Revista ACCIÓN N.º 246 – agosto, 2004. CEPAG.
En un reciente trabajo, Halimi[1] trae a colación una lapidaria sentencia: “En los próximos veinticinco años casi todos los países registrarán una desintegración física”[2]. Estas afirmaciones coinciden con un reciente estudio de la agencia de calificación Standard & Poors según la cual “todos los sistemas públicos van a derrumbarse a la vez”. Estima que en países tan desarrollados como Alemania, Francia y otros, el endeudamiento alcanzará a más del 200 % del PIB y a 700 % en Japón[3]. La situación, por supuesto, no será mejor en los países latinoamericanos.
El proceso de la desintegración de los Estados no es algo que vaya a ser hecho de un día para otro. Es largo, pero no admite pausas, vale decir, se hace cada día.
Una primera pregunta que uno puede hacerse es: ¿y después de los Estados qué? La respuesta es bastante simple: gobernarán las corporaciones multinacionales, que son las que dictarán las normas de funcionamiento y comportamiento, no solo de las economías, sino también de la política y de la cultura. Ya existen en funcionamiento múltiples instancias “supranacionales” que regulan una creciente multiplicidad de decisiones que son tomadas fuera de los ámbitos nacionales y que afectan de manera directa la vida cotidiana de todos los ciudadanos, instancias que están controladas por estas multinacionales. Entre ellas, la OMC, el FMI, el BM, la OCDE y varias otras.
Al trasladar esta dinámica del capitalismo —básicamente especulativo— mundial a nuestro país, no podemos menos que encontrarnos desconcertados por dos hechos: por la velocidad con que el Estado paraguayo viene desintegrándose (perdiendo soberanía) y por la funcionalidad del sistema de partidos políticos (particularmente del Colorado) a este proceso.
Duarte Frutos y su administración, a un año de haber asumido el cargo, se muestra tanto o más agresivo que sus predecesores neoliberales de la “transición” en transferir los activos públicos nacionales a empresas extranjeras por vía de la profundización de las “reformas” neoliberales.
Son varias y muchas de ellas imperceptibles, las transferencias que se fueron haciendo durante este año y que tienen como destino final la aludida desintegración física y económica del Estado paraguayo. En efecto, se trata de la sustitución del Estado por las corporaciones transnacionales y sus organismos de gestión antes mencionados. Para ello hace falta ir, poco a poco y lo más calladamente posible (para que la ciudadanía no se dé cuenta), transfiriendo las riquezas y las decisiones sobre ellas.
Así tenemos el caso que una riqueza natural importante del país es, sin duda alguna, la fertilidad de sus suelos (o lo que queda de ella). Se abrieron las puertas para que colonos extranjeros y algunos paraguayos, la utilicen para invadirla con organismos genéticamente modificados, no solo soja, sino una variedad de algodón (que desde hace algunos años viene usándose sin que haya transcendido a la prensa) y próximamente maíz. Esa misma tierra es generosamente rociada con 40 litros de un potente herbicida por hectárea, para volverla en no más de siete años, perfectamente estéril. La Monsanto se apodera así —con la complicidad gubernamental— de lo que necesita para acumular más ganancias, vendiendo sus semillas y sus biocidas, en nombre, vaya a saber de qué dinamización del PIB agrícola. Mientras tanto, tierra, montes y agua, desaparecen o son contaminados ante la cómplice distracción de políticos, parlamentarios y de nuestro extrovertido presidente. Con la soja exportada se van también la soberanía económica, territorial y hasta cultural.
La derogada Ley 1615 de Privatizaciones, frenada durante la administración González Macchi en junio de 2002, está en puertas de ser reactivada con algunas modificaciones, para que continúe el traspaso de empresas públicas al capital privado internacional. Si bien es cierto que algunos parlamentarios colorados se oponen a ella, los demás junto con la “oposición” parecen estar dispuestos a concretar esta entrega.
El desfinanciamiento a que se ven sometidas las cajas y los fondos de jubilaciones y pensiones, ya sea por vía de administraciones puestas para llevarlas a la quiebra, o por fraudulentos cracks bancarios (como los de 1995 y 1997 durante Wasmosy) que diezmaron los fondos del IPS o de las Cajas de Funcionarios Bancarios y la Fiscal, son un preludio del traspaso a programas privados de sistemas de capitalización que suplantarán a los ahora vigentes, que son públicos y de reparto.
Una estrategia similar viene siendo utilizada con empresas públicas a cuyo frente se ha puesto a personas que tienen como misión fundamental, descapitalizarlas. La idea es demostrar al público usuario cuán ineficientes son estas empresas bajo gestión pública, y a la vez hacer disminuir propositadamente su valor para que, llegado el momento de su privatización, la misma esté “legitimada” y cueste una quinta parte de su valor real para las transnacionales que las adquirirán. La administración Duarte Frutos se ha mostrado notablemente eficiente en este tipo de estrategias.
