Publicado en: Codehupy. Informe de derechos Humanos, diciembre 2010.
Obstáculos de carácter político y de carácter legal, sumados a los de carácter económico y financiero, junto a dificultades de orden social, se presentan como las principales trabas para un cambio en las relaciones sociales en el campo paraguayo. El país no dejó de ser un territorio marcado por la herencia feudal, oligárquica y conservadora desde la guerra contra la Triple Alianza. La tierra sigue siendo el elemento mediador para la obtención de los símbolos de estatus social, de acumulación de riqueza y, en consecuencia, de ejercicio del poder político.
1. Introducción
En lo que va del gobierno de Fernando Lugo, pocos han sido los avances en el disfrute de los derechos a la reforma agraria y el desarrollo rural en el país. Si bien en este artículo se analizarán los principales obstáculos para que la reforma agraria se inicie, primeramente se hace una breve referencia a la actual situación.
Los elementos que siguen afectando negativamente los derechos de las comunidades campesinas están directamente asociados a la incorporación de material genéticamente modificado y el uso masivo de nuevos y potentes agrotóxicos en la agricultura empresarial, así como el sostenido repunte de los precios internacionales de la carne, que implicaron una mayor demanda de tierra para la producción agropecuaria de exportación y aceleraron la expansión de la frontera de la soja[1]. Los precios de la tierra aumentaron y el acoso a la economía campesina fue objeto de una agresión sin precedentes.
Fernando Lugo, quien en su campaña había prometido como punto más importante el inicio de la reforma agraria, no ha logrado dar avances significativos, o al menos, ir revirtiendo algunos de los principales problemas del sector campesino.
En relación con la tierra, persiste la altísima concentración de ella: el coeficiente de Gini[2] es 0.91. Según la FAO, se estima en un poco más de 300 000 las familias sin tierra(Palau et al. 2010), hecho que tiende a agravarse por la inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra por parte de una amplia franja de pequeños productores y pequeñas productoras rurales y por la falta de regulación de la venta de tierra al empresariado extranjero. Asimismo, repercute negativamente la falta de reglamentación del Estatuto Agrario, Ley 1863/01, que permita implementar de manera efectiva las formas alternativas de tenencia de la tierra en él contempladas.
El insuficiente apoyo estatal a asentamientos y colonias campesinas se expresa en el reducido gasto público orientado al sector. No existe apoyo para la diversificación productiva y se tiene una ausencia casi completa de tecnología adecuada a los requerimientos de la agricultura de las familias rurales empobrecidas. La asistencia técnica —cuando existe— está dirigida a los rubros de exportación de fincas mayores, por lo que es inadecuada para la producción campesina. Prácticamente, es nulo el desarrollo de las micro-agroindustrias bajo control campesino. A esto se le suma la degradación de los suelos y la caída sostenida de los rindes productivos, especialmente en tierras de asentamientos rurales sin una política de recuperación. Todo ello es resultado del inadecuado marco normativo e institucional para encarar procesos de apoyo a la economía y la sociedad campesinas en un escenario de equidad distributiva, dado que el actual marco normativo e institucional es funcional a un modelo de concentración. La estructura fiscal regresiva también atenta contra las posibilidades de financiamiento al sector.
En lo financiero existen deficiencias estructurales del sistema de crédito a las y los pequeños productores, con ausencia significativa de la banca pública para el financiamiento de la agricultura campesina; estrechez del mercado para la producción de las familias rurales empobrecidas, con redes de comercialización controladas por agentes especulativos; inexistencia de mecanismos y oportunidades para la inserción de las organizaciones de pequeños productores y pequeñas productoras para comercializar internacionalmente de manera directa su producción, y el deterioro sostenido de los términos de intercambio de la finca campesina con agentes económicos externos.
La insuficiente unidad de las organizaciones de pequeños productores y productoras agrícolas, y la cooptación política y económica por parte de las autoridades de algunos líderes de las organizaciones, también es otro problema preocupante. Sobre todo cuando además no existe una voluntad de dar participación efectiva al campesinado en el sistema de toma de decisiones, sobre todo en instituciones como el MAG, el INDERT y otros.
Se puede mencionar que la expansión sin control de la agricultura empresarial —tipo farmer para ampliación del área de cultivo de soja transgénica— y, en menor medida, de caña de azúcar, son causantes de muchos de estos problemas, además de la destrucción acelerada de los recursos naturales: deforestación, contaminación de cursos de agua, uso intensivo de agrotóxicos, que generan la pérdida acelerada del patrimonio genético autóctono.
