El Pueblo – marzo 2004
Hace ya bastante más de un año, sectores campesinos organizados empezaron a denunciar casos de intoxicación e incluso de muertes por la aplicación masiva e irresponsable de potentes biocidas[1] en cultivos de soja transgénica. La paciencia campesina se está rompiendo a causa de la aún más irresponsable inacción gubernamental ante el problema, a pesar de los reiterados reclamos de las principales organizaciones y sus líderes.
Ante el desolador panorama económico del país, las autoridades respectivas de la administración Duarte Frutos (que apenas acaba de cumplir la décima parte de lo que va a durar su gestión) no han encontrado mejor escapatoria que firmar un vergonzoso acuerdo stand by, el 15 de diciembre pasado, con el Fondo Monetario Internacional. Todo “acuerdo” de este tipo tiene una larga lista de lo que se conoce como “condicionalidades”. Esto es, condiciones que el país signatario debe cumplir para que el FMI lo apoye.
Una de esas condiciones es que el PIB nacional crezca —durante el 2004— al menos un 2,8 % (la población viene creciendo a un 2,7 %), de modo a revertir el retroceso real de la economía paraguaya[2] durante los últimos ocho años. Completamente, todos los sectores económicos del país están estancados (o en vías de destrucción), ¿cómo podría entonces crecer la economía nacional? Con la soja, específicamente con la soja transgénica.
La “vista gorda” que están haciendo las autoridades gubernamentales ante las increíbles barbaridades y estragos que está causando el frenesí químico de los sojeros, se explica porque para el gobierno, la única alternativa de cumplir y dar satisfacción al FMI, estriba en el ingreso de las divisas de las que momentáneamente dispondrá el Banco Central al percibir en dólares (o euros, o la divisa que sea) las exportaciones de la oleaginosa[3]. Mal podría entonces el gobierno proteger a la población de las áreas rurales de la agresividad de los sojeros, ya que tal protección implica necesariamente, o poner coto a la expansión del área sembrada, o sancionar las infracciones a la legislación ambiental, en ambos casos el volumen de la producción caería y con ello ingresarían menos divisas al BCP y no se alcanzaría el prometido de 2,8 %.
Se llega así a la conclusión que el principal responsable de la destrucción ambiental del país, de las muertes de varias personas, de la intoxicación de muchas más, de la descampesinización que está produciendo el avance de la soja-t, de la represión a campesinos que intentan defender su vida, su tekoha, es el propio gobierno. Los campesinos heridos y muertos defienden su tierra, defienden su piel[4], el gobierno agresor y antipopular defiende a los agroexportadores, al FMI. Paradojal situación la nuestra; en abril de 2003 hemos elegido voluntariamente a quien sería poco después nuestro verdugo. La reacción de los damnificados por el uso de estos biocidas puede clasificarse de tres formas. Por un lado, está la de los conformistas o fatalistas, que se resignan a la situación y venden sus lotes o derecheras y se mudan a algún pueblo o ciudad, normalmente a sus orillas, para convertirse, a la corta o a la larga, en pobladores marginales, marginalizados, sin chance alguna de
volver a tener un pedazo de tierra, sin perspectivas de volver a tener un futuro. En la mayoría de los casos, en este grupo se encuentran los campesinos no organizados.
Por otro lado, está la reacción que podría considerarse “institucional”. Se observa en muchos Departamentos del país la conformación —durante el último año— de “Coordinadoras por la Defensa de la Vida y el Medioambiente”. Ya existen en San Pedro, Concepción, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y se están formando en otros. Estas coordinadoras están integradas no solo por organizaciones campesinas, sino también por docentes, jóvenes, estudiantes, comunicadores, intendentes, miembros de juntas departamentales y municipales, religiosos y otros. El propósito de las mismas es hacer denuncias acabadas de la situación, coordinarse a nivel nacional y hacer planteamientos concretos de solución.
Por último, se da un tipo de reacción que puede considerarse de acción directa. Bloqueo de caminos para evitar el paso de equipos fumigadores, manifestaciones y más recientemente, quema y/o corpida de sojales en etapa de cosecha. Desde luego, este último es el tipo de comportamiento que preocupa al gobierno. El máximo encargado de la “seguridad interna” del país ha declarado recientemente que las autoridades del país, las fuerzas armadas y la policía, están para garantizar la seguridad de los ciudadanos, dejando con esto en claro que se protegerá a los propietarios de los sojales ante los “actos de vandalismo” llevados a cabo con “inconfesables propósitos”[5]. Llama la atención que estos aparatos represivos del Estado no estén presentes cuando aquellos mismos propietarios fumigan sus cultivos a escasos metros de viviendas o escuelas de los campesinos, quienes también y más frecuentemente ven amenazada su seguridad física por la aspersión de agrotóxicos que pueden considerarse verdaderas armas de destrucción masiva.
