Publicado en la Revista Acción, N.º 302, marzo 2010 – Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG). Este artículo está basado en dos textos de dos maestros a quienes muchos de los que estudiamos sociología en nuestros países debemos mucho: Edelberto Torres-Rivas y Mario dos Santos.
“No hay democracia sin policía” Tropa de elite
La capacidad de gobernar alude a la capacidad de un gobierno de mantener el orden. La vulgarización reciente en el tratamiento de temas políticos asimiló el concepto de gobernabilidad al de la continuidad o preservación del régimen político que se quiere consolidar, sea el de los colorados, el de Lugo o el que sea. Pero este no es el concepto original de gobernabilidad (asociado al funcionamiento fluido de la economía[1]). Es también diferente al uso que se le dio a ese término posteriormente, que se refiere a la sobrecarga de demandas sociales y a la incapacidad del sistema político de darles satisfacción, lo cual lleva a la inestabilidad del conjunto del sistema. Estos dos sentidos más específicos de la palabra —que no son los únicos— están presentes en procesos de transición como el nuestro.[2]
Así pues, desorden, insatisfacción de necesidades sociales, incapacidad del sistema político, inestabilidad del sistema, son constitutivos del concepto de ingobernabilidad. Hoy en día, con tantas ocupaciones, cortes de ruta, asaltos, secuestros, el tema del orden de la sociedad constituye para los sectores dominantes de nuevo (tal como lo había sido con los autores que fundaron la sociología) un desafío mayor y un tema de reflexión. Estamos asistiendo a una profunda revolución conservadora, que a partir de la crisis por la que atravesamos busca ordenar de nueva manera las sociedades donde el capitalismo es la condición para lograrlo.
Pero las cosas no están fáciles, la gente se desencantó de la política (por eso prefirieron a un obispo y no a los políticos), se desencantó y desconfía de la política, desencanto y desconfianza que se traslada como desconfianza hacia la democracia. “Por ello, el problema de la gobernabilidad está anudado a otro tipo de crisis, el de la construcción democrática en sociedades postautoritarias y empobrecidas, problema que tiene dos dimensiones constitutivas: la eficacia y la legitimidad[3]
Insatisfacción de necesidades sociales básicas, desencanto y desorden, conforman el escenario actual. Para ciertos sectores,[4] la cohesión y el ordenamiento de la sociedad constituyen el aspecto central del ejercicio del poder, su objetivo natural, por lo que la obsesión por el orden (y su permanencia) resulta finalmente una actitud defensiva de quienes lo ejercen.
Ingobernabilidad y crisis se entrelazan y confunden en los actuales procesos políticos y explican la creciente insuficiencia estatal para institucionalizar los conflictos. Esta es la versión conservadora de la ingobernabilidad, ya que la inestabilidad crónica de estas democracias mínimas se origina en la economía donde la caída de la tasa de ganancia, la sobreproducción (o el subconsumo). Sobre todo, el trabajo asalariado y campesino y la competencia derivada de la apropiación privada de la ganancia, llevan a una contradicción insalvable entre clases y a luchas políticas desordenadoras de la vida política, que confirman la tesis de que la democracia burguesa y el capitalismo “mantienen una relación tensa entre sí, precaria e irresoluble en el fondo”[5].
Sin embargo, la ingobernabilidad conservadora no resultaría directamente de la relativa incompetencia estatal, de su parálisis, sino de los efectos desestabilizadores que se traducen en desencanto político. Así cómo, de la cadena de frustraciones que la ciudadanía termina por acumular, del recelo de la opinión pública por la sordera de los funcionarios, resultado de la brecha que aparece entre lo que se les ofrece y lo que reciben.
La democracia, según este razonamiento, cuando se profundiza, ofrece cosas y aumenta demandas, lo cual vuelve ingobernable la sociedad. La pérdida de confianza entre los electores y sus partidos, entre la ciudadanía y las políticas estatales, es decir, todo lo que queda sin cumplir en una sociedad democrática, produce estados de ingobernabilidad. Y como sociedades como la nuestra en este momento no limitan la participación popular, el resultado es una desconfianza hacia la democracia misma. “Esto no sirve, antes vivíamos mejor”, etc.
Lo conservador aparece también en los remedios que se proponen para resolver esta “anomalía” del poder: disciplinar de múltiples maneras a la ciudadanía, desactivarla, y, en el centro de esta preocupación por el orden, limitar decisivamente la capacidad reivindicativa del poder obrero y campesino, de sus organizaciones sociales y políticas, tal vez con “ayuda” de los medios de prensa empresariales, o con la colaboración policíaca[6].
Con el advenimiento de Lugo y el fin de la pesadilla colorada, la ciudadanía se “activó”. En estas circunstancias hay dos elementos que explican tal comportamiento. Por un lado, la larga espera de los grupos populares para resolver elementales y viejas demandas socioeconómicas y especialmente políticas, pospuestas siempre por los regímenes anteriores. Por el otro, el rápido e inevitable deslizamiento hacia la ideologización de temas y demandas, y especialmente la polarización de las posiciones desde las cuales se formulan, explicable sin duda por la extrema polarización económico-social existente. Estos condicionamientos —nos dice Torres Rivas— constituyen el precio inicial de la democracia electoral, en cuyo contexto se inscribe el problema de la gobernabilidad.
