Revista ACCIÓN N.º 242 – abril, 2004. CEPAG.
El festín de algunos es para otros el adiós a su condición de agricultor.
El destemplado afán por aprovechar las oportunidades del precio internacional y la necesidad del gobierno —presionado por el FMI— de lograr un crecimiento del PIB por encima del crecimiento de la población, conjuga una situación extremadamente delicada para miles de agricultores campesinos que se resisten a abdicar de su condición de tales y de su histórica defensa de la identidad paraguaya. Un breve recuento histórico sobre el capitalismo en la agricultura paraguaya.
En nuestro país, las relaciones sociales de producción han estado siempre muy atrasadas y el capitalismo, solo imperfectamente, ha incursionado hasta hoy en el conjunto de nuestra economía, especialmente en la agricultura, en la que se da la coexistencia de una agricultura capitalista altamente mecanizada, de tipo farmer, con formas precapitalistas (además de la campesina) de explotación de la tierra y de la fuerza de trabajo[1].
Mientras en otros países de la región la agricultura capitalista ya estaba consolidada hacia fines del siglo 19, en el Paraguay la primera forma clara de presencia de dicha manera de explotación agrícola se inicia con la colonización europea y japonesa que se instala en Itapúa a partir de las décadas de los años 20 y 30. Es agricultura farmer, pero queda circunscrita a esa región. No se expande y coexiste (aunque no sin problemas) con la escasa población campesina que la rodea. Eran épocas en que la densidad poblacional era baja y había sobreabundancia de tierra.
Una segunda forma de presencia de la agricultura capitalista en el país fue a través del Plan del Trigo impulsado por Stroessner a comienzos de la década de los 60. Aprovechando la “revolución verde” y el apoyo norteamericano después de la Reunión de Montevideo con Kennedy sobre la Alianza para el Progreso en 1961[2], la dictadura estima que el Paraguay debe ser autosuficiente en trigo. Stroessner reparte la tierra y asigna los fondos entre empresarios “amigos”, en realidad pseudo empresarios. El Plan fracasa a los pocos años. Las Ligas Agrarias empiezan a desarrollarse como reacción a la ocupación capitalista de los medios de producción, precisamente en Misiones, donde se inicia dicho Plan.
Hasta finales de los años sesenta así, la agricultura capitalista apenas tenía presencia en el país, caracterizado en su estructura agraria por la dualidad latifundio/minifundio. Las primeras colonizaciones iniciadas por Juan Manuel Frutos desde el recientemente creado IBR (en 1963) en el Eje Este (Repatriación, O’Leary y J.L. Mallorquín) y en el Eje Norte (Choré), el latifundio ganadero y el latifundio forestal sería un intento fallido por desconcentrar la propiedad de la tierra. Pero esta colonización sienta las bases fundiarias para lo que vendría inmediatamente después.
En efecto, la primera oleada significativa (y devastadora) de la agricultura capitalista se da con el ingreso de brasileños por expansión de la frontera de la soja, en los estados del sur de Brasil, hacia fines de dicha década y durante toda la década de los 70. Es la ofensiva más importante de la agricultura capitalista farmer sobre la campesina, registrada hasta la fecha. En los Departamentos de Alto Paraná, norte de Itapúa y la mitad oriental del de Canindeyú produce resultados ecológicos desastrosos. Colonias antiguas pobladas por campesinos paraguayos creadas por el Instituto de Reforma Agraria en décadas anteriores, y colonizaciones nuevas, como la de Minga Guazú, son ocupadas por brasileños y se expulsa a campesinos paraguayos, quienes se limitaron a ocupar precariamente la tierra hasta haberla desmontado de modo a que sean aptas para las labores mecanizadas. Esta ofensiva se atenúa durante la segunda mitad de la década de los 80 y primera de los 90. A partir de la segunda mitad de la década pasada, se empieza a insinuar un nuevo rebrote de la inmigración brasileña, esta vez hacia el Alto Paraguay, pero con fines principalmente pecuarios aunque igualmente ruinosos para los frágiles recursos naturales de esa zona chaqueña.
