Violencia y tierra: el poder despótico de la propiedad

Revista ACCIÓN N.º 247 – setiembre, 2004. CEPAG.

Para los campesinos, históricamente marginados de todo aquello que suponga desarrollo, como vivienda, salud, educación, recreación, etc., la principal fuente de trabajo y de ingresos es la tierra. Esto se vuelve cada vez más vigente a medida que los mercados de trabajo urbanos se saturan^[1], a medida que las exigencias de ese mercado laboral aumentan, a medida que el crecimiento demográfico se mantiene^[2], y a medida que las alternativas de la emigración regional se reducen por crisis económicas más o menos generalizadas, o a medida que la superficie de tierra de la que disponían —de por sí escasa— se reduce aún más por transferencias a la agricultura empresarial para el cultivo de la soja transgénica, o a empresas extranjeras que las adquieren en grandes cantidades.

Los datos del Censo agropecuario de 1991, el último dato en que apoyarse (el Censo que hubiera correspondido al 2001 no se hizo, según el MAG por falta de fondos^[3]) mostraba ya en ese entonces un panorama crítico:

Fuente MAG – Censo Agropecuario 1991*

*Elaborado por el proyecto TCP/FAO/PAR/4552, Asistencia Técnica al IBR

Puede presumirse, con toda seguridad, que esta situación ha empeorado en los últimos 13 años para la agricultura campesina.

Un dato más reciente, de fuente oficiosa, pero fidedigna, señala que la región Oriental del país tiene aproximadamente 15 millones de hectáreas; de ellas, 10 millones están en manos de grandes propietarios dedicados en su abrumadora mayoría a la ganadería extensiva (0,7 cabezas de ganado por hectárea), algo como 1.8 millones corresponden a la agricultura campesina, 2.5 millones a propietarios agrícolas mecanizados y el resto se reparte entre ciudades, pueblos, cursos y espejos de agua, y otros. Esto es solo región Oriental, la Occidental está aún mucho más concentrada.

Es evidente que el pequeño grupo de grandes propietarios (en especial aquellos con más de 5.000 has) no aceptará de buena gana desprenderse de parte de sus tierras (según aquella fuente, entre el 25 % y el 30 % de las grandes propiedades tienen tierra agrícolamente apta, o sea, entre 2.5 y 3 millones de hectáreas). La afectación de una porción de las mismas permitiría al menos duplicar la tierra que hoy ocupa la agricultura campesina y solucionar, sin más trámites, esa demanda insatisfecha.

Ante la situación planteada más arriba, los campesinos han empezado tibiamente, aunque de manera sostenida desde hace unos dos años, a plantear, por los canales administrativos correspondientes (principalmente IBR, ahora INDERT) y a través de movilizaciones muy organizadas y pacíficas, la necesidad de que les sean adjudicadas tierras. La respuesta del gobierno ha sido invariablemente escuchar-prometer— incumplir.

Durante el ciclo agrícola 2002/3 se produce la muerte por intoxicación con Roundup de un niño en Itapúa; en el ciclo agrícola siguiente, dos campesinos son baleados en Ypekuá, Repatriación. Se empiezan a dar ocupaciones en diferentes puntos, cierre de rutas, bloqueo a que tractores de la agricultura de la soja realicen sus labores. Paralelamente, los grandes propietarios financian grupos de autodefensa armada, las transnacionales presionan al gobierno para la adopción de semillas genéticamente modificadas, el gobierno las atiende y se despreocupa de la suerte campesina.

Ante la inacción gubernamental, ya en 2004 se forman, en al menos cuatro Departamentos, las Coordinadoras Departamentales por la Defensa de la Vida y la Soberanía, que agrupa ya no solamente a campesinos, sino a otros sectores: trabajadores, maestros, religiosos, intendentes, ciudadanía en general, hasta que en junio estas coordinadoras departamentales se federan en una Coordinadora Nacional, que al poco tiempo se integra con otras coordinaciones existentes (la Plenaria Popular Permanente, Federaciones Sindicales como la CNT y la CUT-A, la MC- NOC) y constituyen en julio, el Frente Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía.

