Compartir:

La cuestión agraria. Principal espacio de acumulación del capital en el Paraguay

Publicado en: Rojas Villagra, Luis “Gobierno Lugo. Herencia, gestión y desafíos”. Asunción: BASE-IS, diciembre 2009.
  1. Breve resumen de la situación del sector

En 1870, cuando el imperio inglés terminó de convertir el proyecto emancipatorio nacional iniciado por Gaspar Rodríguez de Francia y continuado por los López en un apéndice territorial mutilado de los intereses del capital británico, se inició para el Paraguay y su gente, el segundo —y lúgubre— proceso de colonización vivido en estas tierras. Colonia fuiste y colonia serás, habían sentenciado en Londres[1] los rectores del Capital. Ese maleficio continúa hasta nuestros días[2].

Grandes extensiones de las mejores tierras fueron transferidas a manos de empresas inglesas, anglo-argentinas, lusitanas o mixtas. El territorio nacional fue repartido entre los vencedores, y la gente que quedaba fue arrinconada en minifundios o explotada en regímenes esclavos o semi-esclavos por esa segunda oleada de colonizadores. Aparentemente, del Paraguay no quedaba nada, o casi nada. Carlos Pastore en su libro “Lucha por la tierra en el Paraguay”, se encarga del relato de lo que pasó después de ese genocidio, y de cómo la tierra en el Paraguay se convirtió en una mercancía, abundante hasta hace pocas décadas, pero mercancía al fin. Mercancía es un bien transable, o sea, un objeto de compraventa, algo que puede ser comprado por quien tiene dinero; ni en 1870 ni en el 2009 los que necesitan tierra para sobrevivir tenían el dinero para comprarla, en consecuencia, fueron y son expulsados de ella.

Ese desmembramiento territorial del Paraguay por las fauces del capital extranjero supuso, primero, la instalación de latifundios madereros, yerbateros y ganaderos. Posteriormente, ya durante el reinado del régimen patrimonialista de Stroessner, los pedazos desmembrados de ese cuerpo, de ese territorio, pasaron a otras manos[3]; a las de los actores del capitalismo agrario que desde la década del 60 del siglo pasado, con las promesas de desarrollo sin fin de la “revolución verde”, pasaron a ocupar progresivamente el territorio nacional.

Desde comienzos de la pasada década de los setenta, la sociedad campesina tradicional que sobrevivió pese a todo, empieza su rápido proceso de deterioro. De la mano del algodón, ese campesino marginado de las políticas públicas ingresa masivamente al mercado, suplanta los rubros de autoconsumo por el algodón y vive un fugaz sexenio de auge entre 1974 y 1980, con precios altos, dinero en mano, estableciendo vínculos con el agronegocio y aprendiendo a usar lo que para entonces era la nueva generación de agrotóxicos. Paralelamente, las zonas más fértiles del bosque atlántico, básicamente la margen derecha del Paraná, son rápidamente desmontadas y avanza la frontera de la soja. Se consolida la agricultura empresarial mecanizada en manos de extranjeros, con estrechos vínculos con el sector financiero y una producción orientada a la agroexportación.

Cuando los precios del algodón caen, a comienzos de los años ochenta, el ciclo de ocupación de las tierras públicas (la frontera agrícola) se va cerrando. El campesinado algodonero, minifundista, y sobre todo sus descendientes, se quedan sin el pan y sin la torta, sin precio para su producción y sin tierra para sobrevivir él y su familia. Es la época en que empiezan las primeras grandes ocupaciones de tierra por parte de campesinos en Alto Paraná, y que se expanden luego al resto de la Región Oriental.

Pero también los segmentos que en el transcurso de un período más reciente —años noventa— innovaron sus estrategias productivas —recurriendo a una inserción más intensa y eficiente al mercado (horticultores, fruticultores y pequeños granjeros, que llegarían al 30 % del sector)— entraron en una fase de estancamiento e inclusive de declive. Las importaciones de productos a precios más bajos y de mejor calidad provenientes de los países vecinos, así como la inexistencia de políticas públicas diferenciadas de financiamiento y de mejoramiento tecnológico, incidieron en la mencionada retracción. A estas tendencias hay que agregar la conformación de un estrato de campesinos sin tierra, dependientes del trabajo asalariado o de pequeñas actividades por cuenta propia.