La falta de implementación de una política agraria que a las familias campesinas, genera el aumento del empobrecimiento de las mismas, así como la intensificación de la migración campo— ciudad. Por su parte, la desvalorización de la cultura e identidad campesinas, repercute directamente en el desapego creciente de las y los jóvenes rurales hacia la actividad agrícola.
Finalmente, no puede dejar de señalarse que continúa la criminalización de la lucha social, con persistencia de prácticas autoritarias de representantes del poder político, administrativo, militar y policial en las comunidades rurales.
Los problemas mencionados muestran solo algunas de las dificultades en las que ha venido sobreviviendo la agricultura campesina en el país. Estos problemas tenderán a agudizarse en el futuro de no tomarse las medidas correctivas que podría proveer una reforma agraria, tal como había sido prometida por el actual gobierno.
2. Marco legal
El derecho a la reforma agraria y al desarrollo rural, tienen base constitucional y carácter jurídicamente vinculante, ligado a las obligaciones internacionales del Estado, emergentes de los tratados en materia de Derechos Humanos que el país ha adherido. Tal como lo señala Juan Martens (2010):
[…] la Constitución Nacional de 1992 sienta las bases normativas y posibilita que se inicie un proceso de modificación de la estructura de la tenencia de la tierra en Paraguay, impidiendo que siga concentrada en manos de pocos propietarios. Manda de manera expresa, la adopción de un sistema equitativo de distribución de tierras para lograr la desconcentración de la propiedad privada y el acceso a ella, a quienes tienen como forma de subsistencia el trabajo agrario, de manera directa y personal (Arts. 109, 114 y 115). Coherente con este mandato, fija como límite de la propiedad privada de la tierra, la función social y económica que debe cumplir, de tal manera a hacerla accesible a todos y todas (Art. 109). Es por ello que la carta magna afirma que “se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible a todos”. Este mismo artículo establece los motivos por los cuales se puede expropiar una propiedad privada, aunque la misma se encuentre racionalmente explotada: la utilidad pública y el interés social.
Martens señala asimismo que: […] los servidores públicos, principalmente diputados y senadores, tienen la obligación de poner en vigencia estos mandatos constitucionales, pues forma parte de sus funciones, cumplir y hacer cumplir las leyes. No cumplir los mandatos de la Constitución Nacional, implica mal desempeño de sus funciones y constituye causal de juicio político.
En cuanto a las obligaciones derivadas del Derecho Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó entre sus preocupaciones en el 2007: […] la lentitud en la realización de la reforma agraria. Aunque observa que el Instituto de Bienestar Rural se transformó en INDERT, el Comité reitera su preocupación ante la situación de los campesinos y de la población indígena que no tienen acceso a sus tierras tradicionales y ancestrales. El Comité observa con preocupación la concentración de la propiedad de las tierras en un porcentaje muy reducido de la población (Comité DESC, 2007: párr.12, inc.b).
Dicho Comité expresamente recomendó al Estado: […] que incremente sus esfuerzos para acelerar la demarcación y recuperación de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, acompañando la repartición de tierras a los campesinos de medidas tales como asistencia técnica, insumos, herramientas, microcréditos, capacitación e infraestructura como sistemas de irrigación y electricidad. El Estado parte debe vigilar que el presupuesto destinado a la reforma agraria no sea desviado de su fin (Comité DESC, 2007: párr.23, inc.b).
Por lo tanto, la no realización de la reforma agraria no solo contradice mandatos constitucionales, sino que también recomendaciones explícitas de órganos internacionales de vigilancia de los tratados de derechos humanos.
3. Balance de un año de iniciativas y omisiones
Si bien el gobierno de Lugo —especialmente a través del INDERT y la CEPRA— ha intentado dar inicio a algunas acciones que podrían enmarcarse en la reforma agraria, los actores en cuestión, tanto campesinado como agro empresariado, coinciden en que los avances han sido mínimos (Palau y Riquelme, 2010). Durante el presente año, continuaron realizándose algunas acciones tendientes a la recuperación de lotes, así como también asistencia a algunas comunidades, pero no han llenado las expectativas que había creado la propuesta electoral, de una reforma agraria integral para el movimiento campesino. Por otro lado, la fuerte presión de los sectores conservadores continuó dificultando la implementación de una política más efectiva por parte del gobierno.
