CODEHUPY 2003. Informe de Derechos Humanos en Paraguay 2003.
Las condiciones de residencia de la mayoría de los migrantes en el país están sujetas a no pocas arbitrariedades, debido a la confusa trama institucional y legal en que se ven atrapados.
El soporte legal del tema migratorio en el país
Como se mencionó en el informe del año 2002, la Constitución Nacional sancionada en 1992 contiene 82 artículos (de los 291 que la componen) relacionados directa o indirectamente con extranjeros o migrantes y sus derechos. No obstante, las condiciones de residencia de la mayoría de los migrantes en el país están sujetas a no pocas arbitrariedades, debido a la confusa trama institucional y legal en que se ven atrapados.
El régimen legal e institucional administrativo vigente se basa fundamentalmente en:
- La constitución Nacional;
- La competencia del Ministerio del Interior;
- La competencia del Consejo Nacional de Coordinación Económica;
- Las funciones y organización de la Dirección General de Migraciones;
- Las funciones complementarias de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Trabajo;
- Las funciones complementarias de otros órganos del Estado, entre ellos la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, el Instituto de Bienestar Rural y la Secretaría de Repatriación de Connacionales.
La normativa vigente, en principio, cubre todos los aspectos y los temas de una regulación migratoria. En ella están contemplados, programáticamente, los objetivos, los propósitos, los lineamientos generales y las regulaciones de una política nacional migratoria. En la letra, es el Estado paraguayo el que orienta, conduce y administra el gobierno de las migraciones. Armoniza e incorpora las disposiciones originadas en las convenciones internacionales en materia de seguridad jurídica, estableciendo procedimientos administrativos y judiciales para la atención de derechos controversiales. En conjunto, se constituye en un instrumento jurídico hábil para que el Estado administre eficazmente las migraciones en sus diferentes facetas. Sin embargo, se evidencian serias deficiencias en la aplicación de dicho instrumento jurídico.
Como se dijo, los órganos estatales encargados de la aplicación de la normativa migratoria en distintos niveles se encuentran asignados a los Ministerios del Interior a través de la Dirección General de Migraciones, Justicia y Trabajo, Relaciones Exteriores y el Instituto de Bienestar Rural.
La concentración de las facultades en un solo órgano, la Dirección General de Migraciones, deviene en un obstáculo insalvable a la hora de una implementación eficaz tanto de las políticas como de la administración migratoria. Esta dirección, por estructura, personal y práctica administrativa, no está en condiciones, sino de cumplir solo una parte del gobierno de las migraciones. Las pocas facultades concurrentes y de competencias entre los ministerios no tienen correspondencias de articulación orgánica ni instancias ordenadas reglamentariamente para su actuación conjunta.
Frente a este panorama, es necesario diseñar un ordenamiento jurídico— administrativo de articulación de competencias y la creación de una instancia de conducción política y de gobierno de las migraciones. Sin estos requisitos, a los que parece estar ahora abocado el gobierno, el tratamiento de los problemas de los migrantes continuará siendo caótico y expuesto a las arbitrariedades y la corrupción.
Los cambios en la administración migratoria
La última administración de la Dirección General de Migraciones del gobierno de González Macchi estuvo marcada por las características generales de esa administración: una directora con escasa capacidad de mando sobre sus subordinados, una constante interferencia e injerencia de criterios político-partidarios en la designación del personal y una exacerbación de los casos de corrupción alrededor del proceso de documentación a los migrantes que solicitaban los carnés de radicación.
Ante la falta de iniciativas de la Dirección General de Migraciones para innovar en este terreno, la Cancillería Nacional solicitó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la realización de un proyecto para perfilar los lineamientos para una futura política migratoria para el país. Sus resultados fueron dados a conocer a mediados de setiembre. En dicho documento se abordan efectivamente los principales problemas que afectan a los migrantes: las debilidades institucionales, los problemas referidos al marco normativo, así como las deficiencias en materia de disponibilidad de información sobre el problema. Se fijan criterios y se dan recomendaciones sobre los cinco ejes de toda política migratoria: la necesidad de retener a la población en su lugar de origen, la conveniencia de generar cierto tipo de migraciones, la intervención para regular los flujos, la conveniencia de reintegrar a los migrantes paraguayos en el exterior al país y la necesidad de integrar social y culturalmente a los migrantes extranjeros ya establecidos en la sociedad nacional. Este proyecto, según se anunció, tendrá su continuidad con la elaboración de la política migratoria nacional y con la eventual creación de un Consejo Nacional de Migraciones. Los responsables de la continuidad de los trabajos no descartan la posibilidad de tener que modificar la actual Ley 978/96 o la reglamentación de varios de sus artículos.