Hoy, los grupos campesinos que todavía disponen de ciertos recursos productivos (tierra e instrumentos de labranza) intentan reconstruir sus capacidades de autoalimentación, a costa de una más intensiva auto-explotación de la fuerza de trabajo, y esperan que los jóvenes que migran a las ciudades del país, o al exterior, les hagan llegar remesas de dinero, menos abundantes que las de otras épocas, pero siempre de vital importancia. Los estratos con menores recursos y los campesinos sin tierra, son los más vulnerables. Las cada vez menores oportunidades laborales existentes en los mercados de trabajo urbanos, debido al ya prolongado estancamiento de la economía nacional, les dejan horizontes muy estrechos de supervivencia. Si no se sumergen en las condiciones más duras de la pobreza extrema es porque, en varias de las comunidades rurales, todavía persisten importantes recursos y energías de capitales sociales y comunitarios (redes de cooperación y solidaridad).

A partir del año 2000 la situación del campesinado empeora aún más; la incorporación de material genéticamente modificado y el uso masivo de nuevos y potentes agrotóxicos en la agricultura empresarial, así como el sostenido repunte de los precios internacionales de la carne, implicaron una mayor demanda de tierra para la agropecuaria de exportación, y aceleraron la expansión de la frontera de la soja[4], los precios de la tierra aumentaron y el acoso a la economía campesina fue objeto de una agresión sin precedentes. Este es el panorama agrario en el que asume Lugo, que en su campaña promete, como punto más importante, el inicio de la reforma agraria. En el Anexo 1 se hace una presentación sucinta de los principales problemas del sector

  1. Lo que hizo o dejó de hacer la administración Lugo[5]

A más de un año de gestión de gobierno, es poco o nada lo que Lugo puede mostrar en avances para el reordenamiento de la cuestión agraria. Varios son los factores que impidieron estos avances.

Parlamento. La precaria alianza electoral que llevó a Lugo a triunfar en el 2008, mostró sus debilidades una vez que hubo que asumir la administración del país. Los sectores más conservadores de la oligarquía ganadera, de la muy obsecuente tecnocracia local al servicio de las multinacionales y conservadores en general, se encontraban representados, y muy bien representados, en el partido más grande de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), el Partido Liberal[6]. Esta fracción (mayoritaria por cierto) tiene intereses compartidos con el Partido Colorado y con la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) de Oviedo (carnalmente unido a la ultraderecha brasileña); estas tres bancadas parlamentarias se convirtieron en este año y tanto de la gestión Lugo, en el principal obstáculo, no solo para implementar acciones referidas al reordenamiento agrario, sino para avanzar en cualquier otro orden que suponga la más mínima amenaza a los intereses de la mafia, del gran capital, o de los grandes propietarios[7].

Diversidad que sofoca. Lo del Parlamento ya se sabía, pero uno hubiera esperado que el escaso margen de maniobra que le quedaba al Ejecutivo pudiera haber sido aprovechado por Lugo para obtener ciertos avances. Tener el poder administrativo no es poca cosa cuando las ideas están claras. Sin embargo, la gran heterogeneidad de los integrantes de la APC y del propio gabinete que conformó el presidente, fue otro factor que creó desasosiego en los sectores que esperaban ver avances en un país en el que la distribución de la tierra es la más injusta del mundo. Desde el ya aludido Partido Liberal en el extremo derecho del espectro político, hasta sectores que se autoproclaman de izquierda “dura”, pasando por variadas formas de socialdemocracia-progresismo, crearon un ambiente de contradicciones en materia de políticas públicas que produjeron como resultado la neutralización de acciones. El gabinete igual, desde obedientes discípulos del neoliberalismo en Hacienda, pasando por aprendices de represores en Interior[8], hasta supinos ignorantes de la materia en Agricultura y Ganadería, o biempensantes ex-militantes en carteras sociales, se logró lo que se tenía que lograr; desconcierto primero y desilusión después. Sin proyectos claros, con notables contradicciones en su accionar, la reforma agraria prometida se empantanó en una ciénaga de imputaciones, amenazas, y cloacales laberintos judiciales.