Son varias las instituciones, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo rural y la reforma agraria diseñados en los meses previos y posteriores a la asunción de Lugo a la presidencia del país. Cuatro son las principales reparticiones del Ejecutivo más visiblemente involucradas en el tema: el MAG, el Gabinete Social de la Presidencia de la República (GS), el INDERT y la SAS. Todos los planes y programas de reparticiones —cuya lista incompleta se enumera en el Cuadro 1— han mostrado la mayor de las ineficacias para promover sus metas durante este año.
Vale mencionar también el convenio de cooperación entre el CAH y la Secretaría de la Mujer (SMPR) en el marco del Plan Paraguay 2020, que contempla la profundización de los procesos de incorporación de la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos del CAH.
Puede apreciarse fácilmente que esta gran cantidad de planes, programas, proyectos e iniciativas de diferentes reparticiones gubernamentales, elaborados muchos de ellos de manera paralela (en el mejor de los casos) o de manera antagónica cuando los intereses en pugna eran o son políticamente distintos, no puede sino ofrecer un panorama desolador: es la más clara expresión de que no se hará nada.
Fuente: Elaboración propia a partir de relevamiento en las instituciones
¿Por qué se llega a esta situación? La respuesta es relativamente sencilla: cada grupo quiere imponer sus ideas. Así ocurrió cuando en el Ministerio de Hacienda se formó el grupo que elaboraría el componente agrario del Programa Estratégico Económico y Social (PEES), y por su lado, el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Cándido Vera Bejarano, recogiendo la vieja inspiración neoliberal que había orientado la conducción del MAG durante el período nicanorista, se apoya en el SIGEST, que no es sino una versión maquillada de las propuestas propias del Banco Mundial para el agro. Y si la extrema derecha del MAG se enfrentaba con la orientación de derechas de Hacienda, cuánto más se enfrentaría a la intención progresista que inspiraba, quizás de manera algo principista, la dirección que Alberto Alderete intentaba darle al Indert. No solo Vera Bejarano no quiere inclinar la cerviz a la conducción del Indert que la Cepra suponía para su implementación, sino que directamente, y apoyado por los sectores más conservadores del país como los gremios ganaderos y “de la producción”, o sea sojeros y la prensa, boicotean la CEPRA. El resultado es que el PEES es un listado de buenas intenciones, el Sigest opera en la mayor intrascendencia de proyectos micro, en tanto la CEPRA directamente no funciona.
Por su lado, Miguel Ángel López Perito, secretario de la Presidencia de la República, con intenciones políticas no manifestadas aún[3], quizás presidenciales para el 2013, prepara una pesada artillería de propuestas de desarrollo rural bajo el amparo directo de Lugo. Su radio de acción no se restringirá al Gabinete Social, sino que se extenderá a la SAS, a cargo también de un controvertido incondicional de Lugo, Pablino Cáceres, que poco puede hacer para superar las propuestas de la ayuda social focalizada, de neto corte neoliberal.
En resumen, se trata de un conjunto de diferencias ideológicas de concepción de la cuestión agraria que se expresan tanto en animadversiones personales, como bajo la forma de sectarismos partidarios, que generan obstáculos adicionales (como si hubieran hecho falta) a la ejecución de acciones tendientes a la reforma agraria y al desarrollo rural.
4. Principales obstáculos a la Reforma Agraria[4]
4.1 Obstáculos de carácter político
Analizando estos dos años del gobierno de Lugo, en particular el 2010, las observaciones realizadas llegan a la constatación de que las principales trabas para un cambio en las relaciones sociales en el campo paraguayo son de orden político. El país no dejó de ser un territorio marcado por la herencia feudal, oligárquica y conservadora iniciada con la guerra contra la Triple Alianza. La tierra sigue siendo el elemento mediador para la obtención de los símbolos de estatus social, de acumulación de riqueza y, en consecuencia, de ejercicio del poder político. No es casual que la derecha política y el poder real (el económico) se conglomeren para la defensa de los intereses latifundistas. De ellos derivan, todavía, la hegemonía política y la acumulación capitalista de riquezas.
Una primera forma en que se expresó esa dominación es la misma constitución del gabinete de Lugo o, si se mira un poco más atrás en el tiempo, en el triunfo electoral de Lugo. No hubiera podido ganar solo y de las alianzas surgieron los compromisos. La alianza con la derecha marcó la conformación del gabinete. Fue ahí, en la heterogeneidad del Poder Ejecutivo, donde se gestaron los primeros obstáculos para la reforma agraria. Tal como se menciona más arriba, la proliferación desconexa de iniciativas en los planes y programas se convirtió en un verdadero pantano institucional en que naufragarían las aspiraciones de cambio.