Por otro lado, con motivo del cambio de gobierno asumió también un nuevo director en la Dirección General de Migraciones, quien tiene el mandato de “transparentar” el funcionamiento institucional (esto es, reducir los niveles de corrupción) y dedicarse de lleno a la modernización institucional. En el poco tiempo que lleva en funciones, la actual dirección muestra señales de reencauzamiento institucional que serán decisivas para llevar adelante una política migratoria acorde con los derechos humanos de los migrantes.
Con respecto a las visas, sobre cuya expedición la prensa ha informado de un sinnúmero de irregularidades, se ha comprobado la existencia de varios desafíos, en mayor o menor medida, urgentes. Por un lado, falta una base de datos de visas expedidas. Esto es, la dirección respectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores debe comportarse como un organismo generador de estadísticas migratorias. Por otro, falta capacitación de los funcionarios del servicio exterior sobre actuaciones consulares, en especial sobre visas y pasaportes. Asimismo, debe encararse con prontitud a los problemas de falsificación de documentos, ya sean visas o pasaportes.
Por otro lado, existe un vacío legal que vuelve necesario elaborar un instrumento legal que permita la cancelación de la radicación en caso de incumplimiento de leyes por parte de migrantes[1]. Para el efecto, se considera que los migrantes que buscan radicación en el país deberían firmar una declaración jurada en donde se comprometen al conocimiento de las leyes de la nación y a su cumplimiento. Se asume al respecto que el Estado democrático debe posibilitar el debido proceso, que es la única garantía para la precautelación de los derechos fundamentales, pero falta instrumentarlo. Si se quiere cancelar la radicación permanente, debe haber una reglamentación, mediante juicio sumarísimo, en 24 o 72 horas, y el fuero específico que se encargue de ello. Como eso falta, nunca se reglamentó, con lo cual se deja a la administración migratoria sin recursos, cayéndose en la inacción estatal. En resumen, la Cancillería parece ahora estar dispuesta a actualizar la ley de visas con el propósito de agilizar su concesión y extender su período de validez para ciertas categorías.
Se supone que la nueva ley que vaya a someterse a aprobación contemple la armonización de las categorías migratorias y de visas con los demás países de la región, cosa que ahora no se da, con lo cual se crea todo tipo de situaciones irregulares que tienden a perjudicar tanto al migrante como al propio país. En este sentido, la Cancillería se halla abocada a un proceso que permitirá agilizar la emisión de visas sin descuidar los aspectos de seguridad. Según se conoció, dicho plan de trabajo incluye: informatizar la expedición de visas; establecer categorías a las visas, definir plazos de concesión (90 a 180 días) y analizar la problemática de la seguridad interna.
La corrupción en la administración migratoria (antes y después de agosto)
Como se mencionó más arriba, debe señalarse la existencia de un corte entre la administración anterior y la actual en la Dirección General de Migraciones. Al menos esto es lo que se espera.
En lo que respecta a la corrupción conocida, hasta el 15 de agosto se había continuado denunciando una importante cantidad de casos referidos a cobros de aranceles indebidos, retención dolosa de documentación ya procesada (y no entregada a los interesados), proliferación de “gestores” que encarecen los trámites. Se llegó al límite de que los funcionarios de la Dirección General de Migraciones “controlaban” camiones al solo efecto de pedir coimas. Han salido a la luz también casos de contratación de personajes por su solo peso político, como lo fue el caso del novio de la fiscal Basilisa Vázquez.
Con la disposición del gobierno de Duarte Frutos de sacar a los inspectores móviles que operaban en las rutas y en la zona primaria del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, las denuncias de corrupción han disminuido notablemente a partir de entonces. Es de esperar que estas medidas gubernamentales —más la remozada gestión del nuevo director de la Dirección General de Migraciones— hagan abandonar paulatinamente la práctica de la corrupción, que implica uno de los mayores problemas para los migrantes que ingresan a nuestro país.