Los sectores sociales afectados de manera directa por el modelo agroexportador, por el monocultivo, por la agresiva tecnología química que implica, así como los sectores sociales sensibilizados por la suerte de aquellos compatriotas, por el impacto sobre el medioambiente y por las secuelas de pobreza y degradación que dicho modelo produce, no han intercambiado todavía lo suficiente, como para desarrollar una estrategia de resistencia conjunta. Las Coordinadoras departamentales, la Federación Nacional Campesina, la MCNOC reaccionan todavía aisladamente una de otra, sin embargo, la magnitud del problema crece día a día. La quema de sojales por parte de grupos campesinos desesperados, o por parte de los mismos propietarios que pretenden desalojar a los campesinos del vecindario por vía de la represión que desataría su presunta culpabilidad, implica una escalada en esta lucha entre el modelo capitalista depredador de la agricultura intensiva de exportación y la agricultura campesina. Es una lucha desigual que nos degrada a todos. A los más pobres porque los remite a situaciones de indigencia límite, a la enfermedad y al desarraigo. A los más ricos y a los opresores porque los convierte en verdugos de su propio pueblo, en depredadores de su propia tierra, en ladrones de la riqueza del país para entregársela a las multinacionales y a la banca privada extranjera. Los campesinos han apelado reiteradamente al diálogo, han llamado la atención sobre las graves consecuencias sobre la salud humana y medioambiental de la soja-t y su paquete tecnológico, han acudido y apelado a cuanto recurso institucional tenían a su alcance, pero toda paciencia termina por acabarse cuando la ceguera y la obsecuencia de las autoridades desoye legítimos reclamos. Al parecer, las “autoridades democráticas” de la administración Duarte Frutos prefieren adular a los jerarcas financieros mundiales y dar la espalda a su pueblo. Igual que Malinche.
- Nombre genérico para todo producto que “mata la vida”, específicamente aplicable a la amplia variedad de agrotóxicos utilizados en la agricultura. ↑
- Que tuvo un crecimiento del PIB siempre inferior al crecimiento poblacional. ↑
- Esas divisas son cambiadas a moneda local para el correspondiente pago al exportador. O sea, el BCP retiene en dólares y traspasa esa cantidad en guaraníes al cambio del día al exportador. El volumen de exportaciones es contabilizado en las cuentas nacionales y hace aumentar el PIB sectorial, en este caso agrícola. ↑
- . Al decir del Padre Bartomeu Meliá en “El campesino, la tierra y su piel”. Revista Acción, marzo 2004. ↑
- Declaraciones del ministro del Interior. Nota del Canal 13 de TV, noticiero del mediodía del día 03/03/04. ↑
Hace ya bastante más de un año, sectores campesinos organizados empezaron a denunciar casos de intoxicación e incluso de muertes por la aplicación masiva e irresponsable de potentes biocidas[1] en cultivos de soja transgénica. La paciencia campesina se está rompiendo a causa de la aún más irresponsable inacción gubernamental ante el problema, a pesar de los reiterados reclamos de las principales organizaciones y sus líderes.
Ante el desolador panorama económico del país, las autoridades respectivas de la administración Duarte Frutos (que apenas acaba de cumplir la décima parte de lo que va a durar su gestión) no han encontrado mejor escapatoria que firmar un vergonzoso acuerdo stand by, el 15 de diciembre pasado, con el Fondo Monetario Internacional. Todo “acuerdo” de este tipo tiene una larga lista de lo que se conoce como “condicionalidades”. Esto es, condiciones que el país signatario debe cumplir para que el FMI lo apoye.
Una de esas condiciones es que el PIB nacional crezca —durante el 2004— al menos un 2,8 % (la población viene creciendo a un 2,7 %), de modo a revertir el retroceso real de la economía paraguaya[2] durante los últimos ocho años. Completamente, todos los sectores económicos del país están estancados (o en vías de destrucción), ¿cómo podría entonces crecer la economía nacional? Con la soja, específicamente con la soja transgénica.
La “vista gorda” que están haciendo las autoridades gubernamentales ante las increíbles barbaridades y estragos que está causando el frenesí químico de los sojeros, se explica porque para el gobierno, la única alternativa de cumplir y dar satisfacción al FMI, estriba en el ingreso de las divisas de las que momentáneamente dispondrá el Banco Central al percibir en dólares (o euros, o la divisa que sea) las exportaciones de la oleaginosa[3]. Mal podría entonces el gobierno proteger a la población de las áreas rurales de la agresividad de los sojeros, ya que tal protección implica necesariamente, o poner coto a la expansión del área sembrada, o sancionar las infracciones a la legislación ambiental, en ambos casos el volumen de la producción caería y con ello ingresarían menos divisas al BCP y no se alcanzaría el prometido de 2,8 %.