El MAG no estuvo ni está preparado para acompañar la Reforma Agraria, está organizado para apoyar al modelo agroexportador del empresariado. Lo fue con Vera Bejarano y lo es ahora con Enzo Cardozo Jiménez.
El Ministerio de Hacienda, entidad clave para financiar el cambio social, es un baluarte de la derecha económica y, siempre que pudo, se encargó de obstaculizar el financiamiento de inversiones sociales que no fueran de inspiración neoliberal.
La oposición de Alderete al frente del Indert, para aceptar un fondo del Banco Mundial destinado a la Reforma Agraria, cuyo presupuesto ya había sido consignado por el ministro de Hacienda al mismo Indert, hizo posible la acusación de baja ejecución presupuestaria al presidente del Indert[5].
Las disidencias entre el Gabinete Social y el MAG, por un lado, así como las toscas relaciones mantenidas entre López Perito y Alderete, por otro, no hicieron más que hacer naufragar las aspiraciones del campesinado y sus organizaciones.
Si bien Alberto Alderete no logró impulsar la reforma agraria y ni siquiera avanzar significativamente hacia la misma, el hecho de que contara con el apoyo de ciertas organizaciones campesinas, molestaba a los sectores más conservadores, quienes lanzaron una campaña por su destitución; parte de la campaña fueron, el recorte presupuestario, la interpelación a Alderete en el caso Teixeira, intervenciones fiscales y judiciales a esta institución. Con su destitución, se lograba frenar lo (poco e insuficiente) que se venía intentando implementar desde esta instancia gubernamental.
Si esto ocurría bajo la carpa del mismo Poder Ejecutivo y sus adherentes, es fácil imaginar el tipo de artillería que tenía preparada la derecha política. Por cierto, un obstáculo de la mayor importancia fue la obstrucción sistemática del Poder Judicial a las iniciativas de recuperación de tierras y la represión y desalojo de invasiones. Cuando se intentó la recuperación de tierras fiscales (con estudios técnicos sobre propiedades que abarcaban más que las que estaban en los títulos) empezó una guerra frontal contra el Indert desde el Congreso, la UGP, la ARP y la prensa conservadora.
Las escaramuzas no se hicieron esperar: el titular del Indert, Alberto Alderete, criticó duramente a los parlamentarios y las parlamentarias, al Poder Judicial, a la Fiscalía y a la Policía, a quienes acusó de obstaculizar la realización de la Reforma Agraria en el país, principalmente para la recuperación de tierras improductivas y mal habidas. Fue precisamente el intento de recuperación de estos lotes, lo que le llevó a la interpelación, impulsada por la ARP, la UGP y el apoyo de Partido Patria Querida (PPQ)[6]. Por su parte, el Parlamento, abrumadoramente conservador, recortó presupuestos para tierras al mínimo, asfixiando al Indert. A pesar de esto, —según entrevista realizada en julio de 2010 a Alderete— “se pudo legalizar a 40 asentamientos existentes con la compra de las tierras”, manifestó en la entrevista realizada.
Estas no son sino solo algunas de las dificultades encontradas para implementar el proceso de reforma agraria, que muestran con claridad la forma como se expresa la barrera política que existe para innovar en el sector.
4.2 Obstáculos de carácter legal
Los enfrentamientos y obstáculos interpuestos en el escenario de la política no son menores a los que el proceso de la reforma agraria encontró en la confusa maraña de la legislación que regula el sector agrario, confusión que solo contribuye a que las cosas no puedan hacerse de manera legal sin infringir alguna norma contradictoria. Baste el dato de que en un país eminentemente agrario, no existe un fuero jurisdiccional propio en que puedan dirimirse los conflictos surgidos alrededor de la tenencia de la tierra, para darse cuenta de que la legislación que se fue construyendo históricamente alrededor de la cuestión agraria, fue hecha a medida de los intereses oligárquicos.
Los problemas concretos surgidos en el período analizado, se expresaron de diferentes maneras. En efecto, el método de la expropiación es inservible por lo establecido en el Estatuto Agrario para considerar a un inmueble como “racionalmente explotado”. Esta norma solo exige un parámetro de productividad del 30%[7].