La penetración del capitalismo agrario y la nueva ola de migrantes brasileños
Sin embargo, el tema que abarcó la principal atención en materia migratoria fue el de la nueva avanzada de la agricultura capitalista (de tipo farmer, principalmente), personalizada en el ingreso de migrantes brasileños que se instalan en zonas de agricultura campesina expulsando a la población nativa con la compra o alquiler a precios sobre valuados. Debe señalarse que esta “invasión” se verifica también por parte de la comunidad de menonitas en el país.
Los daños causados al medioambiente por esta nueva oleada migratoria en el sector rural han sido profusamente documentados por la prensa ya desde el año pasado. Llegó incluso a motivar la presentación de un polémico proyecto de ley de franja de seguridad fronteriza, que fue posteriormente desestimado por el Parlamento y que se amplía más abajo.
Lo concreto es que se incrementó la velocidad de la deforestación en todo el país: los cursos de agua de la región Oriental afectados por el avance de la agricultura de la soja transgénica han sido contaminados, tierras con vocación ganadera (ñu o praderas naturales) de textura agrológica frágil han sido mecanizadas, se han registrado múltiples casos de intoxicación[2] y hasta de muerte de personas por aspersión de herbicidas. Se documentaron casos extremos de cierre de escuelas por la penetración de ese cultivo.
Estos hechos motivaron la formación de comisiones distritales y departamentales con participación de autoridades administrativas e incluso religiosas que plantean frenar la “invasión”. Ya se han dado casos de enfrentamiento directo de campesinos con los tractoristas que han impedido la continuidad de las tareas en algunas zonas (caso del distrito de Juan E. O’Leary). De continuar la inacción gubernamental sobre el tema pueden esperarse hechos violentos mucho más graves.
La Embajada de Brasil decidió tomar cartas en el asunto, solicitando a las autoridades migratorias del país la aceleración de los trámites de radicación de residentes brasileños antiguos.
Indocumentación de los migrantes residentes en el país
Efectivamente, el problema de la indocumentación de brasileños sigue siendo la gran preocupación de esa comunidad. Se estima que de los 400 000 brasileños en el país, apenas el 10 % cuenta con su documentación en regla.
La situación irregular de los migrantes al país no se limita a los brasileños que se dedican a la agricultura. Lo mismo ocurre con los trabajadores diarios que van y vienen del otro lado de la frontera (casos de Ciudad del Este y P. J. Caballero), así como en el departamento de Itapúa. En su momento, la Dirección General de Migraciones había anunciado un estricto control sobre la documentación de estos trabajadores, pero la iniciativa terminó diluyéndose.
Lo cierto es que con motivo del ya mencionado proyecto sobre los lineamientos para la formulación de una política migratoria para el país y del funcionamiento del grupo interinstitucional para las migraciones constituido por dicho proyecto, las autoridades nacionales han empezado a tomar cabal conciencia de la magnitud de la indocumentación de extranjeros en el país y parece que han empezado a considerar la gravedad del problema. Debe a su vez recordarse que durante la visita del canciller brasileño Celso Amorim al país, en abril, ya había comprometido a las autoridades paraguayas de la Dirección General de Migraciones a acelerar la documentación migratoria que debería alcanzar al menos a 300 000 migrantes de ese país. Durante marzo, ya las autoridades federales de Curitiba y las de Canindeyú se habían comprometido a impulsar esa regularización. Se llegaron a firmar incluso convenios de cooperación para subsanar dicha irregularidad.
Del mismo modo, se está empezando a conocer (y se espera que se tomen las medidas pertinentes) que existe una muy alta proporción de migrantes paraguayos en el extranjero, principalmente en la Argentina, pero no solo ahí, que sufren las consecuencias de su irregular residencia o permanencia en dichos países. Hasta el momento no hay ninguna reacción concreta por parte de Cancillería, que es la institución que debiera ocuparse del problema.
Polémica en torno al proyecto de ley de franja de seguridad fronteriza
A comienzos de año fue presentado al Parlamento el proyecto de ley de la referencia que contempla, entre otras cosas, el establecimiento de una zona de seguridad de 50 km en toda la zona fronteriza del país, en la que los extranjeros no pueden tener propiedades. Contempla, a su vez, que aquellos extranjeros que ya poseen propiedades, deberán venderlas a paraguayos en un plazo de 10 años, pasados los cuales serán expropiadas. Prevé además que los escribanos que violen la ley perderán su registro y los funcionarios públicos serán cesados inmediatamente de sus funciones.