  • Para judicializarte mejor. Otras dos joyas heredadas de períodos anteriores son el Poder Judicial y el Ministerio Público. En ambos casos, sus máximas autoridades no solo no hicieron nada por ponerse a tono con los nuevos tiempos, sino que gastaron todas sus energías para detener, por los mecanismos que tenían a su alcance, cualquier acción emprendida por las organizaciones campesinas o por el gobierno a favor de estas. Fiscales/as de corta edad cronológica (aunque no todos/as) y menor edad mental (eso sí, casi todos/as ellos/as) se encargaban de imputar a campesinos, mientras jueces muy sumisos emitían sentencias a quienes osaban demandar algo de tierra para poder comer. Una verdadera farándula judicial al servicio de intereses corporativos.

La mediocracia, o dictadura de los medios. En concierto con los grandes propietarios, con el capital extranjero, con el Parlamento y con los instrumentos judiciales del sistema, los medios de prensa empresariales (tanto radiales como los escritos y televisivos) han intentado modelar la opinión pública a su antojo, pero siempre boicoteando de manera sistemática las iniciativas sociales del gobierno y en especial, todo lo atinente a la reforma agraria. No son pocas las veces que durante este año corrieron solo con la vaina al propio Lugo, quien, desorientado, con miedo, o simplemente falto de convicción, tuvo que tragar sus propias palabras para no disgustar aún más a personajes de la ralea de un Zuccolillo o de otros tantos que con cámara o micrófono en mano, no titubean en degradar el periodismo con tal de preservar sus privilegios.

A pesar de esos pesares, algo se hizo. Se enumeran algunas de esas acciones:

  • El Poder Ejecutivo creó la CEPRA, por decreto 838/2008, como espacio de articulación, coordinación y sinergia de instituciones del Estado para desarrollar el Programa de Reforma Agraria Integral[9]. Entre sus objetivos figuran, coordinar y promover el desarrollo económico, social, político y cultural; impulsar la gestión de las políticas públicas en relación con los asentamientos y, contribuir al logro de la reforma agraria. Los ejes estratégicos que se propone trabajar son: el acceso a la tierra, la asistencia técnica integral, el crédito, las inversiones sociales, los insumos e infraestructura, el catastro rural y la estrategia institucional para la integralidad de la reforma agraria.
  • Otra de las iniciativas fue la elaboración de un documento denominado Principales lineamientos de política pública en materia de reforma agraria integral, desarrollo territorial y reactivación de la agricultura familiar campesina” a iniciativa del Equipo Económico Nacional. Con este documento se buscaba un marco general que sirviera de guía para esta política.
  • Otra acción de este período ha sido el informe que la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) y el INDERT presentaron al presidente de la República, sobre las tierras rurales malhabidas en Paraguay, con el listado de las personas que habían sido ilegalmente beneficiadas con 7.851.295 has. del Estado. Transcurrido todo el año, no se han tomado decisiones que corrijan esta anormalidad.
  • Por otro lado, el Ejecutivo, conjuntamente con Cepra, presentó al Congreso el Proyecto de Ley que buscaba aprobar dos Convenios de Cooperación entre Itaipú y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para tendidos eléctricos en áreas rurales. Las beneficiarias del primer convenio serían familias de cinco asentamientos del Departamento de San Pedro. El aporte de Itaipú era de G 1.440.000.000, y el de la ANDE ascendía a G 1.587.800.000. El segundo convenio preveía obras de mejoras y ampliaciones de infraestructura eléctrica en otras localidades del interior del país, con G 129.999.832.536 aportados por Itaipú; la ANDE pondría esta misma suma. Este proyecto fue rechazado en comisiones por pedido de los senadores Alfredo Jaeggli y Miguel Abdón Saguier. El Poder Ejecutivo lo retiró a mediados de junio.
  • El MAG, sin la participación del Indert o de la CEPRA, recibió a mediados de agosto de la Vicepresidencia de la República, el proyecto de reforma agraria a ser implementado por el Estado. El ministro Enzo Cardozo indicó que el proyecto presentado por el vicepresidente de la República, Federico Franco, señala una mayor asistencia a 69 asentamientos que ya se encuentran identificados ante las instituciones del Estado. En setiembre se realizó en la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) una reunión con todos los referentes de los centros de desarrollo agropecuario del interior del país. En dicha reunión se delineó la estrategia de acciones territoriales y sistemas de comunicación para acercar la asistencia educativa y técnica a los pequeños productores del país.
  • En setiembre de 2009, el Equipo Económico Nacional publicó su “Plan Estratégico Económico y Social 2008/2013”, denominado “Propuestas para un crecimiento económico con inclusión social en Paraguay”. Dentro de este plan se propone la realización de la reforma agraria integral con reactivación de la agricultura familiar.