Cuando las tierras ya tienen algún título es más problemático aún, porque hay que iniciar un “juicio de nulidad del título” vía judicial, lo cual lleva mucho tiempo. Según testimonio del expresidente del Indert, “hasta hoy los jueces y fiscales se prestan al juego de los especuladores de la tierra” (idem).
Tampoco ha habido iniciativas para reglamentar el Estatuto Agrario, condición jurídica indispensable para dar algunos pasos hacia la reforma agraria.
4.3 Obstáculos de carácter institucional
A la fuerte confrontación política, a los obstáculos con que se tropieza judicialmente y a la deliberada propuesta de iniciativas planificadoras múltiples, debe agregarse la herencia de corrupción, cultura burocrática y zancadillas administrativas internas que encontró el cambio de liderazgo político dentro del Indert (y, por cierto, también fuera de él).
La promesa de realización del Catastro Nacional, anunciada por
Lugo, en su campaña, continuó en un profundo y deliberado olvido. A la derecha le interesa mantener la mayor confusión posible en los lindes de las propiedades[8] y en estos dos años no se volvió a hablar del tema.
Otro obstáculo interno fue —en general— la desorganización de los trabajos emprendidos por el gobierno, lo cual pudo deberse a la inexperiencia en el poder, o directamente a la incompetencia de muchos funcionarios y funcionarias puestos/as en cargos que “les quedaban grandes”.
Un factor de importancia decisiva es, según el decir del propio ex titular del ente, “El INDERT está inficionado de punta a punta por la corrupción” (idem). Además, —siempre según testimonio de la misma fuente— “cuenta con un personal con una cultura burocrática tremenda y opuesta a los cambios” (idem). Los problemas por pujas de poder interno dentro del ente se sucedieron sin pausa, debido —entre otras cosas— a los relevos impuestos por el mismo Alderete[9], quien además señaló “al entrar al INDERT se logró cambiar las direcciones departamentales y las gerencias principales. Se logró la reducción al mínimo de la famosa reventa de derecheras, incluso antes había escribanos que legalizaban esto, y ahora ya no lo hacen, o se cuidan mucho de hacerlo”. Puede verse cómo cualquier cambio en esa cultura burocrática produce reacciones en los grupos internos de poder enquistados a lo largo de varias administraciones.
Por otro lado, no todas las instituciones se comprometieron con la Cepra. Así por ejemplo, el MAG aportó poco, pareciera que no tenía interés por este programa, dado que el MAG tiene un modelo distinto a la agricultura familiar campesina, consistente en entregar cheques a comités de productores y productoras. Eso no es agricultura familiar campesina; eso es una caricatura de la agricultura familiar campesina, dada la insustentabilidad y la dependencia que la misma genera. Esto podría cambiar durante el 2011, a partir de la iniciativa del vice ministerio de Agricultura a cargo de Andrés Wherle, dado su mayor conocimiento y afinidad con el funcionamiento de la sociedad campesina.
Por lo tanto, los dos ejes centrales de la reforma agraria, acceso a la tierra y asistencia, tuvieron un desarrollo dispar: el primero no avanzó nada, tuvo demasiadas limitaciones, y el segundo, avanzó un poco más, se consiguió asistencia técnica para volver sostenible la agricultura, pero tampoco en el nivel deseado. Esto se debió a que, de parte de los sectores conservadores del Parlamento, eliminaron a CEPRA del Indert (pese a los recursos que tiene, porque cuenta con los que pagan las personas beneficiarias). También fue eliminado por el Parlamento, el pequeño recurso que estaba previsto para ser utilizado para garantizar reuniones en las bases en los departamentos, orientadas a coordinar acciones, establecer planes, reunirse mensualmente para hacer evaluaciones sobre la marcha del proceso con las distintas instituciones, también para adquirir móviles, combustible, viáticos para el funcionariado. En síntesis, el Parlamento excluyó del presupuesto a Cepra. Como consecuencia, tuvo un impacto ínfimo, si bien logró mantener reuniones quincenales con los ministerios, instalar en sus estructuras organizativas un programa pequeño especial de Cepra, pero no fue posible avanzar mucho más debido, como se dijo, a su escaso presupuesto.