Este proyecto de ley en realidad data de muchos años atrás, pero fue revitalizado por el diputado colorado Benjamín Maciel Pasotti a finales de 2002 como represalia al cierre de fronteras impuesto por Brasil y Argentina a raíz del brote de fiebre aftosa en el Departamento de Canindeyú en la propiedad de un hacendado brasileño. El proyecto de ley fue sancionado positivamente sobre tablas por la Cámara Baja. El hecho despertó una verdadera polémica de parte de gremios empresariales, organizaciones de afectados e incluso autoridades gubernamentales. El Senado finalmente desestimó el proyecto de ley.
No son menores los problemas por los que atraviesan los connacionales residiendo en el exterior. En el marco del proyecto de los “lineamientos” se han detectado los siguientes problemas, referidos principalmente a los que viven en la Argentina:
- Documentación: una muy alta proporción de paraguayos que residen en ese país está indocumentada en lo referido a papales de residencia legal. Esto se debe principalmente a la temporalidad de alguno de los flujos, el alto costo de los trámites, la excesiva duración de los procedimientos. En no pocos casos se ha denunciado la presencia de “gestores”, que encarecen aún más los trámites e incluso se dan casos de entrega de documentos falsos.
- Informalidad laboral: la falta de documentación legal de residencia favorece la informalidad en las condiciones laborales de los empleos a los que connacionales tienen acceso. Esta informalidad incluye salarios menores de los que se pagan a los trabajadores nativos por el mismo empleo.
- Inseguridad en el tránsito interno: la falta de documentos los expone también a diferentes tipos de molestias y percances para el libre tránsito dentro de la Argentina, cuando se exponen a controles policiales.
- Discriminación: es frecuente la constatación de diferentes formas de discriminación —por razones étnicas, culturales (manejo del castellano), condición socioeconómica— a las que están expuestos los paraguayos en ese país, aunque esta discriminación puede hacerse extensiva a otros migrantes fronterizos a la Argentina.
Las autoridades nacionales pertinentes —como ya se mencionó— poco o nada han hecho al respecto, sino que más bien han vuelto los trámites aún más difíciles, al permitir la proliferación de gestores alrededor de los consulados paraguayos en la Argentina y al no acceder al pedido realizado por la comunidad paraguaya en ese país de reducir (o eliminar en casos especiales) los costosos aranceles solicitados por los consulados para los trámites pertinentes, como por ejemplo una cédula de identidad que en Paraguay tiene un costo aproximado de US$ 2, en la Argentina ronda los US$ 30-35.
Indocumentación de migrantes paraguayos en el exterior
Hacia mediados de año, el embajador argentino en el país afirmó que del millón y medio de paraguayos que vive en la Argentina (cifra que está evidentemente sobreestimada), poco más de la mitad, aproximadamente 800 000, estaría indocumentada, lo cual constituye un hecho “preocupante y grave” según sus palabras. Aparentemente, estas declaraciones forman parte del lobby de esa Embajada para presionar por la aprobación de un convenio migratorio entre ambos países que, tal como está actualmente redactado, es altamente lesivo para los intereses de los compatriotas radicados allá.
Sin embargo, la situación de indocumentación no se limita a los residentes en la Argentina. Se sabe también que es muy alta entre los paraguayos en Brasil y en Estados Unidos. Como se apuntó más arriba, este problema tiene incidencia directa en el padecimiento de violaciones a los derechos migratorios de los compatriotas. Sería deseable que la política migratoria a ser elaborada próximamente por el gobierno contemple de manera saliente la atención a esta problemática.
Con motivo de la visita de políticos al exterior para la campaña proselitista que se vivió este año en el país por las elecciones de abril, se volvió a plantear por parte de las organizaciones de la comunidad paraguaya en Argentina la elaboración de un instrumento legal que permita el voto de los paraguayos residiendo en el exterior.
Debe señalarse que este reclamo ha sido también planteado por el grupo de trabajo interinstitucional sobre migraciones del proyecto para elaborar los lineamientos como parte de un eje estratégico de las políticas migratorias, que es el de mantener integrados a los connacionales residentes en el exterior con su país de origen.
