Reformas Agrarias en América Latina

Publicado en: Palau, Tomás y Ortega, Guillermo (comp) “Reformas Agrarias en América Latina: Memoria del Seminario Internacional realizado del 3 al 5 de noviembre de 2008 en Asunción (Asunción: BASE Investigaciones Sociales) marzo 2009.

La reforma agraria ha sido una reivindicación histórica del movimiento campesino paraguayo, y ha adquirido una relevancia mayor en el último año, no solo porque fue una promesa electoral del actual presidente, sino también porque el movimiento campesino ha presionado con más fuerza para que la misma se torne realidad. Esto se da en una coyuntura marcada por el avance de los agronegocios, una mayor violencia de los sectores terratenientes, aumentando la criminalización y la represión del movimiento campesino paraguayo.

El nuevo periodo político que se vive en el país desde agosto del año 2008, despertó no solo la esperanza de cambio en los sectores populares, sino también una mayor solidaridad de otros pueblos hermanos. El seminario colabora con esta necesidad de conocer otras experiencias de organizaciones sociales rurales de América Latina, y de apoyar la sistematización de conocimientos volcados a fortalecer la lucha por la reforma agraria en el país. Con esa intención se apoyó el Seminario “La actualidad de la Reforma Agraria en Latinoamérica y Caribe” realizada por el Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO, realizada en el mes de octubre de 2008. Se entendió que ambos Seminarios se complementaban, mientras uno apuntó al intercambio entre intelectuales latinoamericanos y movimientos campesinos, el que se presenta en este material, apunta al intercambio entre movimientos sociales rurales.

Este seminario tuvo dos objetivos generales, por un lado; i) conocer y reflexionar sobre diversas experiencias de reformas agrarias en el continente desde la perspectiva de las organizaciones sociales y por el otro; ii) facilitar a las organizaciones campesinas la visualización de los diversos desafíos para impulsar la reforma agraria y la vigencia de los derechos humanos en los respectivos países. Se pretendía más concretamente: i) articular un intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma agraria desde la perspectiva de las organizaciones sociales involucradas; ii) visualizar la condición de las mujeres campesinas en las propuestas/experiencias de reforma agraria y sus relaciones de poder dentro de los movimientos campesinos y iii) discutir sobre propuestas concretas y estrategias de desarrollo en el tema reforma agraria.

Diakonia ha sido la agencia de cooperación que posibilitó la realización de este seminario, a partir del interés en fortalecer la reflexión, el intercambio de ideas y las experiencias de organizaciones sociales alrededor del eje de trabajo “Recursos Naturales y Derechos Humanos”. En este sentido, varios emprendimientos han sido impulsados en diferentes países sobre estos temas, tales como las tres Cumbres Continentales de Pueblos Indígenas realizadas por organizaciones indígenas en los últimos 8 años. La Primera Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala llevada a cabo en Teotihuacán, México, del 28 al 30 de octubre de 2000. La Segunda Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, en Quito, del 21 al 25 de julio de 2004, y la III Cumbre Continental de los pueblos indígenas, realizada en Iximche’, Guatemala, del 26 al 30 de marzo de 2007. En estas Cumbres, el tema de la tierra y los territorios ha tenido un lugar preponderante para las reflexiones y conclusiones.

El seminario internacional “Reformas Agrarias en América Latina” ha sido organizado por las siguientes organizaciones: la Federación Nacional Campesina (FNC), Altervida, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), el Servicio Paz y Justicia y BASE-IS.

En un principio se sintetizan las ponencias, que luego en el texto se desarrollan, en toda su extensión, como segunda parte del material. En la tercera parte se enfatiza el contexto de Paraguay, que está inmerso en un proceso dinámico, resultado de las promesas electorales del nuevo gobierno que se comprometió a impulsar —entre otras cosas— la reforma agraria en el país.

La cuarta parte se refiere a los temas específicos que generalmente en una propuesta de reforma agraria se excluyen, pero que hacen al conjunto, y se considera lo más importante del seminario; aquí se profundiza la mirada sobre los sectores “olvidados” como las mujeres, los indígenas, los jóvenes, el rol del Estado, la soberanía alimentaria, el modelo de desarrollo. En el siguiente punto se visualiza la perspectiva de dos sectores, el público y el privado, de modo a conocer sus respectivas propuestas. Además, se presenta la Declaración del Seminario que refleja la síntesis del desarrollo de los participantes y por último la conclusión.

En la primera parte de las ponencias, se presentó la experiencia de Colombia, donde se planteó que la Reforma Agraria es un hecho político en el contexto latinoamericano. En lo nacional, expresa la relación de clase y es el resultado de una correlación de fuerzas, por una parte, de los terratenientes, y por la otra, de los campesinos que trabajan la tierra y la hacen producir.

Se entiende que los campesinos que luchan por la Tierra, por su derecho a la Tierra, están luchando por un territorio, donde las comunidades campesinas o indígenas, con sus identidades, sus propias concepciones culturales, puedan asentar de manera estable su capacidad productiva y ética, garantizando su derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación y a la recreación y en donde puedan ejercer sus derechos civiles y políticos.

Una política pública agraria, democrática y popular, debe contener todo lo relacionado a la distribución de la tierra, con los distintos aspectos de la producción, poscosecha y comercialización —internacional y nacional de lo producido. Debe estar inmersa en un modelo de desarrollo ampliamente progresista. En síntesis, la política agraria democrática debe garantizar definitivamente la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales del campesinado, es decir, lo que estamos planteando aquí es que la Reforma Agraria es un hecho político.