Ya a comienzos del nuevo siglo, se produce la segunda oleada de la penetración del capitalismo agrario con la soja, pero esta vez ya sobre la soja genéticamente modificada, a partir del ciclo agrícola 1999/2000. Sin disponibilidad de tierras fiscales en esta ocasión, la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte. Los efectos ambientales se agravan por la desaparición de los últimos bolsones de bosque en la región Oriental, así como por el uso indiscriminado de potentes herbicidas y pesticidas. Los efectos sociales, del mismo modo, resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión masiva de familias campesinas de sus tierras.
La situación hoy es mucho más compleja que la que se tenía hace 30 años, cuando se registra la primera expansión de la agricultura capitalista farmer sobre la agricultura campesina.
La reacción de los afectados
No se abordan aquí los aspectos económicos, ambientales o incluso estrictamente políticos de un problema que ya tiene alcance nacional; se intenta una clasificación de cuáles han sido las respuestas sociales de diferentes sectores ante esta verdadera invasión química y de la mecanización.
En principio se puede hablar de tres reacciones; la de la aceptación pasiva del desalojo, la institucional y la de la acción directa.
- Se trata de familias campesinas desalojadas por el poder del dinero. El ofrecimiento es en muchos casos en dólares, en efectivo. Los precios suelen oscilar entre U$ 500 y U$ 1.700 por hectárea y se paga ya sea por tierra titulada, con título provisorio o incluso por “derecheras”[3]. No existen datos oficiales sobre la magnitud del problema. Una estimación —excesivamente grosera— puede ser hecha sobre la base de la expansión del cultivo y las áreas sobre las cuales el mismo se expandió. Según la CAPECO[4] entre el ciclo agrícola 2002/03 y el del 2003/04 el área sembrada con soja aumentó en 350 000 has. De estas, puede estimarse que un tercio corresponden a tierras ganaderas reconvertidas a soja, ya sea por sus propietarios o dadas por estos en arriendo a sojeros. Otro tercio serían tierras no campesinas de distintos tipos de propietarios, obtenidas ya sea por compraventa o por arriendo. Pero al menos un tercio corresponderían a tierras que anteriormente pertenecían a campesinos y que fueron adquiridas por sojeros. Reconocemos que esta estimación no tiene basamento en datos de ningún tipo, son meras estimaciones, pero aún conservadoramente puede hablarse de que aproximadamente 100 000 has. actualmente cultivadas con soja, han pertenecido en el ciclo agrícola previo al 2002/3 a familias campesinas; se trataría de unas 10 000 familias que habrían abandonado sus lotes y chacras (unas 70 000 personas) que ya no viven en el campo, que ya no producen comida, y cuya diversidad productiva se ha perdido.
- Un segundo grupo de afectados ha reaccionado de una manera que podría definirse como “institucional”, a través de sus organizaciones y en alianza con otras organizaciones sociales, de la Iglesia y de los gobiernos descentralizados. La MCNOC, con al menos tres obispos (y buena parte del clero de sus respectivas diócesis), no menos de una docena de intendentes, varios representantes de Concejos departamentales y municipales, unidos a organizaciones de docentes, estudiantes, radios comunitarias y otras, formaron lo que dio en llamarse las “Coordinadoras Departamentales por la Defensa de la Vida y el Medioambiente”. De manera activa se encontrarían funcionando cuatro de ellas. En formación se encuentra también una Coordinadora Nacional de Coordinadoras Departamentales. La adhesión de una parte de la Iglesia jerárquica y de un número significativo de representantes de municipios, da un respaldo especial a las organizaciones campesinas. En conjunto, piensan realizar acciones de concientización a la población, denuncias documentadas de casos de violación a la normativa vigente por parte de los sojeros, así como un petitorio al gobierno que sería presentado próximamente.
- Otro tipo de reacción campesina es aquella que puede considerarse de “acción directa”. Consiste en detener, físicamente, las tareas propias exigidas por el cultivo de la soja. Desde la disuasión directa a los propietarios de no cultivar en determinadas parcelas, bloquear el paso al personal o vehículos que van a fumigar en caminos vecinales, hasta la quema de cultivos terminados y listos para la cosecha. Debe señalarse que hasta hoy nadie ha reconocido la autoría de las quemas: tanto podrían ser realizadas por integrantes de algunas bases de organizaciones campesinas exasperadas por la situación, como resultado de la instigación de políticos que buscan ventajas oportunistas, como realizadas por los mismos propietarios para cobrar sus pólizas de seguro ante otras adversidades que deben afrontar[5], o podrían haber sido realizadas por mandato del propio gobierno para justificar acciones represivas contra los campesinos y sus organizaciones, ante la incapacidad del mismo por encontrar una salida democrática al problema.