A principios de año, el Departamento de Estudios del Banco Central anunció que las remesas de los paraguayos residiendo en Argentina habían caído durante el 2002 a solo US$ 24 millones de los US$ 88 millones que se habían registrado durante el año anterior. La cantidad mencionada es remesada por 122 000 paraguayos que trabajan en ese país, lo cual da un promedio anual por trabajador de US$ 770. Esta abrupta caída es el resultado de la crisis económica que explotó en el vecino país en diciembre de 2001.
Esta noticia, difundida en enero, fue contrarrestada por otra información, también suministrada por el Banco Central, según la cual las remesas de divisas por los migrantes paraguayos en el exterior había aumentado durante el primer trimestre de 2003 en 26 % con respecto al igual período del año anterior. La fuente aclara que el registro de estos envíos se hace exclusivamente con los datos aportados por la “vía formal”, es decir, por empresas que se dedican a este negocio. Se sabe, sin embargo, que la cifra puede ser mucho mayor si se consideran otros canales. Demás está decir que este aporte (que en el 2003 puede llegar a US$ 105 millones) es una importante fuente de ingresos para familias que mayormente se encuentran en la pobreza, tendiendo en consecuencia a aliviar situaciones de necesidades crecientes.
El trabajo de la Secretaría de Repatriados
La Ley N.º 223, sancionada por el Poder Ejecutivo el 28 de junio de 1993, crea la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales en reemplazo del Consejo que tenía el mismo nombre. El Artículo 2 le asigna las siguientes atribuciones:
- Definir políticas y estrategias en la materia, fiscalizar la aplicación de las políticas del sector, estudiar los fenómenos de la migración, retroalimentar los lineamientos políticos y sugerir mecanismos de operación-gestión, proponer pautas a la participación nacional e internacional en los problemas relativos a la materia.
- Si observa bien a través de las atribuciones conferidas a esta secretaría, la ley que la crea no le ha dado un carácter ejecutivo. Podría decirse que el carácter de esta nueva instancia es más propio de un instituto que de una secretaría encargada de atender asuntos operativos relativos a repatriaciones.
El estudio de los fenómenos de la migración, por ley posterior N.º 978/96, es una facultad asignada a la Dirección General de Migraciones.
Durante este año la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, además de participar activamente en el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre migraciones en la Cancillería, ha desarrollado una intensa labor a pesar de la estrechez de sus recursos y de sus atribuciones. Entre esas actividades se mencionan principalmente la tramitación de innumerables expedientes de opción por la nacionalidad paraguaya de hijos retornados de paraguayos que habían migrado. A mediados de año, dicha secretaría anunció que en los últimos meses había obtenido la nacionalidad para 211 personas nacidas en el extranjero. Ha realizado también trámites para el reconocimiento de títulos y credenciales educativas, y el otorgamiento de cédulas de identidad a hijos y cónyuges de paraguayos que nacieron en el extranjero.
Aun cuando al cierre de la edición de este informe no se conocen los datos del Censo de Población 2002 referidos al movimiento migratorio en el país, se puede estimar que los flujos internos continúan creciendo como consecuencia de la expulsión del campo de familias campesinas acosadas por la pobreza o por el avance de la frontera de la soja transgénica.
Otro flujo que ya había sido documentado por la Encuesta Integrada de Hogares del año pasado es el de la migración urbana-urbana, ocasionada principalmente por desplazamientos entre ciudades o entre municipios. Se presume igualmente que dicho flujo continúa debido a que no hay atisbos oficiales de encarar la inestabilidad residencial, en particular de aquellos que residen en municipios que rodean a las principales ciudades. Estos desplazamientos, si bien implican cambio de residencia, pueden ser de muy corta distancia, incluso dentro de un mismo departamento.
Se ha conocido también que durante el año continuó y se agravó la migración de indígenas, principalmente hacia Asunción. Este fenómeno, que se ha venido agudizando durante los últimos años, es resultado del despojo de sus tierras, situación a la que los indígenas se ven sometidos por las pésimas políticas referidas a ellos implementadas por el gobierno. Para las parcialidades que residen en el este de la región Oriental del país, es de esperar que este problema se agudice debido al desmesurado incremento del precio de las tierras por el avance de la frontera de la soja, que está absorbiendo las tierras campesinas y degradando los pocos bosques nativos restantes.