Por su parte, la experiencia de El Salvador narra que el año 1980 marca un momento en el cual el proceso revolucionario estaba iniciándose, estaba en su apogeo. En este marco, se da una Reforma Agraria que distribuye la tierra a partir de 150 has, además de otras propiedades de cualquier tamaño que no eran cultivadas directamente por sus propietarios.

Se promocionan las cooperativas dentro de este proceso, que se quedan con grandes extensiones de tierra. En contrapartida, surgen lo que se da en llamar los ‘finateros’ que son pequeños parceleros que fueron beneficiarios con pequeñas parcelas que estaban en ese momento arrendadas.

La Reforma Agraria se dio con un objetivo contrainsurgente, una forma de quitar las banderas a la guerrilla. La distribución de la tierra entre los campesinos y las campesinas no fue una Reforma Agraria conseguida con un ánimo social, económico, productivo, sino que fue de naturaleza eminentemente contrainsurgente. Eso trajo como consecuencia que ella se limitó exclusivamente al reparto de tierras. No hubo asistencia técnica, ni créditos para los beneficiarios, no hubo posibilidades de abrir el acceso a los mercados, por el contrario, en el momento que se dio la Reforma Agraria, se tomó la decisión de empezar a demostrar que los beneficiarios de ella no iban a poder cumplir y se les puso limitaciones por todos lados.

Los consejeros administrativos de las Cooperativas resultantes de la Reforma Agraria fueron miembros del ejército, o recomendados de estos, llegando incluso a proponerse a los caporales, a los mandadores, a los peones de confianza de los grandes terratenientes, para integrar los Consejos de Administración. Surgen entonces unos sujetos jurídicos agrarios, sin mayores derechos, sin mayores capacidades para sacar adelante la producción y constituir verdaderos entes económicos y sociales.

En cuanto a la situación en Paraguay, el representante de la FNC expresó que la Reforma Agraria es una decisión política, y que para ser implementada se necesita de esa determinación política, surgida de la correlación de fuerzas que comprometió la determinación del Estado.

Después de la guerra de la Triple Alianza —contra Uruguay, Brasil y Argentina, entre los años 1865 y 1870— se empezaron a vender las tierras públicas en Paraguay, ellas fueron puestas en oferta con dos argumentos, para reconstruir la nación y para pagar el costo de la guerra. Como primera medida se dictó una ley de venta de tierras, no menor a una legua cuadrada —alrededor de 2.300 has—.

Si alguien quería comprar tierras en Paraguay, tenía que comprar una cantidad mayor a una legua cuadrada, cosa inalcanzable para los campesinos, pequeños productores, que no tenían posibilidades de compra en esa época.

Evidentemente, era una medida que posibilitaba la entrega de tierras públicas a grandes empresas trasnacionales. Hasta 1950, se entregaron prácticamente alrededor de 25 millones de has. de tierra a grandes empresas, como Carlos Casado, La Industrial Paraguaya, Yerba Mate Larangeira y otras. Las empresas argentinas y brasileñas, estaban ligadas a empresas trasnacionales inglesas. A partir de 1950 y hasta el año 2000, fundamentalmente en la época de la dictadura de Stroessner, se repartieron tierras, inicialmente desde el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y después desde el IBR hoy transformado en el INDERT.

Estas instituciones repartieron alrededor de 11.883.000 has de tierras, de las cuales el 74 % fue a parar a manos de políticos, militares y funcionarios estatales que no tenían nada que ver con la Reforma Agraria; solo un 26 % fue a manos de alrededor de 150 000 familias de pequeños productores. Actualmente, el 80 % de las tierras aptas para la agricultura está en manos del 1 % de los propietarios —que son los grandes latifundistas— y solo el 6 %, está en manos de pequeños agricultores, con menos de 20 has. de tierra cada uno. Representan 260 000 familias en todo el país.

En cuanto a la situación en Honduras, se señaló que el sector campesino es uno de los sectores más organizados, y que los resultados de la reforma agraria son los mismos, pero el camino utilizado es diferente. Honduras no es un país agrícola, por lo cual cambia un poco el modelo o las experiencias de reforma agraria, pero esto no ha modificado mucho los resultados finales.

Como antecedente es bueno decir que Honduras no es un país agrícola por vocación natural, pero ‘nos convirtieron’ en país agrícola. El 65 % del territorio hondureño es montaña, por lo tanto, su vocación natural es la forestería, y el 35 % es tierra fértil para la agricultura. Desde el siglo pasado, el 80 % de las tierras fértiles fue acaparado por la compañía bananera United Fruit Company, lo que nos convirtió, ante el mundo, en una nación bananera. Esta compañía se convirtió en una empresa de enclave, “con una agricultura moderna, con una agricultura de exportación que lógicamente atrajo a mucha gente, no solamente del país, sino del resto de Latinoamérica”. Por eso es importante lo que sucede en 1954, que divide la historia social de Honduras en dos partes; nosotros señalamos, “antes del 54 y después del 54”. En ese año se desata la gran huelga bananera, cuando todo el país se opone a la United Fruit Company y de esa experiencia surgen los principales movimientos sociales.