Desde mediados de julio, las invasiones se multiplican y el tema salta como primera prioridad a la tapa de los medios de comunicación. El problema está instalado en la agenda política.

Los sectores conservadores, principalmente la ARP y la prensa empresarial, adoptan una actitud claramente retrógrada, negándoles a los campesinos el derecho constitucional a la protesta y a la reivindicación de sus aspiraciones legítimas.

Esta parte final de la larga historia de las luchas entre la oligarquía terrateniente y el campesinado, está mostrando una verdad que viene siendo ignorada por las elites políticas y económicas: es preciso un cambio de modelo económico, es preciso implementar una reforma agraria, sin desarrollo rural no hay desarrollo nacional, la orientación primarioexportadora de soja no trae ningún beneficio al país. Ante la cada vez mayor evidencia de esta situación, la oligarquía reacciona, la Monsanto presiona, los sojeros siguen expandiéndose y el gobierno se ve acorralado. Es que no le quedan muchas alternativas: o realiza los cambios del modelo de modo a convertirlo en más inclusivo socialmente, o reprime.

Por cierto, si se analizan las demandas, se ve que la lucha se ha radicalizado en el sentido de las exigencias: por un lado, des criminalizar la lucha social (suspender procesos judiciales que afectan a casi un millar de campesinos; no efectuar nuevos desalojos), por otro, no solo repartir tierra y parar las privatizaciones, sino encarar una reforma popular del Estado, una reforma agraria en serio, encarar la reactivación productiva y económica del país, el respeto al derecho de los trabajadores, el no uso de semillas transgénicas y de agrotóxicos prohibidos, defender los recursos naturales, reformar la banca pública a favor de los productores, aplicar tarifa social a servicios básicos y otras.

Puede apreciarse que las demandas campesinas y de los trabajadores del Frente apuntan al meollo del modelo neoliberal. Este modelo considera “invasores” a los que ocupan tierra para trabajarla, reverencian la “propiedad privada” más allá de la función social que debe cumplir. El neoliberalismo busca privatizar todos los bienes públicos, para lo cual propugna una reforma del Estado made in Washington, aplica solo medidas monetarias y no económico-productivas, pretende expoliar nuestros recursos naturales, busca eliminar la banca pública de fomento, protege a sus transnacionales, busca dejar librada a las “fuerzas del mercado” las tierras.

Se llegó así a un punto en que la violencia social ejercida por el control casi monopólico sobre la tierra, muestra en carne viva las heridas infligidas a los excluidos: hay hambre y no hay trabajo ni tierra, hay deseos de mantener la dignidad y se los fuerza a ser mendigos, hay mucha tierra para todos y se la retiene para fines rentísticos especulativos. Se plantea dialogar y se responde con indiferencia o con represión. Se plantea razonar sensatamente y se reacciona histéricamente. Se plantea hacer un país para todos y se agacha la cabeza ante los poderosos.

El gobierno parece no ver que vamos directo al caos social y a la represión como método para saldar cuentas. Esta miopía nos va a costar caro, a todos.

“Hoy en pleno siglo veinte nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra”. Gabino Palomares. “La maldición de Malinche”.

1. En el caso paraguayo, casi el 80 % del empleo es autogenerado, o sea, informal y por cuenta propia. ↑
2. La cantidad de hijos por mujer en edad fértil (Tasa Global de Fecundidad) es casi el doble en mujeres rurales que en urbanas. ↑
3. Excusa sobre la cual uno tiene todo el derecho a dudar, ya que tampoco se hace el catastro rural para el cual sí hubo financiamiento del BM, ni el IBR hizo un Censo general de colonias. Esto es, puede presumirse, una deliberada intención de ocultar aspectos sensibles de la realidad agraria. ↑