La disponibilidad actual de los “lineamientos para la formulación de una política migratoria nacional” y el inicio a corto plazo de la formulación de la política migratoria propiamente tal, contemplan no solo la revisión del actual marco normativo para las migraciones en el país, sino la revisión completa de la carta orgánica de la Dirección General de Migraciones, la reglamentación de la mayoría de los artículos de la actual Ley 978/96 de Migraciones, su eventual modificación o incluso su derogación y promulgación de una nueva y debe incluirse en esta revisión lo concerniente a la nueva ley de visas que la Cancillería parece estar elaborando.
El gobierno ha manifestado su intención de convertir este proceso de formulación de la política en uno participativo (como de hecho fue la formulación de los lineamentos). La política incluirá también un rediseño de la articulación de competencias y la creación de una instancia de conducción política y de gobierno de las migraciones, como la Comisión Nacional de Migraciones, cuya creación se está proponiendo.
Es la circunstancia adecuada para que los organismos de defensa de los derechos humanos, la pastoral migratoria de las iglesias y personas interesadas puedan hacer oír su voz e incluir sus planteamientos en la propuesta. Tanto la Organización Internacional para las Migraciones como el Fondo de Población de Naciones Unidas, que apoyarán esta iniciativa, tienen también sus planteamientos en esta dirección.
Por otro lado, se considera oportuno que organizaciones vinculadas a los derechos humanos de los migrantes establezcan un diálogo más fluido y permanente con las nuevas autoridades de la Dirección General de Migraciones que han asumido luego del cambio de gobierno de agosto pasado. La orientación más técnica, así como el funcionamiento transparente que intentan imprimir a la institución, merecen ser acompañados hasta que se muestre lo contrario.
En general, los problemas de corrupción por autoridades jerárquicas y de menor rango contra los migrantes son poco conocidos. Algunos estudios elaborados durante el año en el marco del proyecto de la Cancillería con la Organización Internacional para las Migraciones dieron a conocer que ciertos grupos migrantes pobres, principalmente bolivianos y peruanos, aunque no solamente ellos, son permanentemente acosados por esas autoridades. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los organismos encargados de velar por su cumplimiento debieran denunciar sistemáticamente tales hechos, que en no pocas ocasiones son ocultados por los propios damnificados por temor a represalias mayores.
Sobre el tema del avance de la agricultura capitalista por sobre la campesina (operada principalmente por brasileños y menonitas), las organizaciones sociales están empezando a analizar la situación, principalmente las organizaciones campesinas.
Una vez llegada a una posición de consenso, lo cual sería relativamente fácil, ya que existe una simpatía generalizada en la opinión pública sobre la defensa de la soberanía nacional, debiera hacerse un trabajo de lobby para que el gobierno incluya el tema en el marco más amplio de las negociaciones con Brasil. Ciertamente, no bajo la forma de una ley de seguridad fronteriza (que sería más un problema que una solución). La defensa del campesinado nacional, frenar la emigración campo-ciudad, preservar el medioambiente, y otros temas vinculados pueden, claramente, ser materia de debate con Brasil, del cual podrían sacarse, si se actúa inteligentemente, muchas ventajas.
El tema de la regularización migratoria de los extranjeros en el país y de los paraguayos en el exterior debe ser materia de preocupación prioritaria por parte de la Dirección General de Migraciones y la Cancillería respectivamente, así como tema de presión por parte de las organizaciones sociales (preferiblemente de los propios migrantes) y las no gubernamentales.
Finalmente, es de esperar que durante el próximo año se materialice el viejo sueño de los paraguayos en el exterior de no perder su ciudadanía cívica conquistando el derecho al voto. Para ello debiera apoyarse a las organizaciones de paraguayos en el exterior y trabajar acá con los nuevos parlamentarios electos.
- Cuando el que se radica pide la radicación permanente, está firmando una declaración jurada de que va a cumplir todas las leyes de la República, de lo que se deduce que tiene que conocer dichas leyes, en caso de que no la cumpliere, debe ser posible la cancelación de la misma. Actualmente, eso lo hace el estrado judicial, no siendo una atribución administrativa. ↑
- Hasta el punto de que una organización campesina ha solicitado recientemente a la gobernación de Itapúa la adquisición y puesta en funcionamiento de laboratorios móviles de toxicología para atender los innumerables casos que afectan en particular a la región nordeste de ese departamento. ↑