Precisamente el movimiento campesino tiene su esencia, su nacimiento, en la gran huelga del 54, y a pesar de que no logró todos los objetivos que tenía planteados, de ahí sale la autorización constitucional para organizar sindicatos en ligas campesinas. La Federación Nacional de Campesinos de Honduras crea todo un movimiento de lucha por la tierra, que lleva al gobierno a decretar, en 1960, la primera Ley de Reforma Agraria del país. Esta primera ley carecía de los conceptos fundamentales que conocemos hoy como indispensables en una ley de reforma agraria. Era la típica ley colonizadora, es decir, autorizaba a tomar a una cantidad de gente y trasladarla a otra zona del país, dándoles tierras en función a que produjeran ahí.

Creo que en América del Sur es muy conocido este tema, es decir, la Reforma Agraria como entidad colonizadora que traslada gente de un lugar a otro y que aun cuando están en el mismo país, las desarraigan de un sitio al que están acostumbrados, al que conocen, y los ponen en un lugar que no les es habitual.

En 1975 se dio un golpe de Estado, y a partir de ahí se retrocedió con la Reforma Agraria. Se implementó la Seguridad Nacional, persiguiendo a las organizaciones campesinas y despojándolas de todos sus logros. En 1992, entra la era neoliberal que trajo la contrarreforma con la Ley de Modernización del Sector Agrícola. Esta nueva Ley acaba con la de Reforma Agraria. Pone límites a las expropiaciones y solamente se puede expropiar sobre techo, es decir, hay un límite que se establece para la propiedad agrícola, dependiendo de la zona del país que sea. Pero en las zonas más fértiles, el límite es de 360 has., o sea, ningún empresario, ni persona particular, puede tener más de esa cantidad.

Este año hubo una sublevación contra los matones de los terratenientes que asesinaron a un dirigente campesino, y entonces sus compañeros emprendieron la iniciativa de “tomar en propia mano la defensa” porque los policías no actuaron en la referida situación. Hoy día, el gobierno aceptó implementar una reforma agraria con los movimientos, pero la ley lo restringe, porque referente a los créditos, por ejemplo, no existe ningún banco que pueda dar créditos, fueron todos vaciados por el neoliberalismo. La gran lucha por la reforma agraria es estar directamente contra el modelo neoliberal, lo cual no está en la agenda de los gobiernos.

La Reforma Agraria en Perú, tiene su base en la histórica lucha de los indígenas, en donde Tupac Amaru sobresale por haber realizado una alianza con los criollos. En 1947, se ubica la formación de la Confederación Campesina del Perú, precedida de muchos movimientos de lucha por la tierra a partir de las comunidades indígenas. La primera Ley de Reforma Agraria es la 15.037/ 64 en la que se implementa la reforma agraria por acción del movimiento campesino, y atendiendo al proceso revolucionario de Cuba.

La revolución cubana había triunfado y desde los Estados Unidos se echó a andar una alternativa frente a un proceso que le resultaba ajeno y contradictorio a su dominio; en 1961 se da una declaración en San José en Costa Rica de adhesión a la Alianza para el Progreso. En 1980 aparece Sendero Luminoso planteando la lucha armada y el terror que va acompañado del terrorismo de parte del Estado. Llega un nuevo gobierno en el año 1981, ya en un nuevo proceso de contrarreforma en curso, desde que el general Morales Bermúdez sucedió a Velasco Alvarado. Se reconocen las rondas campesinas, como un renacimiento de actividades colectivas para hacer justicia contra los abigeos; se da la ley de comunidades campesinas y de deslinde y titulación de estas comunidades. Con el gobierno de Fujimori, se aplica el modelo neoliberal, un régimen de dictadura con ropaje de democracia, que elimina todos los derechos y promueve la inversión de las grandes empresas.

Por su parte, el representante de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) de Paraguay, mencionó que se está viviendo un momento histórico en el país, además de la ausencia de la reforma agraria, que es histórica también. Pero la discusión se da a nivel internacional, porque es un proyecto político que se presenta como alternativo al modelo tradicional. La Reforma Agraria Integral es un proyecto desde abajo, que apunta a construir un modelo alternativo en contra de la concentración de la tierra y el modelo agroexportador.

Para enmarcar el proceso de Reforma Agraria Integral, se puede dividir nuestra historia en 3 etapas. Primera, antes de la colonia. El recurso tierra se utilizaba en forma colectiva, comunitaria, no se usaba como mercancía. Esta experiencia fue truncada por la colonización.

Después, en 1811, Paraguay se independiza y se inicia la primera reforma agraria, donde el Estado recupera la soberanía sobre la tierra y la distribuye a los campesinos e indígenas, además les da herramientas.

En 1865 y como producto de la expansión del capitalismo, se produce la guerra contra Paraguay, emprendida por Uruguay, Argentina y Brasil liderados por Inglaterra. A partir de este genocidio, empiezan a venderse las tierras y a formarse los latifundios en poder de empresas extranjeras, que son las que implantan el modelo de producción para la exportación.

En este proceso, que hasta el momento se nota con mucha intensidad con un simple mapeo, se puede visualizar la presencia de brasileños que acaparan las tierras y ocasionan la expulsión de campesinos e indígenas, y los que van quedando están rodeados por las grandes extensiones de soja. Existe en esos lugares el despojo de nuestra cultura, costumbres, valor social, minga, solidaridad, trabajo comunitario, intercambio de alimentos, que hoy día, con la penetración del modelo capitalista en su fase neoliberal, hace que se vaya olvidando.