No es mucho más lo que puede apuntarse en dirección a lo que pomposamente el gobierno había anunciado como reforma agraria. Las viejas estructuras que respaldan la ocupación del territorio por el capital, continúan imponiéndose tal como se venía dando hasta ahora.

  1. Una guía breve de desafíos importantes y acciones concretas que convertirían el dolor paraguayo en un buen vivir, o al menos en un vivir decente para su población

Debe tenerse claro que no podrá haber desarrollo rural en el país sin que haya un desarrollo nacional. Lo rural y lo nacional en el Paraguay están —por ahora y por un buen tiempo— indisolublemente unidos. Hablar entonces de reforma agraria, desarrollo rural, consolidación de la agricultura familiar campesina y conceptos análogos, implica plantearse necesariamente la cuestión nacional. Es preciso entonces partir de los desafíos amplios, de largo plazo, vinculados al acontecer internacional, para llegar entonces a sugerir acciones concretas que respondan a aquel fin.

La crisis financiera, económica y social iniciada en la segunda mitad de 2008 a nivel mundial, mostró muchas cosas que no vienen a cuento enumerar, pero rescato una: el sistema financiero debe actuar bajo controles y fi scalización del Estado para cumplir aquello para lo cual existe, fi nanciar la producción. Si no existe esa supervisión pública, el capital fi nanciero seguirá conduciendo económicamente al país, y solo aquellas actividades primadas por el capital multinacional, tendrán el apoyo fi nanciero necesario, el resto será timba especulativa.

El anunciado pico del petróleo, documentadamente notificado, tendrá consecuencias devastadoras en países como el nuestro, tanto por el aumento del precio de los hidrocarburos y sus impactos sobre el transporte, como por la dependencia actual de la agricultura de los derivados del petróleo[10], lo cual a su vez producirá un…

Aumento generalizado de los precios de los alimentos[11], lo que no es difícil imaginar, tendrá a su vez un efecto demoledor sobre el aumento de la pobreza, la desnutrición y la salud en general.

Hay muchos otros desafíos planteados en el escenario mundial que deberían ser tomados en cuenta para pensar lo que exige el presente, de cara a un proyecto de país a futuro. La inviabilidad de un modelo de “desarrollo” basado en las exportaciones de materias primas; la supeditación tecnológica de países como el nuestro, incapaces siquiera de desarrollar tecnología apropiada moderna y eficiente para lo que es lo más propio del país, la agricultura; la biopiratería, fi nanciada por las multinacionales farmacéuticas y fuertemente apoyada por las ONG conservacionistas internacionales; la enajenación del territorio nacional a manos de personas y corporaciones extranjeras; la contaminación genética del germoplasma autóctono; la alienación cultural del pueblo por la acción de las corporaciones mediáticas que funcionan bajo el patronato de gigantescas “industrias del ocio y la información”; la sostenida disolución de la calidad y cobertura de la educación pública; la presencia de tropas y oficialidad extranjera que actúan en nuestro territorio; la hegemonía de los organismos multilaterales en el dictado de las políticas económica, fi scal y monetaria del país. En fi n, el listado puede continuarse, es el listado que enumera las características de un Estado fallido.

Se trata, pues, de dejar de ser un failed state, lo cual no es tarea fácil, es prácticamente como reconstruir el país.

Pero volviendo a la cuestión propiamente agraria, ¿qué plantean los desafíos globales arriba enunciados?