En conclusión, por razones que tienen que ver con la necesidad de lograr una cierta velocidad de crecimiento económico, o con el desprecio típico que ha caracterizado a las autoridades nacionales hacia el campesinado, o por ignorancia o por corrupción, las autoridades administrativas y los políticos muestran hasta el momento una criminal indolencia hacia el problema, cuando no complicidad, especialmente por parte de integrantes del Poder Judicial (fiscales y jueces) y de autoridades policiales y militares.
Es indudable, sin embargo, que en poco tiempo la expansión del cultivo de la soja transgénica y el uso de la última generación de biocidas se ha convertido en una cuestión política de la mayor importancia en el país. La delicada situación planteada depende de los criterios que vaya a usar el gobierno para vérselas con la misma.
- En efecto, tal como lo afirma Gilles de Staal, cuando una propiedad es más extensa que varios cantones franceses, u holandeses, o belgas, los habitantes de esas regiones son súbditos del dueño de la tierra o de la empresa que la posee, antes que ciudadanos. ↑
- Este apoyo norteamericano forma parte de la ofensiva anticomunista en toda América Latina por el reciente triunfo de la revolución cubana. ↑
- O sea, meras ocupaciones de tierra sin que el IBR haya iniciado trámites para su correspondiente legalización. ↑
- Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas. ↑
- Inminente aplicación de impuestos a la producción y/o exportación de soja, venta anticipada (a futuro) de la producción a precios muy inferiores a los actuales del mercado internacional, paro de camioneros por reclamos sobre fletes, paro de trabajadores en el puerto de Paranaguá, coimas solicitadas por autoridades políticas, gastos de “custodias” de cultivos (a policías o matones), y otros. ↑
El destemplado afán por aprovechar las oportunidades del precio internacional y la necesidad del gobierno —presionado por el FMI— de lograr un crecimiento del PIB por encima del crecimiento de la población, conjuga una situación extremadamente delicada para miles de agricultores campesinos que se resisten a abdicar de su condición de tales y de su histórica defensa de la identidad paraguaya. Un breve recuento histórico sobre el capitalismo en la agricultura paraguaya.
En nuestro país, las relaciones sociales de producción han estado siempre muy atrasadas y el capitalismo, solo imperfectamente, ha incursionado hasta hoy en el conjunto de nuestra economía, especialmente en la agricultura, en la que se da la coexistencia de una agricultura capitalista altamente mecanizada, de tipo farmer, con formas precapitalistas (además de la campesina) de explotación de la tierra y de la fuerza de trabajo[1].
Mientras en otros países de la región la agricultura capitalista ya estaba consolidada hacia fines del siglo 19, en el Paraguay la primera forma clara de presencia de dicha manera de explotación agrícola se inicia con la colonización europea y japonesa que se instala en Itapúa a partir de las décadas de los años 20 y 30. Es agricultura farmer, pero queda circunscrita a esa región. No se expande y coexiste (aunque no sin problemas) con la escasa población campesina que la rodea. Eran épocas en que la densidad poblacional era baja y había sobreabundancia de tierra.
Una segunda forma de presencia de la agricultura capitalista en el país fue a través del Plan del Trigo impulsado por Stroessner a comienzos de la década de los 60. Aprovechando la “revolución verde” y el apoyo norteamericano después de la Reunión de Montevideo con Kennedy sobre la Alianza para el Progreso en 1961[2], la dictadura estima que el Paraguay debe ser autosuficiente en trigo. Stroessner reparte la tierra y asigna los fondos entre empresarios “amigos”, en realidad pseudo empresarios. El Plan fracasa a los pocos años. Las Ligas Agrarias empiezan a desarrollarse como reacción a la ocupación capitalista de los medios de producción, precisamente en Misiones, donde se inicia dicho Plan.