La Reforma Agraria Integral es una necesidad que los diferentes sectores plantean. La concentración de la tierra es el primer punto, y limita a los campesinos —según los estudios tecnológicos— a vivir con 10 has., entonces vemos que se necesitan alrededor de 3 millones de has. para esto. El acceso a lo mínimo, nos lleva a una lucha estratégica, luchar contra la concentración. Si de los 40 millones de has. de tierras fértiles, se destinan 10 millones a los campesinos, de igual forma el resto estaría en manos de los latifundistas. Otro punto es la recuperación de las tierras, la soberanía territorial. El Estado debe impulsar leyes que protejan a los pequeños productores y recuperar las grandes extensiones de manos de los que las recibieron de forma malhabida, que son alrededor de 8 millones de has.

Evidentemente, las leyes de nuestra Constitución no permiten llevar a cabo la reforma, de ahí que la discusión de un cambio de la misma es un factor muy importante. La Reforma Agraria Integral tiene que asumir, en primer lugar, la recuperación de la soberanía alimentaria. Todos los medios publican los problemas que afectan al mundo, crisis alimentarias, energéticas, financieras, climáticas; la soberanía alimentaria es una propuesta que puede solucionar estos problemas. Nuestro país depende de la exportación de materias primas, de las remesas de compatriotas emigrados, y la soberanía alimentaria puede ser una vía de recuperación.

Otro punto que se discute es el problema climático. Los indígenas hace ya tiempo pidieron que se conserve la biodiversidad porque el modelo de producción actual destruye totalmente la naturaleza, la forma como se produce, los agrocombustibles, la revolución verde que iba a ser la revolución para superar el hambre, y, sin embargo, el mundo tiene ahora 923 millones de hambrientos, que no puede remontar.

La agricultura debe ser de nuevo controlada por los indígenas y campesinos, hay que recuperar las semillas, ellas no deben estar en un depósito, deben estar en el campo, para superar los problemas. La esperanza que el pueblo tiene en el gobierno es alta y puede caer, porque no se nota una respuesta clara; en este nuevo proceso, hay alrededor de 200 imputados. Se cumplen a rajatabla los intereses de los sojeros, por eso hay que continuar con la movilización, contra la expansión de la soja y por la recuperación de los territorios.

La representante de Bolivia manifestó que la Ley de la Reforma Agraria de 1996 fue una recomendación del BM, en concordancia con el gobierno que cumplió al pie de la letra las recomendaciones y puso las tierras exclusivamente para el mercado internacional. El replanteamiento de la Reforma Agraria fue a través de una movilización, a partir de un reagrupamiento. En el Oriente boliviano se planteó la lucha por la tierra, iniciándose esto en la organización de mujeres campesinas e indígenas, que se denominó Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (SIDOB), y que forma parte de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos.

Las mujeres son parte activa en el programa del Oriente Boliviano, se realizaron pactos entre las organizaciones que empiezan a su vez a tener sus propios planes. Sirvió para plantear la nueva constitución política, para pelear por la tierra que estaba en manos de la derecha. A partir de ahí, en los discursos aparece que las mujeres no sufrirán más discriminación.

Hay solo 2 millones de has. en manos de campesinos y 10 millones en posesión de los indígenas, que se consiguieron a partir de las demandas de las organizaciones en el marco del gobierno de Evo Morales. Ha sido un proceso largo, desde 1996 hasta el 2007, cuando se pudo entregar tierra. Existen alrededor de 30 millones de has. demandadas, 10 millones ya fueron entregadas, con títulos. Hay 2 000 familias sin tierras, asentadas. La ley 3.545 permitió un espacio importante, el acceso a la tenencia de la tierra en igualdad de condiciones para mujeres y varones Es un derecho reflejado en un Decreto; no solamente dan tierra, sino también los servicios básicos, con caminos y créditos.

EMAPA es una empresa del Estado, creada a través del Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario para acopiar los productos. Es un proceso terminado bajo un convenio entre las organizaciones campesinas, que se convirtió en un pacto nacional. Los dueños de las tierras son los que definen qué tipo de desarrollo se va a hacer, así como la explotación de la riqueza de los recursos naturales, la recuperación de los recursos naturales para el pueblo, la participación activa en todas las instancias donde se deciden cuestiones campesinas e indígenas. En la nueva Constitución figura el derecho al acceso a la tierra de las mujeres. Todo se hace con base en la presión, a la lucha, a pesar de que nosotros estamos en el gobierno, ellos, la derecha, está todavía en el Poder Judicial, se aprobó la nueva ley, a través de un cerco al Congreso. Debe haber unidad y fuerza, que son los únicos valores que pueden realizar los cambios.

A continuación, un miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) de Guatemala, relató la historia de la lucha del pueblo guatemalteco a partir de la llegada de los españoles en 1524, cuando se pisoteó al pueblo y con armas y violencia se apoderaron de las tierras para robar madera, piedras, fueron robos escandalosos que se hicieron. Después vino el segundo robo, con la reforma liberal de 1871; se crearon las condiciones perfectas para la producción de café. La introducción del café necesitaba grandes extensiones de tierras, entonces despojaron a muchas comunidades indígenas de sus territorios y los obligaron a vivir en las fincas, bajo orden y a beneficio de los nuevos dueños.

Después llegaron las dictaduras que fueron derrotadas en 1944, con el movimiento de maestros, obreros, campesinos, indígenas e intelectuales, que cada 20 de octubre se celebra como un triunfo. Con el presidente Arbenz se impulsa en el año 1952 el Decreto que da vida a la Reforma Agraria, que trabajó para los intereses de los campesinos e indígenas. Con el apoyo de créditos y con el comité agrario, se avanzó mucho y en menos de dos años, fueron entregadas miles de hectáreas de tierras. Hasta 1954 se implementaron muchos beneficios, jornales, vacaciones, jubilación, pero todo fue perdido cuando el presidente fue derrocado por un golpe de Estado, comandado por Castillo, que duró cuatro meses. Este golpe se hizo desde Honduras, fueron los del norte los que lo promovieron, para poder recuperar las tierras cedidas con la Reforma Agraria.