Se llega así a la conclusión que el principal responsable de la destrucción ambiental del país, de las muertes de varias personas, de la intoxicación de muchas más, de la descampesinización que está produciendo el avance de la soja-t, de la represión a campesinos que intentan defender su vida, su tekoha, es el propio gobierno. Los campesinos heridos y muertos defienden su tierra, defienden su piel[4], el gobierno agresor y antipopular defiende a los agroexportadores, al FMI. Paradojal situación la nuestra; en abril de 2003 hemos elegido voluntariamente a quien sería poco después nuestro verdugo. La reacción de los damnificados por el uso de estos biocidas puede clasificarse de tres formas. Por un lado, está la de los conformistas o fatalistas, que se resignan a la situación y venden sus lotes o derecheras y se mudan a algún pueblo o ciudad, normalmente a sus orillas, para convertirse, a la corta o a la larga, en pobladores marginales, marginalizados, sin chance alguna de
volver a tener un pedazo de tierra, sin perspectivas de volver a tener un futuro. En la mayoría de los casos, en este grupo se encuentran los campesinos no organizados.
Por otro lado, está la reacción que podría considerarse “institucional”. Se observa en muchos Departamentos del país la conformación —durante el último año— de “Coordinadoras por la Defensa de la Vida y el Medioambiente”. Ya existen en San Pedro, Concepción, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y se están formando en otros. Estas coordinadoras están integradas no solo por organizaciones campesinas, sino también por docentes, jóvenes, estudiantes, comunicadores, intendentes, miembros de juntas departamentales y municipales, religiosos y otros. El propósito de las mismas es hacer denuncias acabadas de la situación, coordinarse a nivel nacional y hacer planteamientos concretos de solución.
Por último, se da un tipo de reacción que puede considerarse de acción directa. Bloqueo de caminos para evitar el paso de equipos fumigadores, manifestaciones y más recientemente, quema y/o corpida de sojales en etapa de cosecha. Desde luego, este último es el tipo de comportamiento que preocupa al gobierno. El máximo encargado de la “seguridad interna” del país ha declarado recientemente que las autoridades del país, las fuerzas armadas y la policía, están para garantizar la seguridad de los ciudadanos, dejando con esto en claro que se protegerá a los propietarios de los sojales ante los “actos de vandalismo” llevados a cabo con “inconfesables propósitos”[5]. Llama la atención que estos aparatos represivos del Estado no estén presentes cuando aquellos mismos propietarios fumigan sus cultivos a escasos metros de viviendas o escuelas de los campesinos, quienes también y más frecuentemente ven amenazada su seguridad física por la aspersión de agrotóxicos que pueden considerarse verdaderas armas de destrucción masiva.
Los sectores sociales afectados de manera directa por el modelo agroexportador, por el monocultivo, por la agresiva tecnología química que implica, así como los sectores sociales sensibilizados por la suerte de aquellos compatriotas, por el impacto sobre el medioambiente y por las secuelas de pobreza y degradación que dicho modelo produce, no han intercambiado todavía lo suficiente, como para desarrollar una estrategia de resistencia conjunta. Las Coordinadoras departamentales, la Federación Nacional Campesina, la MCNOC reaccionan todavía aisladamente una de otra, sin embargo, la magnitud del problema crece día a día. La quema de sojales por parte de grupos campesinos desesperados, o por parte de los mismos propietarios que pretenden desalojar a los campesinos del vecindario por vía de la represión que desataría su presunta culpabilidad, implica una escalada en esta lucha entre el modelo capitalista depredador de la agricultura intensiva de exportación y la agricultura campesina. Es una lucha desigual que nos degrada a todos. A los más pobres porque los remite a situaciones de indigencia límite, a la enfermedad y al desarraigo. A los más ricos y a los opresores porque los convierte en verdugos de su propio pueblo, en depredadores de su propia tierra, en ladrones de la riqueza del país para entregársela a las multinacionales y a la banca privada extranjera. Los campesinos han apelado reiteradamente al diálogo, han llamado la atención sobre las graves consecuencias sobre la salud humana y medioambiental de la soja-t y su paquete tecnológico, han acudido y apelado a cuanto recurso institucional tenían a su alcance, pero toda paciencia termina por acabarse cuando la ceguera y la obsecuencia de las autoridades desoye legítimos reclamos. Al parecer, las “autoridades democráticas” de la administración Duarte Frutos prefieren adular a los jerarcas financieros mundiales y dar la espalda a su pueblo. Igual que Malinche.
- Nombre genérico para todo producto que “mata la vida”, específicamente aplicable a la amplia variedad de agrotóxicos utilizados en la agricultura. ↑
- Que tuvo un crecimiento del PIB siempre inferior al crecimiento poblacional. ↑
- Esas divisas son cambiadas a moneda local para el correspondiente pago al exportador. O sea, el BCP retiene en dólares y traspasa esa cantidad en guaraníes al cambio del día al exportador. El volumen de exportaciones es contabilizado en las cuentas nacionales y hace aumentar el PIB sectorial, en este caso agrícola. ↑
- . Al decir del Padre Bartomeu Meliá en “El campesino, la tierra y su piel”. Revista Acción, marzo 2004. ↑
- Declaraciones del ministro del Interior. Nota del Canal 13 de TV, noticiero del mediodía del día 03/03/04. ↑