  • Que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda trabajen coordinadamente y bajo una conducción política clara, para definir el funcionamiento del sistema fi nanciero (y económico) del país, de modo que el crédito llegue de manera oportuna y a tasas de interés compatibles con la condición económica que se vive.
  • La certeza, en el horizonte temporal, del pico del petróleo (y de los severos cambios climáticos) debiera obligar a las autoridades a diseñar un modelo de agricultura cada vez menos dependiente de sus derivados, lo cual significa un apoyo por parte de las políticas públicas, para aumentar la productividad y la rentabilidad de la agricultura campesina, así como reorientar recursos hacia un sistema de transporte basado menos en el petróleo y más en energías renovables.
  • En la misma dirección, tomando en cuenta el sostenido aumento del precio de los alimentos[12], parecería aconsejable diseñar e implementar efectivamente un programa de soberanía alimentaria basado en el subsidio a la producción de una cantidad mínima anual (y mantenimiento de stocks) de alimentos básicos de la población; utilizar la producción local campesina de alimentos, para abastecer los desayunos y almuerzos escolares, los programas de ayuda social, y a establecimientos públicos con alta concentración de personas (hospitales, cárceles, cuarteles y otros).
  • Pensar desde ya en un modelo de desarrollo rural diversificado, basado no exclusivamente en la exportación de dos o tres rubros (como es ahora el caso con la soja y la carne), sino en la producción y exportación de alimentos elaborados o semielaborados. Parecería ser una opción perfectamente realizable y más acorde con los desafíos que augura el escenario internacional.
  • Resulta desde luego, imprescindible para lo anterior, encarar de manera ordenada, aunque firme, la implementación de políticas conducentes a reformar el sector agrario, distribuyendo tierra con criterio productivo, dando participación al campesinado en el diseño y ejecución de estas políticas, proveyendo un nuevo marco normativo e institucional para el sector, lo cual no sería posible en las actuales condiciones políticas si no es por la vía de una reforma constitucional importante.

En el Anexo se detallan algunas medidas[13], que implementadas aisladamente no producirían un efecto apreciable, pero que tomadas conjuntamente pueden suponer un cambio verdaderamente importante en el funcionamiento del Estado. Supondrían una distribución de los recursos y factores de producción, que es absolutamente necesario para que, en un plazo prudencial, el país deje de ser un Estado fallido.

Anexo

Algunos problemas y sus desafíos concretos en materia de agricultura campesina en el país.

 

Problemas Desafíos y acciones prioritarias
De carácter social
Empobrecimiento de la población campesina. Intensificación de la migración campo-ciudad. Entre otras causas, por la inseguridad alimentaria provocada por la falta total de apoyo a la diversificación productiva. Fomento del arraigo a través de una política de Estado de apoyo a la producción campesina, a sus colonias y asentamientos. En particular, un programa de apoyo a la diversificación productiva. Se debe incluso contemplar el subsidio a determinados bienes y servicios a ser puestos a disposición de la economía campesina.
Altísima concentración de la tierra (Gini: 0.93 según FAO). Encarar un programa de reforma agraria que apunte específicamente a la desconcentración de la tierra.
Inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra por parte de una amplia franja de pequeños productores. Apoyar toda forma de saneamiento jurídico sobre la ocupación de la tierra campesina. Fomento del arraigo a través de una política de Estado de dotación de infraestructura social a asentamientos y colonias campesinas, así como de ordenamiento territorial participativo.
Gran cantidad de campesinos sin tierra, estimándose su número en aproximadamente 200 mil. Creación de un fondo de tierras a disposición del INDERT, utilizando mecanismos tales como: recuperación de excedentes fiscales, desafectación de propiedades del Estado, recuperación de tierras mal adjudicadas, expropiación, etcétera.
Pérdida creciente de conocimientos autóctonos sobre técnicas productivas. Crear programas especiales de capacitación para jóvenes rurales con el énfasis puesto en la revalorización de la identidad y cultura campesina, y el desaliento a la emigración. De la misma manera, para la mujer rural.
Desvalorización de la cultura e identidad campesina y desapego creciente de los/as jóvenes rurales sobre la actividad agrícola.
Fuerte discriminación a la mujer rural, su trabajo, su rol en la familia, su participación en organizaciones. Realización de campañas a favor de la participación femenina en organizaciones e instancias de gobierno, principalmente en niveles locales.
Falta de unidad de las organizaciones de pequeños productores agrícolas; cooptación política y económica por parte de las autoridades, de los líderes de las organizaciones. El MAG debiera propender a la creación de una única instancia de diálogo con organizaciones campesinas, apoyando lo que sería un Foro Nacional de Agricultura Familiar Campesina.
Falta de una educación relevante. El sistema escolar no es funcional al mundo rural y no existen programas de capacitación en áreas como educación ambiental, técnicas alternativas de producción, salud, y otras. Reestructurar los servicios de educación en general y de la educación agropecuaria de nivel medio y de los IPA, de modo a convertir sus instituciones en focos de investigación y difusión de conocimientos y técnicas. Apoyar iniciativas que tiendan a una reforma efectiva del sistema educativo formal para el sector rural, ampliando el porcentaje de regionalización curricular, la capacitación especial del docente, y otros.
Referidos a las políticas públicas sectoriales
Falta de apoyo estatal a asentamientos y colonias campesinas. Falta de infraestructura social y productiva. Reducción socialmente irresponsable del gasto público. Potenciar la CEPRA, dotándola de fondos genuinos y suficientes y otorgándole mayor peso político para efectivizar la coordinación inter institucional.
Falta de regulación para la venta indiscriminada