En la década del sesenta aparece el primer grupo guerrillero que lucha por la tierra, pelearon durante 36 años, y fueron las comunidades indígenas y campesinas las que más sufrieron. Murieron 250 000 hermanos. La matanza realizada por los militares fue atroz. Durante ese tiempo se habló de Reforma Agraria, pero solamente se entregaron las mismas tierras. Los ricos fueron los beneficiados con créditos y apoyo técnico.

En 1986, hay una orientación hacia el neoliberalismo y la economía de mercado. La política agraria empieza a ser direccionada hacia la destrucción total de las estructuras institucionales del sector público. Los campesinos fueron excluidos de la política agraria, y dejan de ser sujetos de acciones de asistencia técnica y crediticia, quedando esto en manos de organismos privados. Después de la firma de la paz, de igual forma continúa la matanza de dirigentes campesinos e indígenas; se crea un instituto para tratar el tema tierra, Fondo de Tierras, que atiende todas las políticas económicas del mercado y de los bancos mundiales, que hicieron que la tierra se vendiera como mercancía, y subió tremendamente el costo. Los efectos perversos están a la vista, el nivel de pobreza, la aparición de enfermedades ya erradicadas, emergen de nuevo y allí comienza nuevamente la reivindicación de la Reforma Agraria como demanda de las organizaciones campesinas e indígenas.

En relación con la experiencia de Reforma Agraria realizada en Nicaragua, se narró lo vivido entre 1979 y 1990. Se resaltó el proceso nicaragüense, donde se obvió a los indígenas en materia de Reforma Agraria, como también a las mujeres y a los jóvenes a quienes les fue negado el acceso a un patrimonio.

Se tuvieron dos procesos agrarios, uno impulsado por Anastasio Somoza para neutralizar las acciones guerrilleras en la montaña y evitar el contacto con el campesinado y el otro, un proceso de lucha que se inició ya en 1928 con el General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, luego asesinado en 1934. Sandino fue el promotor de los procesos agrarios que constituyeron modelos de cooperativas agropecuarias en Nicaragua. Se produce luego un retroceso en la lucha y en 1958, es retomada por Bernardino Villa Ochoa, que es el antecedente del Frente que nace en 1963. Bernardino es el símbolo de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos.

En 1979 el Frente erradica el Programa apoyado por la dictadura, dentro del esquema de la Alianza para el Progreso, con base en la unidad de fuerzas de la burguesía nacional no latifundista, de los sindicatos, de los religiosos, de los guerrilleros, campesinos, y trabajadores, que culminó en el año 1990.

El programa histórico del Frente Sandinista para la reconstrucción de Nicaragua, era parte de un conjunto de políticas económicas y sociales que debían llevarse adelante para superar el cuadro difícil de la tenencia de tierra. Por ejemplo, el 2 % de la población agropecuaria era propietaria casi del 48 % de las unidades productivas y el 37 % de la población rural apenas era dueña del 18 % de las áreas productivas.

El Movimiento Sin Tierra de Brasil, presentó la situación de los campesinos y campesinas, y la Reforma Agraria. Brasil es el tercer país más grande del mundo, ocupa ocho millones de kilómetros cuadrados, el mayor de América Latina, y tiene una diversidad ecológica muy grande. En la historia de Brasil, se entrecruzan portugueses y españoles y la lucha de transformación de conciencia es fruto también de la contribución de otros países. Existe, pues, una diversidad de aportes en Brasil, de escuelas dentro de los asentamientos, de comunidades tradicionales, familiares, y todos forman parte de un proceso de formación de conciencia.

Esto para nosotros es un tema muy importante, porque creemos que a través de la educación, la formación de conciencia, el proyecto puede continuar y llegar a lo estratégico, que es el cambio social. La gente necesita saber lo que pasa a nivel del contexto actual, lo que pasa en la política económica y social, en el mundo y en América Latina.

El año 1945 es un hito en la historia de las luchas campesinas, porque se da inicio a la organización de las Ligas Campesinas en el Noreste Brasileño, con la incorporación de la Liga de Mujeres Campesinas, cuya principal reivindicación era la cuestión de la Reforma Agraria y el acceso a la tierra. Otro período que marca la historia de Brasil es la dictadura militar de 1964, que reprimió la lucha popular e implementó la “revolución verde” que cambia toda la concepción de la agricultura. Fue una imposición en donde la agricultura tradicional pasa a ser industrial con base en químicos.

En la década del setenta, con el fin de la dictadura militar, empieza a reorganizarse el campo popular, resurge la Central Única de Trabajadores, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Partido de los Trabajadores. También la Comisión Pastoral de la Tierra, con el apoyo de la Iglesia Católica, especialmente ligada a la Teología de la Liberación, que incursiona y fomenta la organización del pueblo. Posteriormente, se articulan el Movimiento de Mujeres Campesinas y otras organizaciones. En este período se agrupan movimientos sociales del campo y de la ciudad, que tiene una efervescencia por la lucha de los derechos “preferenciales” como lo llamamos en Brasil, que se efectiviza en la discusión por una nueva Constitución en 1978.

