado de responsabilidad dolosa que los Paiva, los constructores de supermercados, los intendentes y concejales, etc., en la tragedia del pueblo paraguayo.
Responsabilidad dolosa porque las medidas citadas y muchas otras que para citarlas no hay suficiente lugar, producen pobreza. Al haber más pobreza, un aumento cualquiera de precios, un recorte cualquiera del gasto social para poder pagar los servicios de la deuda externa, obliga a los que son pobres, a restringir sus gastos más básicos (comida, por ejemplo) para poder subsistir (pagar la luz, pasaje, salud pública cara e ineficiente, por ejemplo). Esto hace que aumente la desnutrición, con ella aumenta la mortalidad[1]. La pobreza impulsa a obtener ingreso de manera competitiva, en ocasiones violenta.
Hay responsabilidad dolosa, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, porque la agudización de la pobreza a la que nos están conduciendo es producto de la primacía de los mismos tres factores que condujeron a la megadesgracia del Ycua Bolaños; a. el afán de lucro (de transnacionales, de su gendarme financiero que es el FMI): el “interés nacional” de miembros del Ejecutivo y parlamentarios se mide por “cuánto me va a dejar esta decisión que tomo”; b. la corrupción, que hace que las autoridades midan la importancia de sus acciones, también por la ganancia que les va a dejar, por ejemplo, por vía de la aceptación de grandes coimas, y; c. la mediocridad, que impide a las autoridades prever y tomar las medidas de prevención correspondientes para evitar los enormes riesgos sociales que corre la población paraguaya.
De los puntos citados al comienzo, la anunciada y posteriormente desmentida suba del gasoil y del gas, nos dice la prensa ayer, son resultado del incremento del barril de crudo en el mercado mundial. Por si no lo saben las autoridades de PETROPAR, ese barril hace por lo menos tres meses que superó la barrera de los 40 dólares, ¿han tomado alguna medida preventiva? Sabemos que esa razón es una excusa para camuflar impuestos y para aumentar las ganancias de transnacionales petroleras y distribuidores. Se hubiera podido aceptar la propuesta del presidente Chávez de Venezuela, se hubiera empezado a utilizar cemento para las rutas, pero no; se siguió igual (importando cada vez más petróleo y sus derivados) y ahora es el pueblo el que paga la inoperancia, la falta de previsión, la corrupción y el afán de lucro de las elites económicas y las autoridades políticas.
¿Por qué CONATEL no le deja a COPACO que opere con internet, o con telefonía móvil? Porque disminuiría las ganancias de las operadoras locales de empresas transnacionales de telecomunicaciones, en este caso, de telefonía móvil e internet.
¿Por qué se aprobará el uso de semillas transgénicas? Porque la Monsanto tiene que empezar a cobrar las regalías por el uso de su semilla y del glifosato que se vende con el nombre de Roundup. El ministro Ibáñez parece no tener agallas para defender, tampoco en este caso, el interés nacional, prefiere engordar transnacionales y disponer fugazmente de algunas divisas que servirán para mostrar al FMI que se exporta. Todo esto aún a costa del desalojo campesino y del envenenamiento de sus conciudadanos.
¿Quién abre las puertas para que los campesinos tengan las tierras y los servicios que necesitan para trabajar y vivir dignamente? ¿Quién destranca las vallas que impiden bajar las tasas de interés bancario para que los que quieran invertir en producción lo hagan? ¿Quién apoya a los pequeños y medianos empresarios nacionales para que produzcan y generen empleo? ¿Quién prioriza la dotación seria de recursos a los servicios sociales como salud y educación para que todas las tengan? ¿Quién es el político que le dice al FMI que se vaya para poder reconstruir al país?
Los políticos están empujando a la población a la pobreza y a los pobres hacia la miseria. Esto tiene un costo social. La responsabilidad de la cúpula gubernamental es tan grande como la de los Paiva, en la muerte por hambre, desnutrición, analfabetismo, ignorancia y desesperación, no ya de 400, sino de al menos dos millones y medio de paraguayos.
- En el 2004 nacerán vivos en el país 152.000 niños/as; morirán 243 madres (tasa de mortalidad materna 160 x 100.000 nacidos vivos) y 3.800 niños/as menores de 5 años (tasa de mortalidad infantil de 25 x c/1.000 nacidos vivos) lo que hace un total de 4.043 personas. ↑