de tierra a empresarios extranjeros.

Buscar mecanismos administrativos que impidan o al menos dificulten la compra de tierras por parte de extranjeros. Difundir datos de la Comisión Interinstitucional de Zona de Seguridad Fronteriza (CISOZEF).
Inadecuado marco normativo e institucional para encarar procesos de apoyo a la economía y la sociedad campesina en un escenario de equidad distributiva. El actual marco normativo e institucional es funcional a un modelo de concentración. Encarar un programa de modernización institucional del sector y revisión exhaustiva de la legislación agraria actual en la que hay omisiones, aberraciones, superposiciones y contradicciones.
Falta de continuidad de políticas por la muy alta rotación (con criterios meramente político-partidarios) de las autoridades administrativas del sector. Elección de ministros y miembros del gabinete en base a criterios técnicos. Eliminar el cuoteo como mecanismo de asignación de cargos.
Falta de participación de los actores subalternos en el sistema de toma de decisiones (INDERT, MAG y otros). Lograr que las instancias en las que se toman decisiones sectoriales cuenten con la participación de representantes de las organizaciones campesinas.
Se desestima dogmática y acríticamente el establecimiento de un programa de subsidios a la producción campesina, lo cual implica –entre otras cosas– el desinterés gubernamental por la seguridad alimentaria del país. Instaurar un sistema de subsidios a la agricultura campesina orientada al abastecimiento alimentario del mercado interno.
Estructura fi scal regresiva que atenta contra las posibilidades de fi nanciamiento al sector. Reforma del sistema tributario, adoptando criterios de progresividad, en particular, en lo referente a la carga impositiva de las propiedades mayores, de modo a liberar tierra para el mercado. Con la reforma del sistema impositivo, se podría disponer de financiamiento para el sector.
Débil capacidad negociadora de los gobiernos ante países de la región, ante el MERCOSUR, y ante organismos multilaterales de comercio internacional, especialmente en materia de comercio agrícola. Idoneidad y compromiso con las metas del gobierno, debieran ser exigencias centrales para el nombramiento, en Cancillería, de los encargados de la política exterior en materia de comercio agrícola.
Ausencia casi completa de tecnología adecuada a los requerimientos de la agricultura de los pobres rurales. Dar apoyo económico a la Dirección de Investigación Agrícola (DIA), Dirección de Educación Agraria (DEA), Instituto Agronómico Nacional (IAN) y otros organismos pertinentes, para el desarrollo de tecnologías adecuadas a la producción campesina.
La asistencia técnica –cuando existe– está dirigida a los rubros de exportación de fincas mayores. Es inadecuada para la producción campesina. Reorientar los servicios de asistencia técnica según el interés de los pequeños productores.
Prácticamente nulo desarrollo de las microagroindustrias bajo control campesino. Brindar apoyos crediticios e impositivos para la instalación de agroindustrias, especialmente Programa de Desarrollo Empresarial para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), bajo control de cooperativas u organizaciones campesinas.
Degradación de los suelos y caída sostenida de los rindes productivos especialmente en tierras de asentamiento campesino, sin una política de recuperación de los mismos. Diseñar e implementar un programa nacional de recuperación de suelos para zonas de producción campesina.
Fracaso del proceso de descentralización por: insuficiencia de recursos, escaso poder político de autoridades regionales y locales, corrupción generalizada de las

mismas.