Con el ascenso de las masas del bloque popular, se participa en la primera elección directa de 1989, Lula se presenta por primera vez como candidato del Partido de los Trabajadores y pierde. Debido a diversos procesos de lucha por la tierra y la Reforma Agraria, no se tiene un carácter único, hay diferentes formas de lucha, como por ejemplo los “acampados” de la Vía Campesina, de la Comisión Pastoral de la Tierra y la propuesta del gobierno para la solución de los problemas agrarios.

La situación actual en el campo es la ausencia de un proyecto de nación y de controles públicos adecuados de la gestión agraria. Hay 40 000 familias del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) acampadas, entre 230 000 familias acampadas de otras organizaciones. Se tienen 800 000 catastrados, y el gobierno tendría que implementar las políticas de compensación del Banco de la Tierra. Existen cuatro millones de familias sin tierra en Brasil, mientras que el 1,6 % de los propietarios controla entre el 46 y el 78 % de las mismas. Aumentaron los propietarios extranjeros de tierras, y también hay zonas en que tomaron todas las que quedaban.

El proyecto neoliberal que implementó Lula, dio como resultado un proceso en el cual perdió toda su popularidad, y ahora dentro del partido se elegiría un nuevo candidato que seguiría los próximos cuatro años, para que luego pueda retornar Lula.

El avance del latifundio, las plantaciones de soja y los monocultivos están creciendo en Brasil y repercuten sobre la tenencia de la tierra, existe concentración de ella, pérdida de la biodiversidad, reducción de áreas de cultivos diversos, como también pérdida de la cultura, polución del agua y de la atmósfera. Lo que se está viviendo en Brasil es una contrarreforma. Nuestra concepción de la Reforma Agraria es la movilización política, la distribución de la tierra, poner fin a los latifundios y establecer límites a las propiedades, organizar los territorios campesinos y que se implementen políticas públicas para la producción.

Por su parte, el Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Paraguay expuso su perspectiva sobre la Reforma Agraria, significando que ella comienza con el acceso a la tierra y una producción diversificada y sostenible. Para el INDERT la Reforma Agraria ha dejado de ser una simple repartición de tierras, para convertirse en un componente más del sistema de agricultura, concebido como algo fundamental, para que la población rural garantice sus derechos humanos a la alimentación, producción, diversificación y planificación de la finca, para el autoconsumo y la renta. También el crédito debe ser parte de la Reforma Agraria, la participación de los beneficiarios, de las mujeres, de los agricultores, las organizaciones campesinas; esos son los ejes centrales. La base fundamental de la Reforma Agraria es la creación de asentamientos agrícolas, y la adopción en esos asentamientos de un sistema de agricultura basado en la agroecología.

Se considera que existen dos modelos bien diferenciados de desarrollo rural. Uno de ellos es la agricultura mecanizada, basada en un paquete tecnológico, con semillas mejoradas, transgénicas, sistema de fertilización y combate a las plagas con agrotóxicos, mecanización con alta tecnología, representada por la soja, el trigo, el girasol. El otro modelo es la agricultura campesina, que necesita de un tipo diferenciado de desarrollo rural, y que no pasa por el modelo mecanizado, pasa por adoptar un sistema propio acorde con la superficie de la tierra, con las necesidades económicas y sociales que tienen y con su cultura. Se trata de trabajar activa y coordinadamente, no solamente con los distintos organismos del Estado, sino también con organizaciones de la sociedad civil, ONG rurales y sociales que se ocupan del desarrollo rural, a los efectos de que en los asentamientos campesinos se adopten sistemas familiares de agricultura campesina, la agroecología, el manejo del suelo, de los bosques, rendimiento y productividad de los suelos, procesamiento agroindustrial de materia prima, ya sean familiares, asociativas o mixtas para productos como locro, almidón, harina de maíz y no solamente para el autoconsumo, sino también para la venta.

Se están emprendiendo acciones para la Reforma Agraria, y como primera medida figura la recuperación de lotes del INDERT en manos de personas no beneficiarias del Estatuto Agrario. Son lotes subocupados o desocupados, que fueron objeto de una especulación perversa en donde estuvieron involucrados distintos actores, el que vende el lote, el que compra el lote, el funcionario del INDERT y en algunos casos, escribanos públicos que autorizaron la transferencia, en casos de títulos de propiedad. Por otro lado, existe un plan de detectar y recuperar excedentes fiscales, importantes superficies que fueron objeto de alambramientos y de apropiación indebida por parte de particulares. También la compra y expropiación directa de aquellos que no se encuentran debidamente explotados y la expropiación pública de tierras que no cumplen con la función económica y social. Existe un marco normativo que limita, pero no impide, la Reforma Agraria. Este debe ser modificado.

Por último, el representante de la ARP, manifestó que están dispuestos a colaborar con el INDERT y el gobierno nacional, en un sistema de desarrollo integral de una colonia donde tienen participación entes privados y públicos. El lema de la ARP es Desarrollo con Trabajo, y desean que la Reforma Agraria sea realmente de los campesinos. Es necesario en primer lugar saber cuántos son realmente los campesinos o los agricultores sin tierra, porque no solo por vivir en el campo ya se es agricultor. La propuesta es que el campesino no sea solamente agricultor, sino que tenga también su vaca, porque el lugar donde menos conflictos existen es donde el campesino tiene su lechera y su vaca. El pequeño productor puede tener hasta quince cabezas, si realmente planta una hectárea de caña dulce y Camerún. Tenemos datos a través de estudio satelital que en San Pedro hay cuatrocientas mil hectáreas en manos de los agricultores que no están siendo utilizadas actualmente. El problema es de organización, crear fuentes de trabajo y tranquilidad.