Hasta finales de los años sesenta así, la agricultura capitalista apenas tenía presencia en el país, caracterizado en su estructura agraria por la dualidad latifundio/minifundio. Las primeras colonizaciones iniciadas por Juan Manuel Frutos desde el recientemente creado IBR (en 1963) en el Eje Este (Repatriación, O’Leary y J.L. Mallorquín) y en el Eje Norte (Choré), el latifundio ganadero y el latifundio forestal sería un intento fallido por desconcentrar la propiedad de la tierra. Pero esta colonización sienta las bases fundiarias para lo que vendría inmediatamente después.
En efecto, la primera oleada significativa (y devastadora) de la agricultura capitalista se da con el ingreso de brasileños por expansión de la frontera de la soja, en los estados del sur de Brasil, hacia fines de dicha década y durante toda la década de los 70. Es la ofensiva más importante de la agricultura capitalista farmer sobre la campesina, registrada hasta la fecha. En los Departamentos de Alto Paraná, norte de Itapúa y la mitad oriental del de Canindeyú produce resultados ecológicos desastrosos. Colonias antiguas pobladas por campesinos paraguayos creadas por el Instituto de Reforma Agraria en décadas anteriores, y colonizaciones nuevas, como la de Minga Guazú, son ocupadas por brasileños y se expulsa a campesinos paraguayos, quienes se limitaron a ocupar precariamente la tierra hasta haberla desmontado de modo a que sean aptas para las labores mecanizadas. Esta ofensiva se atenúa durante la segunda mitad de la década de los 80 y primera de los 90. A partir de la segunda mitad de la década pasada, se empieza a insinuar un nuevo rebrote de la inmigración brasileña, esta vez hacia el Alto Paraguay, pero con fines principalmente pecuarios aunque igualmente ruinosos para los frágiles recursos naturales de esa zona chaqueña.
Ya a comienzos del nuevo siglo, se produce la segunda oleada de la penetración del capitalismo agrario con la soja, pero esta vez ya sobre la soja genéticamente modificada, a partir del ciclo agrícola 1999/2000. Sin disponibilidad de tierras fiscales en esta ocasión, la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte. Los efectos ambientales se agravan por la desaparición de los últimos bolsones de bosque en la región Oriental, así como por el uso indiscriminado de potentes herbicidas y pesticidas. Los efectos sociales, del mismo modo, resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión masiva de familias campesinas de sus tierras.
La situación hoy es mucho más compleja que la que se tenía hace 30 años, cuando se registra la primera expansión de la agricultura capitalista farmer sobre la agricultura campesina.
La reacción de los afectados
No se abordan aquí los aspectos económicos, ambientales o incluso estrictamente políticos de un problema que ya tiene alcance nacional; se intenta una clasificación de cuáles han sido las respuestas sociales de diferentes sectores ante esta verdadera invasión química y de la mecanización.
En principio se puede hablar de tres reacciones; la de la aceptación pasiva del desalojo, la institucional y la de la acción directa.
- Se trata de familias campesinas desalojadas por el poder del dinero. El ofrecimiento es en muchos casos en dólares, en efectivo. Los precios suelen oscilar entre U$ 500 y U$ 1.700 por hectárea y se paga ya sea por tierra titulada, con título provisorio o incluso por “derecheras”[3]. No existen datos oficiales sobre la magnitud del problema. Una estimación —excesivamente grosera— puede ser hecha sobre la base de la expansión del cultivo y las áreas sobre las cuales el mismo se expandió. Según la CAPECO[4] entre el ciclo agrícola 2002/03 y el del 2003/04 el área sembrada con soja aumentó en 350 000 has. De estas, puede estimarse que un tercio corresponden a tierras ganaderas reconvertidas a soja, ya sea por sus propietarios o dadas por estos en arriendo a sojeros. Otro tercio serían tierras no campesinas de distintos tipos de propietarios, obtenidas ya sea por compraventa o por arriendo. Pero al menos un tercio corresponderían a tierras que anteriormente pertenecían a campesinos y que fueron adquiridas por sojeros. Reconocemos que esta estimación no tiene basamento en datos de ningún tipo, son meras estimaciones, pero aún conservadoramente puede hablarse de que aproximadamente 100 000 has. actualmente cultivadas con soja, han pertenecido en el ciclo agrícola previo al 2002/3 a familias campesinas; se trataría de unas 10 000 familias que habrían abandonado sus lotes y chacras (unas 70 000 personas) que ya no viven en el campo, que ya no producen comida, y cuya diversidad productiva se ha perdido.