No insistir en transferir a los poderes locales (gobernaciones y municipios) funciones que puedan resultar estratégicas para el desarrollo rural.
Criminalización de la lucha social. Persistencia de prácticas autoritarias de los representantes del poder político, administrativo, militar y policial en las comunidades rurales. Des-criminalizar la protesta campesina y considerar la demanda social insatisfecha, objeto de preocupación, para una mayor gobernabilidad.
Falta de reglamentación del nuevo Estatuto Agrario que permita implementar de manera efectiva las formas alternativas de tenencia de la tierra en él contempladas. Reglamentación del nuevo Estatuto Agrario para permitir la implementación efectiva de las formas alternativas de tenencia de la tierra en él contempladas.
Referidos a la expansión de la agropecuaria de exportación
Expansión de la agricultura empresarial y farmer para ampliación del área de cultivo de soja transgénica. Revisión del marco jurídico y presentación de proyectos de ley para; i. controlar la compra de tierra por parte de extranjeros; ii. frenar la expansión del cultivo de la soja; iii. frenar la utilización de organismos genéticamente modificados hasta que sus efectos sean exhaustivamente conocidos: iv. penalizar severamente las agresiones a los recursos naturales.
Destrucción acelerada de los recursos naturales: deforestación, contaminación de cursos de agua, uso intensivo de agrotóxicos. Proveer los recursos necesarios para que la SEAM, SENAVE, Dirección de Toxicología y otros organismos pertinentes, desarrollen con eficiencia su tarea.
Pérdida acelerada del patrimonio genético autóctono. Apoyar la implementación de un programa de creación de bancos locales de semillas, para la preservación del patrimonio genético.
De carácter económico
Muy altas tasas activas de interés del sistema fi nanciero, y amplio spread (propagamiento) con las tasas pasivas. A tono con el nuevo clima internacional en materia financiera, el Banco Central debiera diseñar mecanismos de control sobre el funcionamiento del sistema financiero privado multinacional que opera en el país.
Ausencia significativa de la banca pública para el financiamiento de la agricultura campesina. Posibilidad de la implementación de propuestas de reforma conservadora y neoliberal de la banca pública. Reestructurar el sistema de la banca pública buscando la efectiva democratización del crédito.
Muy alto componente importado de los insumos de la producción agropecuaria (los insumos de la agricultura de exportación producen déficit en el comercio exterior). Estimular la producción nacional, en particular aquella orientada a la elaboración de insumos y de tecnología adecuada para la producción agrícola y pecuaria, de manera a disminuir el componente importado de la producción nacional.
Estrechez del mercado, para la producción de los pobres rurales. Redes de comercialización controladas por agentes especulativos. Brindar apoyo técnico y jurídico a instituciones, grupos u organizaciones dedicadas a la comercialización de la producción campesina (tanto interna como internacional), buscando disminuir los eslabones de intermediación entre el productor y el consumidor.
Falta de mecanismos y oportunidades para la inserción de organizaciones de pequeños productores, de comercializar internacionalmente de manera directa su producción. Flexibilizar el marco normativo administrativo y otorgar a las organizaciones campesinas la capacidad de realizar por sí mismas, operaciones de comercio exterior. Potenciar y sanear el cooperativismo nacional.
Deterioro sostenido de los términos de intercambio de la fi nca campesina con agentes económicos externos. Efecto desestructurador de los cambios en el sistema de precios relativos internos de la economía. Ejercer un efectivo control de los precios de los productos campesinos, interviniendo en el mercado. Ofrecer precios de garantía al pequeño productor.
Peligro de privatización de los acuíferos del subsuelo. La iniciativa de descentralización de los servicios de agua potable implica un debilitamiento del poder de negociación del actor nacional ante las transnacionales. Declarar los bienes del subsuelo paraguayo (incluyendo el agua) como patrimonio nacional no sujeto a privatización. Impedir la descentralización de los servicios de provisión de agua potable a la población.