El objetivo de la ARP es reencauzar el debate sobre la Reforma Agraria, que como actor de este proceso, está convencida que a todos conviene. Las inversiones del Estado en la entrega de tierras gratuitas no ha generado mayores efectos positivos, no ha incrementado la productividad y la producción, pero sí ha creado una deuda interna al Estado, los registros de propiedad son totalmente inseguros, inexistentes, los postulados del acceso a la tierra muchas veces han sido desvirtuados, radicalizados, hasta quizás politizados. Estamos de acuerdo que debe haber acceso a la tierra, pero para quién; si la persona beneficiada quiere poner una herrería para qué quiere diez hectáreas, o aquel que quiere instalar un almacén, definitivamente tenemos que empezar a trabajar con ‘agricultores productores rurales’ y no campesinos.

Nuestra propuesta es la Política de Reforma Agraria Integral Sustentable (PRAIS) que es un principio de conjuntos pragmáticos, directrices propositivas, estrategias proactivas, para la administración de la tierra y sobre todo el aseguramiento de la propiedad privada, que nos dé la seguridad de poseer la tierra.

Conclusión

La riqueza del Seminario es indudable, tanto en términos de lo que puede llegar a producir, como lo que deja de producir un programa de reforma agraria en nuestros países si no se la realiza. Los planteamientos hechos son suficientemente elocuentes como para arrojar algunas enseñanzas que, resumidamente, se presentan a continuación.

Todo proceso conducente a la implementación de programas de reforma agraria, tiene precondiciones que aparecen como indispensables:

• Es preciso una modificación, reelaboración, actualización y ordenamiento de la legislación vigente en la materia. En la mayoría de nuestros países (y en la mayoría de los casos de manera intencional) el marco jurídico vigente^[1] es adverso, contradictorio, hay superposición de normas, no existe un Fuero Agrario, no existe una adecuada reglamentación del uso de la tierra, no hay catastro ni identificación de tierras. Sin lo cual no se puede hacer reasignación de tierras y otros aspectos centrales de un programa de reforma agraria, todo lo cual obstaculiza la implementación de la reforma. Sin este saneamiento la maraña normativa es un impedimento real.
• De la misma manera, actúa el deficiente marco institucional. La cantidad de agencias gubernamentales que operan sectorialmente, su descoordinación, superposición, carencia de recursos en algunos casos o de peso político en otros^[2], hace que no puedan desarrollarse acciones direccionadas conjuntamente, por lo cual hay desperdicio de recursos y es frecuente que las asignaciones presupuestarias a las instituciones gubernamentales sectoriales estén distorsionadas, lo que debe ser revisado.
• Lo anterior puede ser el resultado de que ni siquiera exista un proyecto de nación, lo que, entre otras cosas, genera falta de controles públicos adecuados de la gestión agraria.
• Lo anterior sugiere la conveniencia de que los programas de reforma agraria tengan anclaje y coordinación con instancias de gobierno subnacionales de modo a lograr una efectiva descentralización^[3] del proceso.
• Otra precondición indispensable se refiere a los principales actores del proceso; las organizaciones campesinas e indígenas. En efecto, el campesinado y el movimiento indígena deben tener reconocimiento político y social^[4], mientras sigan siendo ellos y sus organizaciones ciudadanas de segunda clase, no se logrará el protagonismo de base que exige todo programa exitoso de reforma agraria. En ese sentido, la personería jurídica a las organizaciones campesinas, la habilitación civil de las mismas es indispensable. En otras palabras, la implementación debe haber un esfuerzo mixto Estado-sujetos de la reforma agraria.

Durante el Seminario quedó en claro también la importancia de los alcances políticos de cualquier programa de reforma agraria. Entre los más importantes se señalaron los siguientes:

• Se consideró que la reforma agraria es siempre una cuestión política: expresa la relación de fuerzas en el campo. La reforma agraria es un acuerdo político de clases al interior de una sociedad hecha desde el Estado. Muy diferente a lo que puede ser una propuesta en una campaña electoral, en estos casos los candidatos la incluyen en su programa, pero apenas suben, la olvidan.
• La presión campesina, la de sus organizaciones, es siempre una condición indispensable para los procesos de cambio agrario. “Cuando hay fuerza y hay unidad de los movimientos • sociales, sí se puede… la unificación del trabajo campo-ciudad, es la mejor manera de cómo podemos adquirir la fuerza”, manifestaba una de las participantes al Seminario. En efecto, un proceso de reforma agraria no lo puede hacer solo el campesinado, requiere del apoyo de otras fuerzas, lo cual garantizará su sustentabilidad.
• Como la reforma agraria significa transformar la estructura de tenencia de la tierra, la oligarquía terrateniente siempre ha generado violencia en torno a ella. En el caso extremo de Colombia se manifestó que lo primero que hacen las FARC en 1964 es una propuesta de programa agrario, con lo que se quiere decir que —en ese país— la guerrilla fue en sus inicios un elemento defensivo del campesinado, en sí el elemento de un campesinado atropellado por las fuerzas armadas que defendían a los terratenientes. La exclusión política es así el origen de la violencia guerrillera. En Colombia —se mencionó habrá paz cuando haya reforma agraria.
• Naturalmente, esto lleva a la criminalización de la lucha campesina que resulta ser una constante en América Latina y cuando la ley no les basta a los oligarcas, estos apelan a la violencia directa.
• Otra forma de desacreditar las reformas agrarias^[5] es por vía del vaciamiento de sus contenidos esenciales, son las experiencias de reformas agrarias conservadoras; se reparte tierra para sacar argumentos a las fuerzas progresistas. En estos casos solo se reparte tierra (caso Stroessner), no hubo asistencia técnica, ni créditos para los beneficiarios, no hubo posibilidades de abrir el acceso a los mercados, por el contrario, en el momento que se dio la reforma agraria, se tomó la decisión de empezar a demostrar que los beneficiarios de ella no iban a poder cumplir y se les puso limitaciones por todos lados. Es que la reforma agraria no entra en el modelo neoliberal, es inaceptable, entonces toman el término, lo vacían y le dan el contenido propuesto por el Banco Mundial o alguna otra agencia similar.