4.4 Obstáculos de carácter económico financiero
No caben dudas acerca de la existencia de una gran cantidad de dificultades económicas que el gobierno debió afrontar en términos generales por el pertinaz boicot que sobre temas presupuestarios y financieros ejerció el Parlamento; durante el año, fueron las políticas sociales las más afectadas por esta actitud corporativa de la oposición. Pero tampoco es menos cierto que la política económica del gobierno, al ceñirse estrictamente a las recomendaciones emanadas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros multilaterales[10], no hizo sino adoptar una posición defensiva ante los desafíos que exigía una nueva conducción económica.
En materia de reforma agraria y desarrollo rural, los obstáculos específicos fueron varios:
- Para personas conocedoras del tema, hoy la única forma viable de acceso a la tierra para la reforma agraria es la compra a precios de mercado, a través de una licitación pública en que interviene la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), procedimiento no solo engorroso administrativamente, sino imposible presupuestariamente.
- A su vez, la compra directa de tierras solo se puede dar en ocupaciones o asentamientos que tienen más de 8 años y cuyo dueño haya perdido la esperanza de recuperar y quiera vender. La licitación no es adecuada, nadie quiere vender su tierra por el valor que la ha adquirido. En algunas licitaciones no se presentó nadie y se declararon desiertas. No se quiere vender al Estado porque paga poco, y además los dueños y las dueñas oferentes tienen que estar al día en el pago de sus impuestos y otros gastos administrativos. Prefieren vender a cualquier persona extranjera que paga mucho más.
- El Indert adolece, aunque ya desde hace mucho tiempo, de falta de recursos para movilidad. Para la compra de tierras primero debe tasarlas, acto a cargo del Departamento de Tasaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el cual durante un largo período estuvo intervenido por irregularidades en tasaciones para la SAS (hasta julio de 2009).
- • Cuando se crea la Cepra, no se le asignan fondos especiales, sino que debe operar con los presupuestados en cada institución que la integran. Ese fue un problema, porque las diferentes reparticiones de gobierno no tenían rubros para los asentamientos. Algunas de ellas hicieron grandes esfuerzos para colaborar con la Cepra, principalmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), durante la administración de Luis Llano, el MOPC, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), pero otras simplemente no lo hicieron, porque no tenían fondos o voluntad.
- Los obstáculos financieros se vuelven más difíciles de remontar si se considera que el Ministerio de Hacienda solo transfiere el 5 % del 80 % del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias (Imagro) que por ley debe transferir al Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), dependiente del Indert. De esta manera, el Fides, que tiene a su cargo la compra de tierras y la realización de obras de infraestructura, no cuenta con fondos para encarar debidamente la reforma agraria.
- El Senado modificó en parte el destino de un crédito de US$ 100 millones del Banco Mundial, recortando US$ 20 millones del Indert, destinados a la compra de tierras para la reforma agraria.
4.5 Dificultades de orden social
Solo se apuntan dos de ellas, que han sido de crucial importancia para dejar abandonada la bandera de la reforma agraria por parte del nuevo gobierno:
- La falta de unidad en las organizaciones de quienes hubieran sido los principales beneficiarios de un programa de reforma agraria y desarrollo rural: el campesinado.
- Las disidencias tempranamente manifestadas entre organizaciones campesinas restaron fuerza y capacidad de negociación. En consecuencia, hubo muy bajo acompañamiento de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil a las tímidas acciones que, en un momento, intentó el gobierno.
5. Recomendaciones
Las recomendaciones de carácter técnico carecen, al momento, de importancia en cuanto a su viabilidad, hasta que el gobierno no asuma una decisión política de dar los primeros pasos hacia la desconcentración de la tierra, la reforma agraria y el desarrollo rural. Sin esta decisión, cualquier recomendación sería inútil.
Se reconoce el papel que en esta dirección juega el Congreso, constituido mayoritariamente por personas vinculadas a los intereses latifundistas y de las empresas agroexportadoras. No obstante, hay acciones que pueden implementarse independientemente del Congreso.
Una de ellas y quizás por el momento la única, que tendería a paliar en algo la creciente pobreza rural, es potenciar programas y proyectos que manejan diferentes reparticiones gubernamentales, financiándolos debidamente, en especial el MAG, sobre todo en el Vice Ministerio de Agricultura, el principal de cuyos programas es el Programa Nacional de Producción de Alimentos.
El Gabinete Social, la SAS y el Indert se encuentran también desarrollando programas que podrían redundar en beneficio de esa creciente masa de campesinos y campesinas sin tierra y de aquellos y aquellas que poseen menos de 20 ha que van camino a la descampesinización.