  1. “Nos limitaremos a citar un ejemplo: en 1864, el embajador inglés en Buenos Aires, Edward Thornton, envió un informe a Londres sobre el comportamiento del presidente de Paraguay, Francisco Solano López, explicando cómo “estaba infringiendo todos los usos de las naciones civilizadas”. Textualmente, los delitos eran los siguientes: “Los derechos de importación sobre casi todos los artículos son del 20 o 25 por 100. Los derechos de exportación son del 10 al 29 por 100”. En 1865, Brasil, Argentina y Uruguay, financiados por los bancos ingleses, invadieron Paraguay y lo “civilizaron”: exterminaron a cinco sextas partes de la población. En 1865, Paraguay tenía un millón y medio de habitantes; en 1870, al final de la guerra, 250.000”. Fernández Liria, C., Fernández Liria P. y L. Alegre Zahonero. (2007) Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de derecho, (2.ª Edición), Madrid, Akal.
  2. De ahí que festejar el bicentenario es, cuanto menos, una chiquilinada. O como lo pone Meliá: “El Paraguay no fue colonizado; está siendo colonizado hoy, con más fuerza y rapidez que en años y siglos anteriores”. Meliá, B. (2009) “Pueblos indígenas en el Paraguay, ¡esos desconocidos!”. En Acción, No. 300, 15-16, noviembre.
  3. A veces directamente, como en el caso de empresas extranjeras que se instalan principalmente en el Alto Paraná para la producción de maíz y soja; en otros indirectamente, a través de la “venta” de tierras públicas a amigos del régimen que —especulación inmobiliaria mediante— la traspasan a propietarios extranjeros.
  4. Entre 1974 y 2000 (26 años) la soja pasó de 40 000 a 1 millón de hectáreas. Entre 2000 y 2009 se llegó a 1 millón 600 000 hectáreas. Esto es, en nueve años casi duplicó el área de siembra alcanzada en un cuarto de siglo.
  5. Este apartado está basado en el artículo de Riquelme, Q. y T. Palau (2009) “Desafíos pendientes de concretarse. Reforma agraria y desarrollo rural”. En, Por un Paraguay sin discriminaciones. Informe Derechos Humanos en Paraguay 2009, Asunción, Codehupy/PIDHDD.
  6. El otro grupo parlamentario de derechas, el partido Patria Querida y las dos minúsculas fracciones de la social democracia, hacen coro, en general, al destemplado concierto de los que para nada quieren un cambio del actual estado de cosas.
  7. Es interesante traer a colación al respecto la siguiente cita: “En Alemania y en todas partes, es el capital el que manda a los políticos. El capital ha convertido la política económica en algo parecido a la meteorología: un fenómeno ajeno a toda voluntad de gobierno. Un capital enloquecido que nos ha llevado a la crisis, es quien gobierna a nuestros políticos, que son meros gestores. Y no al revés”. Rafael Poch de Feliú (2009) Burbuja especulativa de materias primas. Nos llevan a un segundo batacazo, La Vanguardia.
  8. Cuyo más reciente regalo para la ciudadanía es un nuevo proyecto de ley “antiterrorista” a la hechura del colombiano Uribe y para beneplácito de la embajada usamericana.
  9. La CEPRA está conformada por el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), la Secretaría del Ambiente (SEAM), la Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), los ministerios sociales, representantes de organizaciones rurales y de organizaciones sectoriales involucradas en el proceso de reforma agraria, el Consejo de Gobernadores y el INDERT, que tendrá a su cargo la secretaría ejecutiva.
  10. Que no solo mueve tractores, sino que está en la base de la producción de fertilizantes fosfatados, de muchos de los biocidas, de la mecanización agrícola propiamente tal, de la comercialización de la producción, del procesamiento de las materias primas, y hasta el desplazamiento de los consumidores hacia los centros de compra.
  11. Dice al respecto George Monbiot en The Guardian: “El reto de alimentar a siete mil u ocho mil millones de personas mientras se reducen los suministros de petróleo es increíble. Pero será todavía mayor si los gobiernos pretenden que no va a suceder”. Monbiot, G. (2009) Al menos, salvemos la agricultura, www.rebelion.org, 23-11.
  12. Aunque en general, el de todas las materias primas, que aumentan de precio a nivel internacional no solo por un incremento de la demanda, sino también por ser considerados dichos activos como “refugios” seguros (y muchas veces especulativos) ante las cada vez más frecuentes crisis económicas internacionales.
  13. Se trata, por supuesto de un listado incompleto, pero básico, de estrategias, políticas, acciones y recomendaciones que —de ser implementadas— darían como resultado un reposicionamiento del sector rural como un factor clave para el desarrollo nacional.