La gobernabilidad se refiere también a las condiciones sociales necesarias para que la racionalidad del poder[7] pueda desempeñarse con eficacia, legitimidad y con respaldo ciudadano. Por ello, la gobernabilidad se refiere a la capacidad de la autoridad para canalizar los intereses de la sociedad civil, a la interacción que se da entre ambos, para alcanzar el desarrollo económico y para construir una sociedad democrática.
Otro tema vinculado a la raíz de la ingobernabilidad, que es la desigualdad social y económica, hace referencia a la necesaria, pero nunca iniciada reforma del Estado que debe alcanzarse, pensando que el mercado es por naturaleza el campo de batalla generalizado para la satisfacción de intereses particulares o corporativos. El mercado dejará de ser el reino de la competencia salvaje por la reglamentación estatal, que introduce principios de orden, solidaridad, intereses colectivos, que reducen los intercambios desenfrenados. La propuesta capitalista de fraude, beligerancia económica generalizada, solo encuentra su freno en el Estado. El equilibrio se alcanza por vía política. Aquí también hay un gran déficit que aumenta la ingobernabilidad.
Así pues, la noción de gobernabilidad aparece vinculada a los factores sociales, políticos, económicos de la actual coyuntura que conspiran contra gobiernos electos democráticamente. Debe quedar claro que no basta la condición legal de un gobierno, en tanto la estrategia electoral para crear consenso ha resultado ser insuficiente para producir gobiernos fuertes. En concreto, la debilidad del actual gobierno se experimenta al enfrentar las diversas herencias que se originan en los profundos desajustes económicos, la inestabilidad política, las cicatrices aún frescas de la brutalidad con que se violaron los derechos humanos y otros factores. En suma, después de una elección, el pueblo espera un buen gobierno.
Debe quedar claro así que la estrategia electoral no crea lealtad de masas hacia el orden político y, por lo tanto, no aparece la legitimidad de la autoridad como su resultado.
Las elecciones últimas en nuestro país se apoyaron en la movilización que produce la exasperación de la pobreza, un voto castigo resultado de la desregulación de la economía y de los dolorosos ajustes económicos. Ni la legalidad formal ni la legitimidad democrática pueden descansar en estas mayorías volátiles, sin partido, sin programa, sin futuro, sino en apoyos permanentes, que no deriven del azar electoral ni de las contingencias políticas.
Para que sean legítimos y con ello pueda lograrse la gobernabilidad, los gobiernos pos autoritarios como el nuestro tienen que ser eficaces en el doble sentido de competencia técnica y administrativa, por un lado, y de voluntad política para enfrentar, aunque no resolver plenamente, los problemas sociales de la pobreza y la exclusión, por otro. Respetar mínimamente sus ofertas electorales. La gobernabilidad exige una nueva fuente de legitimidad, apoyada en las exigencias de las mayorías, en su participación libre, que buscan que sus carencias elementales empiecen a ser atendidas y satisfechas.
La gobernabilidad supone así, además, calidad técnica de los recursos humanos disponibles, sin los cuales la improvisación y la chapucería continuarán haciendo estragos con los recursos de la comunidad, con los proyectos de cambio, con la confianza depositada en esta aparente nueva democracia.
- La inestabilidad de la economía, descubierta analíticamente en el período de entre guerra, es el fenómeno respecto del cual se habla originalmente de gobernabilidad/ ingobernabilidad… La inestabilidad monetaria se prolonga en inestabilidad productiva y en inestabilidad social que deben ser procesadas a través de las instituciones y los sujetos (o actores) sociales. Giba, Denis (1981) Inestabilitá del capitalismo e agire sociale. Problemi nella teoria economica tra le due guerra. En Quaderni Fundazione G. Feltrinelli, N.º 13. ↑
- Dos Santos, Mario (2005) “Gobernabilidad en la transición a la democracia en Argentina”. En Revista Mexicana de Sociología, N.º 1. ↑
- Torres-Rivas, Edelberto (1993) América Latina. Gobernabilidad y democracia en sociedades en crisis. En Nueva Sociedad, N.º 128, noviembre-diciembre, 88-101. ↑
- Pensemos en los latifundistas, en los sojeros, en los grandes potentados de las ciudades y en sus representantes políticos, como el ministro del Interior. ↑
- Claus Offe (1989) Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Sistema, Madrid, p. 29. ↑
- Adolfo Coronato, que firma humildemente como “periodista”, dice de los autores del libro brasilero Tropa de elite que “la falta de voluntad política de la izquierda y la adhesión de la derecha al statu quo institucional acabaron confluyendo en una jactanciosa coalición conservadora que mantuvo (en la policía) la estructura heredada de la dictadura. Esta arquitectura facilita la reproducción de viejas culturas corporativas, incompatibles con una sociedad compleja y la construcción de una policía para la democracia del siglo XXI” (2010) “El Estado de derecho en peligro”. En Le monde diplomatique, Edición boliviana, 23, febrero. ↑
- Se supone que el poder político tiene que ser racional. ↑