Otro tanto ocurre con la salud pública, que se encuentra en estos momentos operativamente desfinanciada. El objetivo de mediano plazo es disminuir al mínimo socialmente aceptable la prestación de servicios de salud por parte del Estado, para su paulatina privatización, que ya está empezando, por un lado, por lo que está ocurriendo en el IPS y por otro, por las tratativas de compra de las empresas de medicina prepaga por parte de multinacionales que se dedican al mismo negocio.
La educación superior pública gratuita ya ha desaparecido. Todos los alumnos de todas las facultades de la Universidad Nacional de Asunción, deben pagar algo. Este arancelamiento de los servicios públicos universitarios, más la proliferación de empresas privadas autorrotuladas “universidades” nos muestran el desolador panorama de la instrucción convertida en mercancía. El proceso, si bien no completado, se da también en los bachilleratos y en la Educación Escolar Básica.
En materia de prospección y explotación de las riquezas del subsuelo, la entrega es mayúscula, aunque debe reconocerse, viene de hace ya varias décadas. La prospección petrolífera, desde sus inicios en el Paraguay, ha sido concesionada a consorcios transnacionales y continúa siéndolo. Lo nuevo se da con la prospección gasífera, también concesionada, así como la prospección de minerales preciosos. El caso del agua es incluso más dramático: se conoció hace poco que se encuentran registradas en el país algo más de 4.700 empresas que tienen intenciones de competir en la búsqueda y explotación de agua potable, más del 90 % de las mismas son empresas extranjeras o multinacionales. Se habla incluso de una nueva ley de explotación de recursos del subsuelo, que substituiría a la ya obsoleta que se encuentra en vigencia. La ciudadanía paraguaya no conoce el texto del anteproyecto de ley, ni conoce a ciencia cierta por quiénes está siendo elaborado.
La venta de tierras a grandes empresas extranjeras es ya también una realidad. Una importante aunque no cuantificada cantidad de territorio nacional, es hoy propiedad de empresas extranjeras o multinacionales: 400 000 hectáreas en Puerto Casado son del consorcio Moon; en Alto Paraná la Shell Corp. posee una no conocida cantidad de tierra; la frontera —principalmente con el Brasil— ha sido, en su gran mayoría, vendida a propietarios brasileños.
La liquidación del ferrocarril, de la Flota Mercante del Estado para el transporte de carga y pasajeros, y de los servicios aéreos de las Fuerzas Armadas (TAM) e incluso privados nacionales (LATN), ha sido ya completada. El ferrocarril (y el transporte eléctrico en general), debido a las fuertes presiones de las multinacionales del petróleo. Estas últimas tienen un control que sería completo en el país, de no ser por el uso aún importante del carbón y la leña como combustible doméstico en las áreas rurales. Por lo demás, hasta han presionado para que la generosa oferta del Pdte. Chávez de Venezuela sea desechada para seguir comprando un petróleo y sus derivados a países vecinos, a un precio mucho más alto. La bodega para fletes fluviales está totalmente en manos privadas, así como el transporte aéreo nacional. Tanto el transporte fluvial de pasajeros como el aéreo de cabotaje, cumplían una función social importante de interconexión entre pueblos y ciudades que hasta hoy quedan aislados en caso de lluvia (la ribera del Alto Paraguay, Alberdi y muchas otras).
La destrucción de la banca pública de fomento y el intento de acogotamiento de las cooperativas de ahorro y préstamo, no son sino el resultado concreto de las presiones del FMI y la banca privada multinacional para quedarse con la totalidad del mercado financiero nacional, restándole de este modo casi total soberanía al país para dictar y regular la política crediticia nacional.
La privatización de los servicios de asistencia técnica a agricultores, ya iniciada y que será profundizada en caso de que se implemente la anunciada reforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería, representa, por otro lado, a la vez, un marginamiento aún mayor de la pequeña agricultura campesina de estos servicios (ya que no podrá pagarla), y una entrega de este importante servicio a las empresas multinacionales de semillas, fertilizantes, agrotóxicos y maquinarias y a sus importadores.
La lista de entrega de las riquezas nacionales al nuevo poder mundial es extensa. Esta entrega está garantizada con el mantenimiento y aumento de la deuda externa, que se presenta como el más importante yugo para el sometimiento de las autoridades económicas al FMI. Esta se comporta claramente como un instrumento de dominación. El actual gobierno, secundado por los políticos de turno, han mostrado su superficialidad para un enfoque hondo y responsable del endeudamiento.
Este rechazo a reconstruir el proceso de formación de la deuda externa paraguaya, su discriminación en bloques, algunos tan anómalos como el de la estatización de la deuda privada, ignorar el pasado, prometer en campaña una auditoría de la misma y no cumplir luego, son parte de esta entrega de la soberanía y de los activos nacionales a las multinacionales y con ello, se van dando los pasos que conducen directamente a la desintegración del Estado Nacional paraguayo.
- Halimi, Serge (2004): “En la tenaza de las privatizaciones”. En Le Monde Diploma— tique, Ed. Cono Sur, junio, 10-13. ↑
- Paivi Munter y Norma Cohén (2004): “Debt crisis threatens fiscal Armageddon”. En
Financial Times, Londres, 1 abril. ↑
- Actualmente, el techo fijado por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea es del 60 %. ↑