Es importante que todos estos programas y proyectos gubernamentales contemplen la especial discriminación de las mujeres campesinas en cuanto a su acceso a la tierra, título de propiedad, créditos agrícolas, educación, participación en las organizaciones campesinas, que tengan en cuenta su tradicional rol reproductivo y la violencia de género a que están expuestas.
Bibliografía
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Comité DESC 2007 observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Paraguay. Ginebra, 3 de diciembre de 2007. Catalogado en Naciones Unidas como E/C.12/PRY/CO/3.
Martens, Juan 2009 “Paraguay: ley y proceso penal, instrumentos de persecución a militantes sociales” en: Palau, Marielle (coord.) 2009 Criminalización a la lucha campesina. Asunción: BASE-IS.
Martens, Juan 2010 “Propuesta de democratización al acceso y propiedad de la tierra” en: Palau, Tomas, Martens, Juan y Riquelme, Quintín. 2010. Reforma Agraria es Desarrollo Nacional. Asunción: BASE-IS.
Palau, Marielle (coord.) 2009 Criminalización a la lucha campesina. Asunción: BASE-IS.
Palau, Tomas et al 2010 Reforma Agraria es Desarrollo nacional que beneficia a todos y todas. Asunción: BASE-IS.
- Entre 1974 y 2000 (26 años) la soja pasó de 40 000, a 1 millón de hectáreas. Entre 2000 y 2009 se llegó a 1 millón 600 000 hectáreas. Esto es, en 9 años casi duplicó el área de siembra alcanzada en un cuarto de siglo. ↑
- El coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad en la distribución, siendo el valor 0 la igualdad total y el valor 1 la máxima desigualdad. ↑
- Todavía no se había creado el Movimiento 20 de Abril cuyo principal referente es López Perito. ↑
- Los datos de este apartado referido a los Obstáculos para la RA fueron extraídos de fuentes periodísticas y de entrevistas realizadas por el autor. ↑
- Por otro lado, se dieron persistentes dificultades para recibir las transferencias de recursos del Ministerio de Hacienda y del MAG. “El Ministerio de Hacienda quiere dar la impresión de que consigue recursos para los diferentes sectores, pero h a y dificultades para disponer a la hora de ejecutar”, según manifestó Alberto Alderete en entrevista realizada por el autor en el mes de julio. ↑
- “Habíamos detectado tierras irregulares en Caaguazú, 17.000 has; se inició el proceso que fue boicoteado por Héctor Cristaldo [referente de la Unión de Gremios de Productores] y la ARP. En Alto Paraná se detectaron 145.000 has irregulares en manos de brasileños, tampoco se pudo recuperar por las presiones en las instancias judiciales. En San Juan había brasileños que no vivían allí, que tenían entre 15 y 20 lotes, violando el Estatuto Agrario, pues no eran paraguayos, no residían allí y tenían más de un lote. Incluso algunos brasileños me demandaron por usurpación de propiedad privada, y para colmo, el fiscal dio lugar a la demanda. Y no existían títulos para esos lotes en el INDERT, tenían títulos falsos”, según reveló Alderete en la entrevista mencionada anteriormente. Un testimonio —de los varios existentes— de cómo la derecha no está dispuesta a negociar un solo palmo de la tierra dedicada a la soja o a la ganadería. ↑
- Mientras que en Brasil es del 80 % pagadero con bonos, en Paraguay se exige el previo pago al contado. ↑
- Debe reconocerse, sin embargo, el encomiable esfuerzo hecho por la CIZOSEF, en el Ministerio de Defensa Nacional, para ubicar las propiedades en los 50 km del límite territorial, considerado de seguridad fronteriza. ↑
- En octubre de 2009, por ejemplo, unos 50 funcionarios del Indert se manifestaron en contra de su titular, Alberto Alderete y anunciaron que seguirían protestando una vez por semana. Los mismos denunciaron a Alderete por mantener un mal manejo administrativo en forma arbitraria para la creación de un “Ministerio de la Reforma Agraria” y también por haber iniciado una campaña de persecución gremial contra el grupo (ABC Color, 2/10/09 “Sindicalistas del INDERT cuestionan a su jefe). ↑
- Como financiar déficits contratando más deuda externa, o negándose a echar mano de las crecientes reservas internacionales, o manteniendo altas las tasas de interés, o negándose a intervenir en el sistema financiero local y otras. ↑