- Un segundo grupo de afectados ha reaccionado de una manera que podría definirse como “institucional”, a través de sus organizaciones y en alianza con otras organizaciones sociales, de la Iglesia y de los gobiernos descentralizados. La MCNOC, con al menos tres obispos (y buena parte del clero de sus respectivas diócesis), no menos de una docena de intendentes, varios representantes de Concejos departamentales y municipales, unidos a organizaciones de docentes, estudiantes, radios comunitarias y otras, formaron lo que dio en llamarse las “Coordinadoras Departamentales por la Defensa de la Vida y el Medioambiente”. De manera activa se encontrarían funcionando cuatro de ellas. En formación se encuentra también una Coordinadora Nacional de Coordinadoras Departamentales. La adhesión de una parte de la Iglesia jerárquica y de un número significativo de representantes de municipios, da un respaldo especial a las organizaciones campesinas. En conjunto, piensan realizar acciones de concientización a la población, denuncias documentadas de casos de violación a la normativa vigente por parte de los sojeros, así como un petitorio al gobierno que sería presentado próximamente.
- Otro tipo de reacción campesina es aquella que puede considerarse de “acción directa”. Consiste en detener, físicamente, las tareas propias exigidas por el cultivo de la soja. Desde la disuasión directa a los propietarios de no cultivar en determinadas parcelas, bloquear el paso al personal o vehículos que van a fumigar en caminos vecinales, hasta la quema de cultivos terminados y listos para la cosecha. Debe señalarse que hasta hoy nadie ha reconocido la autoría de las quemas: tanto podrían ser realizadas por integrantes de algunas bases de organizaciones campesinas exasperadas por la situación, como resultado de la instigación de políticos que buscan ventajas oportunistas, como realizadas por los mismos propietarios para cobrar sus pólizas de seguro ante otras adversidades que deben afrontar[5], o podrían haber sido realizadas por mandato del propio gobierno para justificar acciones represivas contra los campesinos y sus organizaciones, ante la incapacidad del mismo por encontrar una salida democrática al problema.
En conclusión, por razones que tienen que ver con la necesidad de lograr una cierta velocidad de crecimiento económico, o con el desprecio típico que ha caracterizado a las autoridades nacionales hacia el campesinado, o por ignorancia o por corrupción, las autoridades administrativas y los políticos muestran hasta el momento una criminal indolencia hacia el problema, cuando no complicidad, especialmente por parte de integrantes del Poder Judicial (fiscales y jueces) y de autoridades policiales y militares.
Es indudable, sin embargo, que en poco tiempo la expansión del cultivo de la soja transgénica y el uso de la última generación de biocidas se ha convertido en una cuestión política de la mayor importancia en el país. La delicada situación planteada depende de los criterios que vaya a usar el gobierno para vérselas con la misma.
- En efecto, tal como lo afirma Gilles de Staal, cuando una propiedad es más extensa que varios cantones franceses, u holandeses, o belgas, los habitantes de esas regiones son súbditos del dueño de la tierra o de la empresa que la posee, antes que ciudadanos. ↑
- Este apoyo norteamericano forma parte de la ofensiva anticomunista en toda América Latina por el reciente triunfo de la revolución cubana. ↑
- O sea, meras ocupaciones de tierra sin que el IBR haya iniciado trámites para su correspondiente legalización. ↑
- Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas. ↑
- Inminente aplicación de impuestos a la producción y/o exportación de soja, venta anticipada (a futuro) de la producción a precios muy inferiores a los actuales del mercado internacional, paro de camioneros por reclamos sobre fletes, paro de trabajadores en el puerto de Paranaguá, coimas solicitadas por autoridades políticas, gastos de “custodias” de cultivos (a policías o matones), y otros. ↑