Durante el Seminario los participantes plantearon otros alcances que —si bien no son aspectos técnicos inherentes a la reforma agraria— se derivan de ella y pueden afectarla positiva o negativamente:

• Entre los factores que atentan contra la reforma agraria se mencionaron; el desconocimiento acerca de lo que es, lo que implica, sus alcances en el grueso de la población; la falta de políticas claras; el caer en la politiquería; las divisiones internas y el sectarismo entre las organizaciones; se apuntó además que la emigración ha sido posible por el abandono de la reforma agraria.
• A su vez, y como derivación importante, se señaló que la lucha por la tierra es también la lucha por un territorio y con ello es la lucha por mantener una cultura. Que las reformas agrarias deben equiparar el derecho al acceso a la tierra a hombres y mujeres por igual y que toda esta política de reforma agraria tiene que ir asociada al derecho a la seguridad alimentaria, así como que los indígenas deben participar y hacerse la reforma agraria para ellos, procesos particulares y específicos en el caso de ellos/as.

En cuanto a los componentes de todo proceso de reforma agraria debe tener, más allá de las especificidades que pueda asumir en cada región o para grupos específicos de familias campesinas e indígenas, quedó claro que:

• Existen al menos tres grandes componentes sin los cuales un programa de reforma agraria no existe: tierra (saneamiento de la ocupación para los que la tienen y asignación para los que no la tienen); infraestructura (social como escuelas, salud, etc., y productiva como electrificación, caminos, puentes, silos, etc.) y: crédito público (de diferentes tipos según la situación de cada familia de productores).
• En el Seminario se mencionó igualmente que la reforma agraria es concebida como uno de los factores fundamentales para que la población rural garantice sus derechos humanos a la alimentación, producción suficiente de alimentos en las fincas campesinas, diversificación productiva y planificación de la finca no solo para autoabastecimiento, sino también para encarar la comercialización de los productos agrícolas, animales y vegetales. La base fundamental de la reforma agraria es la creación de asentamientos agrícolas y la adopción, en esos asentamientos, de un sistema de agricultura basado en la agroecología.
• Del mismo modo, se reiteró que es necesaria la modificación de la estructura del Estado, del sistema de propiedad y tenencia de la tierra y de otros componentes como la producción, infraestructura, servicios en general, comercialización, y que tengan como centro, la seguridad, la soberanía alimentaria y como objetivo final el desarrollo integral de la población campesina. En otras palabras, todo programa de reforma agraria integral debe contener, de hecho, la distribución equitativa, la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Finalmente, pero no por eso menos importante, el Seminario puso el acento en un aspecto que es normalmente soslayado cuando se plantea una reforma agraria, las condiciones económicas necesarias para el éxito de la misma. Resulta que, aunque se den todas las condiciones arriba enumeradas, si los destinatarios de la reforma agraria no alcanzan la sostenibilidad económica no se producirá el efecto buscado que es el desarrollo rural. Para que esa viabilidad sea posible debe tenerse en cuenta que:

• En primer lugar, la reforma agraria implica un cambio en el modelo de desarrollo en el que estará inmersa. Debe responder a un modelo de desarrollo inclusivo en el que la agroexportación de materias primas no sea el rasgo característico del mismo.
• Por otro lado, y de manera central, debe garantizarse la eficiencia económica de la reforma agraria, que se da principalmente garantizando la productividad del sector reformado y con la intervención del Estado en la comercialización de la producción, hoy en manos de acopiadores, comerciantes o empresas transnacionales.

Consideramos que este Seminario ha arrojado suficientes enseñanzas que deberían ser tomadas en cuenta para plantear y apoyar iniciativas de reformar la estructura agraria de nuestros países, aprovechando el momento político de la región y la debacle generalizada del neoliberalismo como régimen económico capitalista mundial.

1. En el caso paraguayo empezando por la misma Constitución Nacional. ↑
2. Nótese, que para el caso paraguayo, el INDERT es apenas un Instituto, no tiene rango ni siquiera de Subsecretaría, por no decir ya de Secretaría o Ministerio. ↑
3. Naturalmente, esto dependerá de cada caso en particular, ya que en la generalidad de los casos estos gobiernos subnacionales no siempre han operado de manera eficiente y suelen estar saturados de intereses políticos heterogéneos. ↑
4. Reconocimiento constitucional, reconocimiento en toda la legislación nacional y en particular en la legislación agraria, que tengan instancias para poder ser elegidos y para poder ser actores donde decidan elementos esenciales en temas agrarios. ↑
5. Que de hecho cayeron en el “olvido” de la agenda de los organismos multilaterales durante un cuarto de siglo, desde mediados de los 70 hasta apenas entrado el nuevo siglo, coincidentemente con el auge del neoliberalismo. ↑