El concepto ha sido acuñado por Oswaldo Rivero, autor, entre otros, de El mito del desarrollo, Mosca Azul Editores, Lima, 1998. Publicado en Diario La Nación, 3 de junio de 2004.
Los recientes asesinatos de Emilio Aguirre Rojas y Felicita Estigarribia volvieron a suscitar el debate público sobre la inseguridad ciudadana. Sus causas son complejas y las soluciones son políticas.
La violencia fue, hasta hace un tiempo, patrimonio exclusivo de los gobiernos corruptos, autoritarios. Cuando Stroessner, tal es el caso, la violencia era patrimonio exclusivo del gobierno. Desde hace unos años, sin embargo, varios grupos se disputan el monopolio de la violencia, además de los gobiernos corruptos que hemos tenido y tenemos. Cuando esto sucede, un Estado-nación como el nuestro, en vías de desarrollo, hace implosión y se transforma en una Entidad Caótica Ingobernable (ECI), al decir de Rivero.
Según este autor, las ECIs se caracterizan por la incapacidad del Estado para mantener el territorio nacional y la población bajo su control. Sectores enteros de la economía, ciudades, departamentos, regiones, caen bajo el yugo de los nuevos señores de la guerra, narcotraficantes o mafias o delincuentes. La legalidad, el orden público y los atisbos de sociedad civil se volatilizan. Es nuestro caso.
Una reflexión introductoria al tema lleva a identificar al menos dos grandes grupos de causas. Una tiene que ver con los problemas macro, o sea, de la estructura social. Otras tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones.
Autores como Ramonet y otros, consideran que en un mundo de desigualdades agravadas, se incrementa la guerra social. Se dan nuevas y agresivas formas de violencia; la violencia económica que ejercen los dominadores sobre los dominados, estimulados por la mundialización liberal. En este modelo las desigualdades alcanzan dimensiones inéditas. Literalmente sublevantes. Se da especialmente la violencia de los pobres contra los pobres y algunas formas primitivas, prepolíticas de rebelión que se manifiestan a través de la delincuencia, la criminalidad, la inseguridad.
Riveros apunta que las ECIs constituyen un fenómeno reciente, producto de la falta de viabilidad nacional de los países en vías de desarrollo, que se encuentran indefensos ante un sistema económico mundial indiferente a las ventajas competitivas que hasta hace poco los hacían viables: su abundante mano de obra y sus recursos en materias primas. En síntesis, la falta de empleo. El autor dice: “La competencia que exacerba la globalización impuso una revolución tecnológica que prioriza la producción de materias primas para la exportación, en el preciso momento en que se produce una explosión demográfica urbana en los países subdesarrollados. Al privilegiar los precios más bajos, esta priorización perjudica a las empresas de menor rendimiento tecnológico, que se basan en el uso de abundante mano de obra y representan en muchos países el primer peldaño hacia la industrialización”. Esto significa falta de trabajo.
En fin, modelos económicos equivocados generan desempleo, pobreza, desigualdad, exclusión y los sujetos que padecen estos modelos, nuestro pueblo y principalmente nuestros jóvenes, incurren de manera escapista en la drogadicción, el alcoholismo y otros detonantes inmediatos de la violencia. Los pobres delinquen para comer, los desahuciados para expresarse, los corruptos para lucrar y mandar.
En cuanto al funcionamiento de las instituciones, las causas de la delincuencia tienen que ver directamente con la corrupción. Cualquier análisis mínimo del circuito del delito nos remite a una cadena que parte de los políticos, continúa en el Poder Judicial, se extiende a los cuerpos policiales y concluye en los delincuentes. En cada uno de estos eslabones hay connivencia, responsabilidad, complicidad y transgresión. Dejamos delado la normatividad vigente y el funcionamiento de las instituciones penales, ya que ambos son apéndices de la vértebra central antes mencionada.
No puede imaginarse —tanto por la masificación del fenómeno, por las ganancias que produce el negocio, como por la impunidad que lo rodea— que un país se convierta en una ECI si detrás del que comete el delito no hay un policía que lo apaña, un juez corrupto o un fiscal distraído y un político que se beneficia. Los tiros frente al Círculo de Despachantes y a las oficinas de Aduana son acciones que también responden a aquel circuito.
En países como el nuestro, que es una ECI, se ha roto el contrato social según el cual el ciudadano obedece por convicción y el Estado monopoliza la violencia para los transgresores. Estoy seguro de que los jóvenes que asesinaron a Emilio o a Felicita se sienten víctimas de la ruptura del contrato social por los dominadores. Por esto la transgresión.
Ramonet es claro: “El incremento actual de delincuencias y criminalidades … Que suelen ser manifestaciones primitivas y arcaicas de agitación social, constituye un signo indiscutible de la exasperación de los más pobres ante la injusticia del mundo. Todavía no se trata de violencia política. Pero todos percibimos que se trata de una tregua. ¿Cuánto durará?”.